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El Conflicto con el Campo

Por: Enrique Diaz Araujo



El paro de los productores agrarios de marzo-abril del 2008 ha planteado una serie de cuestiones que se debaten por la población del país. De algunas de ellas daremos cuenta a continuación.

1. Las Retenciones Móviles

Todos los movimientos humanos tienen un comienzo. En este caso, la decisión del Ministro de Economía de la Nación Martín Lousteau de establecer un nuevo método de Retenciones a la Exportación de Productos Agropecuarios, por la Resolución 125 del 11 de marzo del 2008. Se trata de una escala impositiva móvil que, de momento, lleva las retenciones mayores - las aplicables a la soja- de un 35 a un 44%, y que, eventualmente, si los precios de los “commodítíes” aumentaran, podrían alcanzar un tope recaudatorio del 95%. Por lo pronto implica un aumento fiscal del 300%.

Esta resolución gubernativa, al pronto, merece dos objeciones jurídicas: la primera, que el cambio impositivo no ha sido dispuesto por el Congreso de la Nación, como es norma constitucional, sino por el Poder Ejecutivo, invocando la ley de Emergencia Económica (en contra de lo dispuesto por los arts. 99, apartado 3 y 75 apartado 1 de la CN, que hacen imposible que los decretos de necesidad y urgencia se apliquen a los impuestos de exportación, cuya fijación es privativa del Congreso). La segunda, que el coeficiente tributario excede el 33% que, por doctrina pacífica de la Corte Suprema de la Nación, es el límite máximo para que una carga impositiva no se convierta en confiscatoria.

Se trata, como se advierte, de dos obstáculos insuperables, en un Estado de Derecho, que obligarían a la derogación de la medida ministerial.

Punto número uno de la impugnación formulada por las cuatro entidades gremiales rurales (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria), que agrupan a los grandes, medianos y pequeños productores rurales. Y sobre el cual, prácticamente, el Gobierno no ha dicho nada.

Empero, sin perjuicio de lo antedicho, vamos a examinar otros aspectos políticos y económicos de la impugnada resolución.

2. La soja

El Ministro de Economía y la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kírchner, en sus discursos, atribuyeron la razonabilidad de la medida adoptada a la necesidad de “desojizar”, en beneficio de otros cereales, que perjudicarían menos a los terrenos rurales. La “desojízacíón” anunciada, sin embargo, halla ciertos reparos.

En realidad, para que tal fenómeno aconteciera, han concurrido dos factores diversos. Uno, interno, derivado de la política “redistributiva” del gobierno que obligó a los productores de trigo a producir a precios ruinosos para el mercado interno y con el añadido del cierre de las exportaciones (registros, etc.). Desalentados de esa manera los productores de trigo, como también los de leche y de carne, se volcaron a la soja que, por no ser objeto de consumo popular, se comercializaba libremente. De ahí que en la campaña 2006/2007 la producción de soja creció un 50%, mientras que la de trigo cayó un 1%. Por supuesto que, como los agricultores no son idiotas y saben algo más de la productividad de los terrenos que los improvisados agrónomos de café, los plantíos de soja se efectuaron con las respectivas rotaciones anuales, sostenidas con fertilizantes.

El otro factor ha sido externo, por la aparición de dos mercados consumidores, China e India, que además de comprarnos cuanta soja producimos, lo hacen a buenos precios. Es el fenómeno de los últimos años, conocido como del “alza de los “commodities”. Esta circunstancia ha constituido una gran suerte para nuestro país que, como en las mejores épocas de las exportaciones pecuarias, ha dado con una ecuación productiva favorable. En gran medida, en su dimensión originaria, el crecimiento sostenido del PBI del último lustro corresponde a la bonanza exportadora de alimentos, en particular de la soja. Por eso, se decía que el Gobierno de Kirchner dependía del precio de la soja. De la misma soja, locomotora del desarrollo, a la que ahora se demoniza, y se desalienta gubernamentalmente.

Visto lo cual, a simple vista, pareciera que el Gobierno se ha decidido a matar su gallina de los huevos de oro, y que la Presidente Kirchner combate la política económica de su marido. Paradojas.

