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Desalojo de la Departamental policial

PINAMAR, LUEGO DEL HOSPEDAJE A POLICÍAS QUE NO LLEGARON

Desalojo de la Departamental policial por no pagar el alquiler


Pinamar ya quedó en ridículo y bajo revisión cuando se supo que había pagado un hospedaje de 80 efectivos policiales que nunca llegaron para reforzar la seguridad en el municipio. Ahora, el tema es el eventual desalojo de la Departamental XIII porque no paga el alquiler de predio que ocupa. Y el incumplimiento se remonta a enero de 2013. El Municipio de Pinamar desconoció el contrato desde que lo suscribió, en enero del 2013. El juicio de desalojo tiene dictámenes favorables de la jueza de Paz, Silvia Gugilielmetti, a quien las autoridades le niegan la competencia. La fiscalía de Villa Gesell ya investiga el pago de hospedaje a 80 efectivos que no llegaron El concejal K, Juanjo Dos Santos, en el ojo de la tormenta desatada por una nota de Urgente24.
03/11/2014|09:47

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Concejal Pedro Elizalde, 5to. intendente de Pinamar, en 6 años... y los escandalos por corrupción no cesan junto al Atlántico. Detrás de Elizalde, la foto de Blas Altieri, el 'capo' del municipio.






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por DANIEL BILOTTA
 
PINAMAR (Especial para Urgente24). Mientras la fiscalía de Villa Gesell investiga la contratación y pago de hospedaje para 80 efectivos policiales que nunca llegaron, la Departamental XIII de Pinamar puede ser desalojada del inmueble que ocupa por incumplimiento del contrato de alquiler desde que fue suscripto, en enero del 2013.
           
Las autoridades municipales son las únicas en condiciones de explicar el evidente desatino en la asignación de recursos para el área de Seguridad con un gasto de $152.000 entre mayo y agosto por un servicio de hotelería que no fue utilizado en ese período, mientras en simultáneo desconocieron la obligación contraída por un total anual de $72.000 asumida para proveer de un edificio a los 159 efectivos que se desempeñan en esa delegación policial, ubicada en Alem y Colón, Ostende.
           
Ángel Damiani es una figura clave para descubrir la lógica que podría vincular esas operaciones inmobiliarias concretadas por el Municipio. Así lo entendió el concejal (UCR) Lucas Ventoso al citarlo en la denuncia presentada en su contra, como la de otros, por presuntas irregularidades en el alquiler de “El Dorado”, de Mar de Ostende.     
 
También el fiscal de Pinamar, Juan Pablo Lozano, al excusarse porque su asesora letrada es su pareja, Ximena Soledad Fiad.  También porque el actual secretario de Gobierno y Seguridad ocupaba la cartera de Hacienda al momento de ser suscripto.  
           
Pero, además, porque fue quien autorizó la erogación de las partidas presupuestarias necesarias para llevarla adelante y por haber acompañado con su firma el Decreto N°711/14 firmado el 11 de abril  por Pedro Elizalde para declarar la operación de Interés Municipal y habilitar así el proceso de adjudicación directa.
           
Elizalde lo hizo entonces como jefe transitorio del Departamento Ejecutivo por una licencia pedida por su titular, Hernán Muriale, y acaso sin imaginar que solo cuatro meses después  lo reemplazaría en forma efectiva. Después de  la renuncia que se vio forzado a presentar a la Intendencia el 31 de agosto.
           
Fue cuando trascendió la depredación de médanos para abrir una avenida frente a lotes del fideicomiso “Valeria”, integrado por su esposa, Paula Pittbblado, y Francisco Altieri, hijo de Blas, y a quien Muriale debió reemplazar tras su destitución en el 2012.
 
Decretos
 
Con el Decreto N°976/14, Muriale fue quien ratificó el alquiler del hotel el 19/04.  Esta confirmación provoca el interrogante sobre la utilización de un recurso excepcional que le permite a los intendentes eludir al Concejo Deliberante por razones de fuerza mayor.  
 
En los ocho días que median entre uno y otro, se habrían firmado otros 265. La asesoría  Legal y Técnica está obligada a llevar un registro numérico y cronológico de los emitidos. Tal  vez Roberto Omar Baena, su responsable, esté cayendo ahora en la cuenta de que podría verse más seriamente involucrado y pase a experimentar entonces la sorpresa e incredulidad de vérselas personalmente con Eduardo Elizarraga.
           
El fiscal de Villa Gesell en persona se presentó el 23/10 en el Municipio para pedir copia del expediente  N°4123-1202//2914, correspondiente a la contratación de “El Dorado.” La ausencia de Elizalde, quien pactó esa mañana una sugestiva agenda de audiencias en la ciudad de Buenos Aires hizo que Damiani, visiblemente incómodo, fuese el encargado de atenderlo y proporcionarle la documentación exigida.
           
