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Documentos que desarman defensa de Carrió y Clarín





La cobertura mediática al fiscal Carlos Stornelli pasó del silencio a una maniobra coordinada entre el Grupo Clarín, Elisa Carrió, el Gobierno y sectores del Poder Judicial por la cual pretenden instalar que la denuncia contra el fiscal fue organizada por ex funcionarios kirchneristas presos. Para esto, escucharon conversaciones de esos ex funcionarios cuyas transcripciones luego llegaron “de forma anónima” a Carrió, un típico truco para encubrir el origen cloacal de esos materiales. Del contenido publicado servicialmente (Verbitsky dixit) por Clarín, asumiendo que es verídico, sólo se desprende que Roberto Baratta tenía algún conocimiento de que se realizaría una denuncia en Dolores en la que intervendría un tal juez Ramos.




Atando cabos, se puede asumir que se trata de la denuncia del empresario Pedro Etchebest contra Stornelli y Marcelo D’Alessio. La cronología, sin embargo, le juega una mala pasada a esta operación encabezada por Carrió, ya que la conversación de Baratta es varios días posterior a la denuncia y a los pedidos de medidas que realizó el juez Alejo Ramos Padilla, a quien le tocó intervenir por la simple razón de que su Juzgado en Dolores tiene jurisdicción sobre Pinamar, sede de la maniobra extorsiva.




Clarín y Carrió pretenden instalar que los ex funcionarios kircheristas hicieron que Marcelo D’Alessio contactara al empresario Pedro Etchebest para pedirle coimas en nombre del fiscal Stornelli, que D’Alessio viajara con Etchebest a Pinamar y negociara el monto de su “atención” con el fiscal, que D’Alessio se reuniera con Stornelli en el balneario CR y en el mismo lugar el fiscal y el empresario extorsionado se dieran la mano para sellar el acuerdo, que hubiera dos pagos de Etchebest a D’Alessio, que el empresario grabara las conversaciones con su extorsionador y que luego lo denunciara. Todo comandado desde la cárcel donde, ahora se sabe, eran escuchados gracias a una turbia maniobra judicial.








La operación mediática del dúo Clarín-Carrió no cambia un ápice de lo que reveló Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, es decir, el pedido de dinero a cambio de favores judiciales de Stornelli al empresario Etchebest a través del multifacético D’Alessio. Lo que sí deja al descubierto es, una vez más, la santa trinidad de medios, funcionarios judiciales y servicios de inteligencia puesta a rodar en clave de salvataje de uno de los suyos.




Carrió envió a sus laderas Mariana Zuvic y Paula Olivetto a radicar una denuncia en Comodoro Py. La causa recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, una prueba más de que la máquina que sortea el destino de los expedientes está lejos de ser transparente. Bonadío debería enviarla de nuevo a sorteo, pero se sabe que en la Embajada, como se conoce a su juzgado, no rige el derecho argentino. De quedársela, tendría que investigar la supuesta operación orquestada para involucrar a Stornelli y a él mismo en el pedido de coimas para otorgar beneficios en la causa de la fotocopia de los Cuadernos. Más promiscuo no se consigue.




A los papeles

Los documentos a los que accedió El Destape confirman que el empresario Pedro Etchebest radicó la denuncia el lunes 28 de enero.




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