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Denuncian penalmente a De la Sota

Denuncian penalmente a De la Sota por "extorsión" a inundados




El MST acusa que, para recibir ayuda, los damnificados por el temporal deben abstenerse de futuros juicios contra la Provincia.
Luciana Echevarría y Raúl Gómez, referentes del partido MST Nueva Izquierda, presentarán ante la Justicia una denuncia penal contra el gobernador José Manuel De la Sota y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini.
Los denunciantes señalan que los funcionarios provinciales cometieron el delito de "extorsión" y "abuso de autoridad", en el marco de las medidas tomadas por el Gobierno Provincial luego del temporal que azota a Córdoba desde el 15 de febrero.
Días atrás, vecinos de las Sierras Chicas denunciaron al Ministerio de Desarrollo Social provincial por condicionar la entrega de ayuda (subsidios económicos y el kit de electrodomésticos) a los afectados a cambio de la firma de un acta acuerdo en la que aceptaban que “nada más tienen que reclamar” al Gobierno de Córdoba. (Ver: Vecinos denuncian como extorsiva una cláusula para recibir ayuda




El documento en cuestión señala: “El Ministerio: en función de la situación soportada por ‘el beneficiario’ y generada por los fenómenos naturales Sierras Chicas, asume el compromiso de gestionar una ayuda económica mensual a favor del mismo de $2500 a contar desde el mes de febrero del corriente año y por un plazo de 180 días (…) ‘El beneficiario’ manifiesta que comprende perfectamente el acto que está otorgando, y que nada más tiene que reclamar al Ministerio de Desarrollo Social”.

Luciana Echevarría, representante del MST, explicó: “Presentaremos documentación contundente en la que se demuestra que el gobierno provincial y el ministerio que conduce Passerini extorsionaron a los vecinos aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de cordobeses, a raíz de la destrucción ambiental impulsada por el propio gobierno. Que le hicieran firmar una declaración jurada renunciando al derecho a denunciar al gobierno es una extorsión clara, además de ser un delito demuestra hasta dónde pueden llegar los viejos políticos.”
La única respuesta oficial al respecto fue la del vocero de Desarrollo Social, Juan José Antonelli, quien declaró al diario La Mañana de Córdoba que se trata de una "cuestión de forma" y que "el cien por ciento de las personas lo han firmado, y está de acuerdo con firmarlo”.
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