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Cristina recargada: ahora apunta de lleno

Negocios Por Patricio Eleisegui - Fernando Gutierrez


Jueves 30 de Octubre de 2014 07:02:00


Cristina recargada: ahora apunta de lleno a la "vaca lechera" de Clarín y abre el negocio de la TV a las telefónicas


30-10-2014 El Gobierno presentó un proyecto de convergencia de las telecomunicaciones que modifica la Ley de Medios y abre el juego a que Telefónica y Telecom ingresen en el negocio de la televisión paga a través del triple Play. La finalidad es opacar a Cablevisión y quitarle "la caja" al multimedios opositor








Cristina Kirchner lo hizo de nuevo. En una sola jugada, marcó la agenda política con un flamante proyecto de reforma regulatoria en un área sensible, estableció una nueva amenaza al multimedios Clarín -esta vez en sus negocios de TV cable y de Internet- y "corrigió" un obstáculo de la ley de medios que le impedía a Telefónica competir en el negocio televisivo.

La iniciativa, como muchas de las que el Gobierno ha ideado para incrementar su injerencia en la actividad privada, tiene un "packaging" que la hace defendible desde un tamiz político "progresista".


El hecho de que el acceso a los avances tecnológicos sea asimilado al concepto de "servicio público", da el pie para que desde la autoridad regulatoria se argumente que las redes existentes no puedan considerarse de uso exclusivo de las empresas que las crearon, sino que deben estar compartidas por la competencia.

De hecho, el ministro de Economía, Axel Kicillof, destacó que el ánimo que persigue el nuevo proyecto es la eliminación de los oligopolios que actualmente se verifican en telefonía, TV e Internet.

"Cuando uno ve todos esos mercados, lo que encuentra es que para telefonía móvil hay tres compañías; para telefonía fija hay tres compañías; para banda ancha, hay tres compañías, y para cable, dos compañías (...) esta ley buscará desarticular esos oligopolios", afirmó.

Y recordó que en los últimos tiempos hubo "un crecimiento exponencial de la facturación de las empresas de Internet, cable y telefonía móvil".

A los loables objetivos de democratizar el acceso a la tecnología y de impedir prácticas monopólicas, los funcionarios le sumaron otro argumento difícil de rebatir: el marco legal quedó obsoleto ante el avance tecnológico.

"No puede ser que una ley de 1972 sea la que regule a Internet y a los teléfonos celulares, que hace 40 años no existían", indicó el titular de Hacienda.

Pero a los pocos minutos del anuncio oficial ya había ocurrido lo obvio: empezaron a circular los análisis que le atribuían a este proyecto una intencionalidad política, a tono con la guerra entre el Gobierno y el grupo Clarín.

"Sólo agregan más confusión a algo que ya es un desorden fenomenal", apuntó Alejandro Pereyra, un abogado especialista en comunicaciones, vinculado al Frente Amplio Progresista.

Para este analista, el nuevo proyecto aumentará la discrecionalidad del Gobierno y, además, decreta en los hechos que "no existe más la ley de medios".

Este punto fue refrendado por Gerardo Milman, representante opositor en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), para quien el resultado directo de la iniciativa oficial será que Telefónica pueda permanecer en el negocio televisivo, algo que le está vedado según la ley de Medios.

Lo que avizora, es un largo debate que, posiblemente, no termine sino que recién empiece con la aprobación de la ley. En el ámbito periodístico ya se da por descontado un destino de "judicialización" del tema.

Jugada K: ganadores y perdedores
En lo que puede leerse como el final de una gran batalla -y el inicio de otra-, el marco legal que ahora busca aprobar el kirchnerismo habilita el avance sobre un punto clave que abre un millonario negocio.

Más aun. Es un cambio reclamado durante al menos siete años por varios de los "peso pesados" del sector de las telecomunicaciones: la luz verde para que las telefónicas, finalmente, puedan dar televisión.

En ese sentido, el proyecto de ley -a través de la llamada convergencia- lo que hace es abrirle la puerta a este nuevo negocio a Telefónica y Telecom que, durante largos años, se mantuvieron a la espera de poder brindar triple Play (telefonía, TV e Internet).

Este "freezer" fue en parte producto de la fuerte presión de Cablevisión y de los cableros del interior de la Argentina.

Para Martín Becerra, reconocido especialista en comunicación, "el proyecto se parece mucho a una ley de convergencia reclamada por distintos sectores cuando se aprobó la ley audiovisual".

El analista destacó que la iniciativa oficial "es muy blanda con las condiciones que deben cumplir las telefónicas para dar servicios audiovisuales".

Además, expuso que según el texto, "lo único que deben hacer las ‘telcos' para poder avanzar en este nuevo negocio es tener la contabilidad separada y no ser ‘anticompetitivas'".

"Si se fuera más riguroso con ellas, se podría exigir que haya primero competencia en su mercado antes de pasar al audiovisual", sostuvo, para luego añadir que "el proyecto habilita a Telefónica de España a contar con Telefé y armar redes de tv por cable".

Becerra señaló, además, que según el proyecto "también los licenciatarios audiovisuales podrán brindar servicios de telecomunicaciones". Sin embargo, ese es un "permiso legal con muy escasa probabilidad de concreción en el corto plazo, por la escala económica de unos y otros".

En el sector, destacan que la iniciativa del Gobierno también puede ser leída como un guiño para el fondo Fintech, que hace unos días comunicó la compra de una porción minoritaria (17%) del paquete accionario de Telecom Argentina y que ahora irá por más.