El comisario inspector Jorge Ramón Galeano es otro de los involucrados en la denuncia que investiga Elizarraga. La nota enviada el día 09/04 al entonces secretario de Gobierno, Juan José Rodríguez, fue la que habilitó el inicio de ese expediente cuando ya hacía 4 meses que el Municipio adeudaba el pago por el alquiler del edificio donde funciona la Departamental.
            
Así como se desconocen gestiones formales de Galeano para  reclamarle al Ministerio de Seguridad bonaerense por los 80 efectivos que justificaron la contratación pero que nunca llegaron, tampoco existen constancias  de alguna intervención para que el Municipio haga efectivo el cumplimiento del contrato por la propiedad donde se encuentra la oficina en la que desenvuelve sus tareas.
           
Jorge Orlando Martínez no ha pedido hasta ahora la intervención de la fiscalía y confía en que los dictámenes favorables de la jueza de Paz de Pinamar, Silvia Guglielmetti, alcancen para llevar adelante el desalojo por incumplimiento que reclama desde junio pese a las maniobras dilatorias para cumplir la sentencia que atribuye a los abogados comunales.
           
Martínez es el letrado de los herederos de la propiedad, cuyos dueños han fallecido. También uno de los más extrañados por la endeble defensa ejercida desde el Municipio, quien insiste en desconocer la competencia de Guglielmetti para intervenir en el asunto cuando en el convenio la designó como sede judicial donde dirimir eventuales litigios.
 
Sin paz
    
Si bien las designaciones en los juzgados de Paz son atributo del Consejo de la Magistratura provincial sobre ternas propuestas por el Senado bonaerense, el Ejecutivo suele estar atento a las sugerencias que le hacen llegar en ese sentido por los poderes políticos locales. Si hacía falta confirmar la declinación de Altieri, Guglielmetti aporta un nuevo elemento de juicio.
           
El ex intendente no se resigna fácil y con una nutrida delegación de dirigentes del MUPP (Movimiento Unidos por Pinamar) intentó acercarse a Daniel Scioli durante la visita que efectuó a Pinamar el sábado 11/10 para  la entrega de patrulleros.
 
Al grito de “¡Daniel!, ¡Daniel!”, Altieri intentó acercársele. La respuesta de Scioli fue lacónica pero contundente: “Ahora no puedo Blas, estoy con el intendente”, dijo en alusión a Elizalde, con quien ingresó a un salón al que se restringió el acceso de su ex aliado. Una muestra viva de la consigna “Con fe, con coraje, siempre para adelante.”
 
Las versiones de última hora desatadas por la visita de Elizarraga al Municipio de Pinamar ubican a Juan José “Juanjo” Dos Santos en el ojo de una tormenta gestada a partir de las revelaciones efectuadas en exclusiva por Urgente 24. Al concejal kirchnerista alienado con la Korriente de Liberación Nacional (Kolina), de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, se le adjudica haber intercedido ante Muriale para llevar adelante el alquiler del hotel ubicado en Moreno 618, Mar de Ostende.
           
Lo que la volvería más terrena la habilidad para los negocios del empresario Carlos Paganini, dueño de la propiedad en cuestión y quien acercó el 04/04 una propuesta de arrendamiento: 5 días antes que el comisario inspector Galeano la solicitase y  anticipándose 1 semana a que el Municipio ordenase el acto administrativo de respuesta al pedido.
           
“El Dorado” habría sido contactado gracias al  oficio de Fons y Asociados, con oficinas en avenida Corrientes 2032 de Ciudad de Buenos Aires, y en Libertador 125 en Pinamar. La firma también intervino en la operación inmobiliaria por la que Dos Santos alquiló una casa de estilo mediterráneo en la intersección de la Calle Caracol con avenida del Mar, en esa localidad balnearia.
           
Pero, además, certificó con una escueta nota de 3 líneas dirigida a la Dirección de Contrataciones que los “$38.000 mensuales presupuestados por el alojamiento de 80 efectivos policiales es concordante  con los valores del mercado e incluso inferior al mismo”. Con la firma de  José Fons, la esquela ocupa la foja 11 en las 35 páginas del expediente municipal.
           
El contexto no es el más favorable para Dos Santos, de recorrida por medios locales para desmentir los dichos de su antigua asesora en el Concejo Deliberante, Gladys Lencina, quien lo acusó por la misma vía de haber recibido supuestas coimas para favorecer la venta ambulante sin autorización municipal.
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