Diez policías presos por el homicidio de un espía

Pedro Viale, alias "el Lauchón", murió tras recibir 11 balazos



"Ingresaron en la casa en forma violenta. No se identificaron como policías, provocando la reacción del imputado y, abusando, de su función, dieron muerte a Pedro Viale tras impactarle en su cuerpo 11 disparos de arma."

Así el juez federal de Morón Juan Pablo Salas describió, en una resolución donde procesó con prisión preventiva a diez uniformados, el operativo protagonizado por personal del grupo elite Halcón de la policía bonaerense que terminó con la muerte de Viale, un agente de la Secretaría de Inteligencia (SI), ex SIDE.

Viale, conocido como "el Lauchón", de 59 años y 36 como espía, murió a las 5 del 9 de julio del año pasado en su casa de La Reja, en el partido de Moreno, en el oeste del conurbano. Pocas horas antes, el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta había firmado la orden de detención para el agente de inteligencia en el marco de una investigación por narcotráfico.

La familia de Viale, representada por los abogados Joaquín Nogueira y Santiago Blanco Bermúdez, desde un primer momento estuvo convencida de que los policías directamente fueron a matar al espía.

En su resolución, el juez federal Salas procesó con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por abusar de su función a un comisario mayor, un comisario inspector, un subcomisario, dos oficiales principales, dos sargentos, dos capitanes y un teniente de la policía bonaerense.

Durante sus indagatorias, los policías que participaron del allanamiento en la casa de "el Lauchón" afirmaron que se identificaron como policías y sostuvieron que fue el espía quien abrió fuego contra ellos.

"La forma en que se desarrolló el operativo fue deliberadamente violenta, ello con el sólo objeto de lograr la reacción de la víctima, y amparar de tal modo en un uso de la fuerza «legal» la respuesta que terminara con la vida de Viale", afirmó el juez en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.

Para el magistrado, si bien la orden judicial era legítima y que la misma autorizaba el uso de la fuerza en caso de ser estrictamente necesario, la violencia utilizada por los uniformados no está justificada "por cuanto no medió ninguna cuestión de urgencia u orden público que la convalidara"