3. Privilegios rurales

En sus discursos, la Presidente ha insistido en que los agrarios que paran son unos ingratos, toda vez que ellos han recibido de los Gobiernos kirchneristas innumeras ventajas. Dólar alto y gasoil barato, fueron los más mentados.
Pues, referente a estos temas se ha expresado lo siguiente:

“tampoco es verdad que los productores agropecuarios vendan en dólares competitivos y compren insumos en pesos baratos. Mientras el dólar “alto” está a 3,17 pesos, el dólar de exportación para la soja- descontadas las retenciones- es de 1.76. Sí a ese dólar soja se le descontara el índice de Precios al Consumidor desde 2001, el tipo de cambio real daría una paridad de 0.85 pesos. Además, el gasoil campo- que no está subsidiado, como dijo la Presidente- cuesta un 30% más caro que el que se consigue en las estaciones de servicio de la Capital Federal. Otros aumentos de los últimos meses: los fletes: 23%; el fósforo- un fertilizante clave-:29%; la urea granulada- otro fertilizante-: 12 %, y el glífosato- herbicida-: 23%. Un 80% de los insumos del campo se cotiza y se incrementa en dólares: los precios de 3 a 1 superan a los vigentes antes de la salida de la Convertibilidad” (“Verdaderas mentiras”, en: “Noticias”, n0 1631, 29 marzo 2008, p. 36).

Argumentos que, por cierto, no fueron contestados por fuentes gubernamentales.

No obstante, y aún colocándose en el supuesto que el Gobierno esgrime, esto es que el dólar alto fue fijado en beneficio del sector rural ( y no de la Industria para favorecer la sustitución de importaciones, como en realidad lo fue), cabria la siguiente observación.

Un letrero ruralista sintetizaba el punto con esta leyenda, atribuida irónicamente al Gobierno: “Que ellos planten, que nosotros cosechamos; y con lo que les sobre que paguen impuestos”. O sea: que el Gobierno favorecería la alta renta agraria para que, al momento del embarque del producto, poder quitar mejor y del modo más sencillo. Como dice un analista referente a la retención del 44 por ciento de los ingresos:

“Sencillamente una expropiación, en lugar de expropiar la tierra como postulaban los partidarios de la reforma agraria décadas atrás, se expropia el producido, es más sencillo. Contra esto han reaccionado los afectados, no es difícil entender el estado de ánimo de alguien a quien le sacan (computados todos los impuestos) algo más del 60 % de sus ingresos” (José Esteban Onofrí, “La revolución agropecuaria y el populismo”, en: “Los Andes”, Mdza., 5 de abril 2008, Fincas 3 F).


Entonces resulta que en la Argentina actual los “privilegiados” campesinos terminan disponiendo de menos de la mitad de sus ingresos. ¡Excelente posición...!


4. La redistribución del ingreso


La “desojizacíón” enunciada por la Presidente, halla, en su mismo discurso, una contradicción lógica insalvable. Porque, tras el ataque a la soja y el elogio del trigo, la Presidente comunica que, en verdad, todo el campo, trigo incluido, debe tributar lo que el Estado estime pertinente para concretar una “redistribución del ingreso”, a favor de sectores urbanos menos favorecidos. Acá no es la agronomía la que luce sino la solidaridad social. Por lo que parece poco probable que si a todos los productos rurales se les va a meter mano tributaria dura, con eso se vaya a beneficiar al trigo.

La de la “redistribución” es una línea gubernamental más consecuente, más en fila con el “modelo”, con el “proyecto de país”, que menta la Presidente.

Pues, es bien cierto que la idea socio-económica central de esta época ha consistido en la llamada “inclusión”. Es decir, en el amparo a sectores no productivos, en particular a los desocupados, y, en especial, a los del conurbano bonaerense. En el Gran Buenos Aires se hallan las masas humanas que los señores Kirchner han querido proteger a toda costa. Alguien podrá pensar que se trata de un objetivo comicial y, por ende, de una economía electoral. En cualquier caso, dicha política se suele sintetizar con la idea de sacarle a los ricos para darle a los pobres; una especie de Robin Hood porteño.

Empero, existen distintas formas de auxiliar a pobres e indigentes. Una es el asistencialísmo, típico de los planes “trabajar” (de no-trabajar, mejor dicho), acompañado del sistema de los “subsidios”. Los transportes del conurbano mantienen tarifas congeladas, más de la mitad inferiores a las del resto del país. De ese modo, si el boleto de un tren que parte hacia una localidad del conurbano cuesta 0,80 centavos al pasajero, es claro que el peso que falta se cubre con un subsidio a la empresa transportista. Diferencia monetaria que se salda con impuestos que tributa todo el país. Otro tanto acontece con las tarifas de la energía (electricidad, gas, etc.). Más atinente a nuestro tema es el del precio de los alimentos de la canasta familiar básica; específicamente, el del pan y el de la carne. Para mantener esos precios congelados, a pesar de la inflación creciente, el Secretario de Comercio Interior, Sr. Guillermo Moreno, ha apelado a distintos métodos coercitivos. El más socorrido es el de la mínima rentabilidad de la harina para panificar y de los productos lácteos y cárneos. Al mismo tiempo, se cierra el escape exportador, para obligar al productor a vender antieconómicamente en el mercado local. Así se ha logrado la “redistribución de los ingresos’: arruinando al productor para privilegiar al consumidor, o, peor aún, al parásito social. Curiosamente, el kilo de carne de precio congelado resulta barato no sólo para el villero bonaerense sino, y principalmente, para el rentista de barrios altos, que la compra (en mayor cantidad) a igual valor. Lo mismo acontece con los combustibles. “Redistribución”...