La porción mayoritaria equivalente al 51% de Sofora, propiedad de Telecom Italia, será adquirida cuando obtenga la autorización de la Secretaría de Comunicaciones. Todo indica que este paso se hará efectivo en los próximos meses.

Paradójicamente, este fondo es socio del Grupo Clarín en Cablevisión pero siempre mantuvo afinidad con el Gobierno. A tal punto que en plena pelea por la Ley de Medios, informó que estaba dispuesto a vender su participación en la empresa de cable.

Cabe recordar que el empresario mexicano David Martínez, dueño de Fintech, dio muestras de sus buenas relaciones con el Gobierno cuando, en diciembre de 2012, visitó a Martín Sabbatella, titular de la AFSCA, para expresarle su voluntad de adecuarse a la mencionada ley.

Con posterioridad a ese encuentro, Martínez confirmó al funcionario que había hecho una oferta por Telecom y le recordó que el futuro de esa operación estaba sujeto a la autorización del Estado argentino.

Para Enrique Carrier, titular de la consultora homónima, la iniciativa del kirchnerismo se destaca por presentar notables "claroscuros".

"En esencia, contempla una convergencia que abarca a todas las redes, lo que podría favorecer una mayor competencia. Pero, por otro lado, mantiene una superposición con varios puntos de la Ley de Medios vigente", remarcó a iProfesional.

"Queda claro que las telefónicas ahora podrán desembarcar en el mercado de la televisión, pero nada se dice de la imposición de licencias como sí pesa sobre Cablevisión", aseguró.

En la visión de Carrier, esto avance significa, sin lugar a dudas, un daño colateral no menor para el Grupo Clarín.

El experto detalló que habrá una licencia de comunicaciones vigente para todo el país. Sin embargo, para empresas como Fibertel, rigen trabas para que no pueda operar de modo ilimitado en toda la Argentina.

"Se trata de un contundente aval para la imposición del Triple Play, algo largamente reclamado por las operadoras de telefonía. Con todo esto se apunta que Telefónica y Telecom puedan darle pelea a Cablevisión", enfatizó Carrier.

Por ahora, existen algunos interrogantes, como por ejemplo, cómo podrán competir los cables más chicos del interior del país bajo este nuevo marco.

Asimismo, el Gobierno nuevamente hace la vista gorda con la operatoria de DirecTV en la Argentina. Los cableoperadores vienen denunciando de forma sistemática que esta compañía no cumple con las disposiciones legales, como contar con un canal propio en el país, y que recibe beneficios del Ejecutivo.

Tampoco tributa determinadas tasas, no respeta normativas sobre publicidad oficial y, además, goza del monopolio de la transmisión por aire sin restricciones, mientras que, por otro lado, las compañías de cable deben pelearse por tierra.

Es decir, denuncian que una gran cantidad de pequeñas empresas que ofrecen en el país el servicio por cable no pueden sobrepasar una determinada cuota de mercado y están acotadas en su crecimiento por la propia Ley de Medios.

Esas restricciones no se aplican a Direct TV, que crece por aire al amparo oficial e, incluso, puede aumentar tarifas sin mayores impedimentos legales ni regulaciones.

Por último, Carrier se refirió al ítem que establece que los "propietarios" de infraestructura deben permitir a otras empresas su uso para llegar al hogar del usuario.

Es decir, sobre su propia inversión en cableado.

"Para quienes hicieron las inversiones en infraestructura esta disposición es un auténtico golpe, porque les tienen que posibilitar a otros hacer negocios. Habrá que ver si, de ahora en adelante, las compañías que hicieron el desarrollo y pusieron plata para el tendido de fibra óptica seguirán efectuando desembolsos", disparó.

Telefónica puede ir por Telefé
Milman afirmó que el proyecto "habilita a que Telefónica sea propietaria de Telefe".

El artículo 9 permite este avance, porque "deroga el inciso d del artículo 25 de la Ley de Medios que establecía que las empresas de servicios públicos básicos no pueden ser titulares de empresas que regula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", explicó.

El directivo de la AFSCA por la oposición criticó al organismo porque "hizo un uso discriminatorio de los distintos proyectos de adecuación a la Ley de Medios esperando modificar la normativa y eso es lo que ocurre ahora".

Más controversias
El proyecto que el Gobierno elevó al Congreso tiene tres puntos clave que, según los cableoperadores, afectan directamente a la viabilidad del negocio de los proveedores de contenidos audiovisuales bajo esa tecnología:

1. Por un lado, defiende la neutralidad de la red, un principio que prohíbe a los operadores de Internet discriminar precios en función del tipo de contenidos. Aunque a primera vista suena deseable, lo cierto es que hay proveedores de contenidos que ocupan mucha más red que otros.

En ese aspecto, hay que destacar el caso de Netflix. Según trascendió, en países como Estados Unidos, la única forma que han tenido las operadoras para garantizar el ancho de banda necesario para la emisión de sus videos es cobrándole un precio diferencial. El marco que se buscará aprobar no permitiría el cobro de ese plus.

2. Asimismo, obliga a que las operadoras tengan que poner su red a disposición de terceros a cambio de un precio fijado por el Gobierno.

"Si bien perjudica a las empresas de telecomunicaciones, porque regulan los precios, a quien más afecta es a las compañías de cable, porque habilita a las operadoras de telefonía dar video", dijeron fuentes del mercado.

3. Según la misma fuente, el proyecto va en contra de la industria: "De concretarse, llevaría al colapso de las telecomunicaciones, así como sucedió con la red eléctrica".
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