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Dilma, escándalo de corrupción en Brasil

La presidenta canceló un viaje a Washington en 2013 tras revelarse que Estados Unidos espiaba a su país. Ahora, las cancillerías de ambos países recomponer el vínculo




La justicia federal brasileña negó hasta ayer 11 pedidos de libertad provisional a empresarios investigados por corrupción, detenidos en el marco de la Operación Lava Jato de la Policía Federal.
Las solicitudes fueron negadas por la jueza de Apelaciones Maria de Fátima Freitas Laberrère, del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), de Porto Alegre.
En el operativo, realizado por evidencias de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras, se detuvieron a 19 personas entre el viernes y el sábado. La mayoría de los detenidos son ejecutivos de grandes constructoras, entre ellas presidentes de empresa, y también se encarceló a un ex director de Petrobras.
Otro ex director de la mayor empresa brasileña se encuentra detenido desde marzo, acusado de participar de un esquema de desvío de dinero a través de contratos con proveedores que alimentaba campañas políticas.
La presidenta Dilma Rousseff quien ayer estaba en Australia participando de la cumbre del G-20, dijo que el caso puede cambiar para siempre a Brasil al generar una nueva relación entre el Estado y el sector privado, además de terminar con la impunidad en el país. Resaltó además el hecho de que en Brasil las instituciones funcionen sin restricciones, permitiendo, así, el avance de las investigaciones.




Los ejecutivos que tuvieron sus recursos de habeas corpus negados fueron: Eduardo Emerlino Leite, director de Camargo Corrêa; Dalton dos Santos Avancini y João Ricardo Auler (vinculados a la misma constructora); Agenor Franklin Magalhães Medeiros y José Ricardo Nogueira Breghirolli (vinculados a la constructora OAS); José Aldemário Pinheiro Filho (presidente de OAS); Mateus Coutinho de Sá Oliveira y Alexandre Portela Barbosa (también vincilados a OAS); Carlos Eduardo Strauch Albero, Milton Prado Júnior y Gerson de Mello Almada (de la constructora Engevix).
Según la Fiscalía, la red de corrupción movió en los últimos años unos 10.000 millones de reales (unos u$s 3.850 millones) en sobrefacturación de obras y contratos de Petrobras, unos fondos con los que se sospecha que se pagaban coimas regulares a legisladores y partidos políticos.
En este marco, grupos minoritarios de derecha realizaron ayer protestas en varias ciudades de Brasil en contra del gobierno y en demanda de "un proceso de destitución" contra la presidenta, Dilma Rousseff, al igual que convocaron hace dos semanas. La manifestación más numerosa se realizó en San Pablo donde se concentraron unas 10.000 personas en la Avenida Paulista, principal arteria de la ciudad.
En tanto se informó que las cancillerías de Brasil y Estados Unidos están "negociando" una nueva fecha para una visita de Estado de Dilma Rousseff a Washington tras la cancelación de la agendada en octubre del año pasado a raíz de las denuncias de que Estados Unidos había espiado al país y a la propia presidenta.
Brasil exigió entonces una investigación, explicaciones y el compromiso estadounidense de que cesará el espionaje para hacer posible dicha visita.
La presidenta brasileña y su homólogo estadounidense Barack Obama mantuvieron este fin de semana durante el G-20 celebrado en Australia "una conversación bastante informal‘’ para tratar de recomponer una relaciones.
El caso de espionaje fue uno de los golpes más duros asestados a las relaciones bilaterales en tres décadas.
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