Acto seguido agreguemos que tal proceso no constituye una transferencia sectorial, como sería la de extraer renta de lo agropecuario rural para aplicarla a lo industrial urbano. Cosa que hubiera ocurrido si con el monto de las retenciones agrarias se hubiera fundado el capital de un Banco Industrial que diera crédito barato y de largo plazo para la instalación de la pequeña y mediana industria manufacturera. Desarrollo industrial que hubiera requerido de obreros aún desocupados. No. Recién ahora, en abril del 2008, la Presidente del Banco de la Nación Argentina anuncia la presencia de una línea de créditos muy favorables para las PYME. Antes, básicamente, el excedente tributario se volcaba en el asistencialismo y los subsidios. Precios políticos o regalos que han intentado reemplazar los altos salarios que debieron haber percibido los obreros industriales procedentes del sector de la desocupación, y que les hubieran permitido adquirir a su valor real los alimentos que genera el campo. Sin subsidios; pero, claro, también sin clientelismo político.

Es decir, el Gobierno ha preferido contar con “piqueteros” subsidiados antes que con trabajadores bien remunerados. Tal, la primera “redistribución”.

5. Las compensaciones

Sostiene el Gobierno que parte del monto de las retenciones ha vuelto al campo bajo el sistema de las compensaciones, básicamente dirigidas al pequeño productor. Se alega, también, que para cumplir con esas “compensaciones” ha sido necesario aumentar las retenciones a la soja.

Cierto es que a partir de las “compensaciones” se han elevado las retenciones sojeras (tres en catorce meses). Lo que no es tan seguro es que el monto de dichos aumentos haya ido a parar a manos de los pequeños productores. Uno de ellos, el dirigente Alfredo De Ángeli, ha explicado que los beneficiarios han sido empresas:

“como Aceitera General Deheza (propiedad del senador kirchnerista Roberto Urquía), los grupos concentrados de polleros, como Las Camelias, Noelma y Tres Arroyos. El Gobierno les subvenciona 70 centavos por kilo de pollo y a los productores les pagan 60 centavos” (“Los Andes”, Mdza., 6 abril 2008, p. 11). Trust intermediario- Monsanto, la Continental, Dreyfus, Cargill, etc.- que, como siempre, se ha quedado con la mayor tajada.

De ahí que se haya podido comentar el tema con estas palabras:

“Las retenciones al complejo sojero no fueron alteradas sino hasta fines de 2006, cuando el Gobierno pergeñó la estrategia de “compensaciones” que, como denunciaron los productores del campo, benefició fundamentalmente a empresas grandes, como las lácteas, y sectores altamente concentrados, como el avícola. Es decir, se favoreció cada vez más la concentración que el Gobierno dice combatir” (Sergio Serríchio, “Durmiendo con el enemigo”, en “Los Andes”)

Asimismo, se apuntó que:

“el Fondo compensador que el Gobierno integró con la anterior suba de retenciones- 500 millones de dólares en el 2007- se desembolsó en los eslabones intermedios de la cadena productiva, no en la cuenta de los productores primarios” ( “Verdaderas mentiras”. Cit., p. 37)

Por lo cual, más que a Robín Hood, el Gobierno se parecería a Hood Robín, que les sacaba a los pobres para darles a los ricos.

En todo caso, es obvio que acá no ha habido ley pareja. Porque mientras al agro se lo castiga con retenciones que van hasta el 44 % a la empresa monopolizadora del aluminio, ALUAR, sólo se le retiene el 2,5 % de sus exportaciones. En cualquier caso, el 70 % de las retenciones proviene del sector agropecuario (ver: Marcelo Ramón Lascano, “Contrasentido histórico: la demonízación de la soja”, en “ámbito financiero”, 17 abril 2008, p. 10)

6. La Caja

Verdad a medias, anotan algunos respecto a lo anterior. El Gobierno, dicen, en primer lugar impone para sí, para engrosar su propia Caja y de esa manera concentrar y aumentar su poder. Por la emergencia económica, es el Jefe de Gabinete, y no el Congreso, quien dispone de la mayor parte del destino del superávit fiscal. Y amigos son los amigos. Caja Central, base del poder político kírchnerísta. En el caso de las nuevas retenciones el Estado Nacional pasa de los 8.500 millones u$s con los que se quedaba a los 11.380 millones u$s actuales (“Ámbito Financiero”, 27 de marzo 2008, p. 12). Todo para el Estado Central.

