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Derechos Humanos contra el Nuevo Código Procesal Penal

ONG de Derechos Humanos han criticado la reforma del Código Procesal Penal que llevará a votación el gobierno nacional, según ellos la reforma perjudica el derecho de los presidiarios y de los pobres.



"La nueva reforma fascista empeorará la situación a muchos marginados sociales" afirmó Miguel Nesci, integrante de la ONG Libertad y Democracia. También afirma que perjudicará a los marginados que porten armas de fuego para defensa personal y cacería, base de su subsistencia". La reforma implicará juicio por jurados, fiscales ordenarán detenciones y acusaciones (hasta ahora solo lo hacían los jueces), y menor tiempo de juicios.


El órgano de difusión del Ministerio de Justicia de la Nación informó cómo será el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para modificar el Código Procesal Penal nacional. Al respecto, advirtió que las investigaciones no podrán durar más de un año, el proceso tendrá menos formalidades, el juez dejará de investigar y habrá juicios orales rápidos y filmados. La idea es recoger cuatro principios madre: celeridad, oralidad, publicidad y 'desformalización'.

La difusión de estos cambios se dio a conocer anoche a través de la agencia INFOJUS, luego del discurso de la presidente Cristina Kirchner, que anunció el inminente envío del proyecto al Congreso.

Un tema sensible para la sociedad son las excarcelaciones durante el proceso o luego de la condena. Al respecto, dice el portal: "En caso de que se dicte la prisión preventiva existirán plazos de revisión de la medida cautelar". Para ello, se diagramará un catálogo de medidas distintas al encarcelamiento para poder garantizar que el imputado esté "a derecho". Además, "se creará una oficina dedicada al control de estas medidas", aseguró, al tiempo que en una audiencia en la que podrán intervenir las víctimas se resolverá si un preso condenado egresa de la cárcel.

En otro orden, el nuevo código "prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos". Asimismo, "adopta un modelo de justicia acusatorio: el fiscal investiga, el defensor defiende y el juez resuelve". El código actual es criticado porque los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver.

De acuerdo al texto que difundió esa repartición informativa estatal, se prevé que "ningún proceso podrá durar más de tres años" y se buscará "agilizar la revisión de las decisiones".

"Reconoce la tutela judicial de la víctima e incorpora la participación de la ciudadanía en el proceso de administración de justicia a través de jurados, que tendrán que ser regulados mediante una ley especial", indicó.
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