Precisamente, las afectadas por el método seguido en este impuesto son las provincias, toda vez que el mismo no es coparticipable.

Un estudio de la Fundación Mediterránea (TERAL) ha concluido que las 14 provincias de alto nivel de exportación agrícola del país perderán este año $ 4.500 millones de pesos cuatro mil quinientos millones de pesos), que irán a las arcas del Erario Nacional, provenientes de las retenciones.

Lo más llamativo de ese estudio es que determina que las provincias más pobres (Catamarca y Formosa) serán las más afectadas por esa no coparticipación tributaría. Aunque ese dato parezca paradójico:

“En realidad, refleja la característica esencial del régimen redistríbutivo en la Argentina, lo que pone de manifiesto -según IERAL- que la distribución de la producción agrícola está en línea con la distribución de otros impuestos coparticipables del país” (“Ámbito Financiero”, 8 de abril 2008, p. 23)

Las Provincias quedan así atadas a la buena voluntad del Jefe de Gabinete. Tal como los productores a quienes se les quita lo que le es propio para después ofrecerse subsidios o compensaciones. “- No se sientan propietarios”, les dijo la presidente a los propietarios rurales. Es que el Gobierno desea que no haya propietarios (libres y ariscos), y sí proletarios (sometidos y dóciles). Además del trasfondo ideológico que eso supone, en la superficie brilla la voluntad de acumulación potestativa.

En suma: otro rasgo concreto de lo que el Gobierno denomina “política redistributiva”...

7. Conclusión

En el conflicto con el campo abundan las contradicciones.

En los discursos presidenciales acerca de este tema, la Dra. Fernández de Kirchner ha empleado el mismo método: colocar varias premisas agresivas, para sacar al final una conclusión conciliadora. Reitera que ella ha sido elegida-con una abstención del 33% y el voto positivo del 45%- por el pueblo para que sea la Presidente “de todos los argentinos” como siempre, ella identifica la Argentina con sus posiciones políticas, de modo que los disidentes queden como anti­patriotas). Subrayado lo cual, pasa a continuación a denostar a los agrarios, “golpistas” que andan en “cuatro por cuatro”. Les reclama una solución pacífica de la controversia, al tiempo que los culpa del desabastecimiento urbano. Los invita a negociar, pero sobre una base inconmovible: el mantenimiento del alza de las retenciones dispuesto el 11 de marzo. Guante de seda sobre puño de hierro.

Despojados de sus márgenes de rentabilidad, los campesinos deberían -en la alocución presidencial- quedarse contentos y no protestar, con vistas a no ser tenidos como enemigos del “modelo”, e individualistas insolídaríos. Nueva dialéctica: Campo contra Pueblo. Claro que si la manta es corta, al proteger con exceso al consumidor, dejará sin abrigar la cabeza productora. Entonces, más que “inclusión” habrá destrucción.

Peticionar por un precio justo -aún incorporando el ilegal método “piquetero” oficialista- supone, en este único caso, una actitud antidemocrática. Estos “piqueteros de la abundancia”, manifiesta la Presidente, a diferencia de los piqueteros urbanos (tan bien acogidos), se quejan porque “dejan de ganar”. Y, en realidad, es así. Todo aquel que desarrolla una actividad económica lo hace por una ganancia. Si ésta no existe, la abandona. Dejar el campo cuesta, pero no es imposible. Lo seguro es que no van a trabajar a pérdida. Cuando menos, dejarán de sembrar.

La FAO acaba de informar que a nivel mundial “entre enero de 2007 y enero de 2008, el índice de precios de los alimentos aumentó 47 %” (Ámbito Financiero, 17 abril 2008, p. 9). En la Argentina, donde el índice (real) de precios al consumidor aumentó un 32,5 %, los alimentos básicos continúan -oficialmente- con los precios congelados. Es decir, que no se permite seguir ni de lejos el incremento internacional, ni tan siquiera el de la inflación local (por cierto que en la práctica de los mercados si se quiere conseguirlos hay que pagar precios en alza, malgrado la policía del Sr. Moreno)

Ahora todos hablan de “diálogo”; pocos de “rentabilidad”. Aunque cualquiera sabe que producir algo con beneficios mínimos o nulos no es negocio sustentable. Y todo indica que esa -la renta agraria- y no otra cosa, es la cuestión que cabe debatir. Esperemos, pues, que los campesinos no terminen abandonando el campo, y que no se tenga que importar trigo y carne, en éste, otrora, el dorado país de las vacas y las mieses.




FUENTE: http://redpatrioticargentina.blogspot.com/
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