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El Congreso debate la ley de prepagas y crece la polémica.

El proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados hace dos años y medio, prevé la afiliación de mayores de 65 y de quienes ya tengan enfermedades. Para las empresas, “la ley nos llevará a la quiebra”. El lobby empresario logró frenar el tratamiento de este proyecto por casi dos años.


Dos certezas había anoche sobre el proyecto de ley que regula la actividad de la medicina prepaga en la Argentina: que llegará esta tarde o mañana al recinto del Senado y que así no perderá estado parlamentario, como se temía. Es decir que, o se convierte en ley porque se aprueba sin modificaciones la sanción de Diputados (resistida por las empresas del sector), o la Cámara Alta le introduce modificaciones y lo pasa otra vez a la consideración de la Cámara Baja. Eso fue lo que acordaron ayer en un plenario de comisiones el kirchnerismo y la oposición.

Pero también ayer se produjo una virtual fractura del bloque de la UCR que complicó un arreglo preliminar realizado entre el jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, y el radical, Gerardo Morales. Anoche el radicalismo decidió que lo más conveniente es discutir “todo hoy”, tanto los temas conflictivos (superpoderes, DNU y Consejo de la Magistratura) como los no conflictivos, entre ellos la medicina prepaga.

Pero si el río no se sale de madre en la sesión de esta tarde, la voluntad de todos los bloques es discutir, hoy o mañana, cómo regular a las empresas privadas que prestan servicios de salud. Lo contrario sería empezar de cero, porque si noviembre se va de largo el proyecto pierde estado parlamentario, debido a que ya pasaron dos años desde que Diputados lo sancionó el 27 de agosto de 2008.

En cuanto al debate, tampoco está claro qué hará el bloque K, ya que el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, pidió la semana pasada que se hagan algunas modificaciones a la norma, por caso que la autoridad de aplicación sea su Ministerio y no la Secretaría de Comercio, como dice lo aprobado en la Cámara Baja. Manzur solicitó además que se contemple el reclamo de las mutuales y cooperativas para que no sean alcanzados por esta ley.

El radicalismo, por su parte, está de acuerdo con estos dos pedidos del ministro, pero por intermedio del presidente de la comisión de Salud, solicitará que la inversión anual en recursos de salud de las prepagas salga del promedio de facturación de los últimos 12 meses. En cambio, la sanción de Diputados plantea que el 100 por ciento de la facturación anual se destine a inversión.

En lo que sí todos los bloques coinciden es en regular el servicio a 4,5 millones de afiliados que brindan las prepagas, la mitad de ellos provenientes de sindicatos.

Cano admitió, además, que el proyecto tiene “artículos complicados”, que generan rechazo en las empresas del sector. Cuestionan el artículo 10, que señala que las enfermedades preexistentes pueden establecerse mediante declaración jurada y otros medios complementarios y no podrán ser tenidas en cuenta a los efectos de rechazar la afiliación de los usuarios.

Otro de los artículos controvertidos es el 22, que estipula la obligación de las prepagas de mantener el 50% de su capital en una “reserva técnica” que garantice las prestaciones y el otro 50% ciento en instrumentos financieros.

Esta controversia llevó a Claudio Belocopitt, titular de la Cámara que agrupa a las empresas del sector, a afirmar que el proyecto “pone en riesgo la existencia de las empresas y atenta contra el servicio de salud”. “De aprobarse sin modificaciones dicha propuesta, asistiremos a la quiebra inmediata del sistema”, manifestó la semana pasada Claudio Belocopitt, vicepresidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara) y titular de Swiss Medical.

La iniciativa obliga a las empresas de medicina prepaga a tener planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad. Los contratos de prestaciones deben ser autorizados por el Ministerio de Salud y los usuarios pueden rescindirlos en cualquier momento sin limitación y sin penalidad.

También establece que la edad no puede ser criterio de rechazo de admisión y que a los mayores de 65 años con diez años de antigüedad en la cobertura no se les puede aumentar la cuota.

Las asociaciones de consumidores reclamaron en todo este tiempo la necesidad de aprobar la ley. “Estuvo dos años cajoneada. Ahora nuestro gran deseo es que la traten”, confió el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Horacio Bersten.


- Los tres puntos más discutidos


Afiliaciones

El artículo 10 establece que las empresas no podrán fijar criterios de ningún tipo para rechazar pedidos de afiliación. Esto elimina, por ejemplo, el límite de 65 años de edad que suele aplicarse para afiliar gente y también el rechazo de personas que padecen diferentes tipos de enfermedades preexistentes.

Aumentos

Según el artículo 12, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá en el caso de las personas mayores de 65 años definir los porcentajes de aumento de la cuota. Si el usuario mayor de 65 años tuviera una antigüedad superior a diez años no podrá sufrir aumento de la cuota en razón de su edad.

Capital

El artículo 22 también genera controversia. En él se establece la obligación para las empresas de medicina prepaga de mantener el 50% de su capital en una “reserva técnica” que garantice el correcto ofrecimiento de prestaciones y el otro 50% en instrumentos


- La SSS regulador del sector

La nueva ley le asignará a la Superintendencia de Servicios de Salud el rol de regulador del sector por lo cual deberá recibir los reclamos de usuarios y prestadores. También tendrá atribuciones la Secretaría de Comercio Interior para autorizar y fiscalizar los valores de las cuotas. Además, el Estado deberá crear un registro de empresas y otro de usuarios. También debe determinar condiciones técnicas, solvencia financiera, capacidad de gestión y cumplimiento de las prestaciones mínimas del Programa Médico Obligatorio.

- 4,5 millones de usuarios

La actividad de las empresas de medicina prepaga está actualmente desrregulada, aseguran especialistas en atención médica y derecho del consumidor. Quiere decir que no tiene un marco que delimite determinadas condiciones para su funcionamiento dentro del mercado y, principalmente, proteja los derechos de los afiliados. En las prepagas afirman que no se oponen a la existencia de una ley para el sector pero aclaran que “tiene que ser justa para las dos partes” y que “así como está, la ley destruirá a las empresas”.

Lo cierto es que –junto a las telefónicas y celulares– en los últimos años el rubro de las prepagas, con 4,5 millones de usuarios, encabeza los rankings de quejas en las oficinas de Defensa del Consumidor.

Quejas más frecuentes: Aumento de cuotas al cumplir 36, 61 y 66 años; derecho de admisión en caso de patologías preexistentes o por tener determinada edad; cobro de “copagos” de entre 15 y 150 pesos; demoras de hasta tres meses para conseguir un turno con un especialista; falta de descuento en la compra de medicamentos y negativa para cubrir cirugías o prestaciones garantizadas por el Programa Médico Obligatorio (PMO). También que las subas de las cuotas se fijan sin previo aviso al afiliado, que no debe ser menor a los 30 días para que el usuario pueda decidir si se cambia de plan o de prepaga.


- Ley de salud mental

El Senado debatirá también mañana el proyecto de ley que tiene por objetivo asegurar el derecho a la protección de la salud mental y establece un piso de garantías que además ubica al país en sintonía con los tratados internacionales. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y, aunque hay matices, kirchneristas y opositores acordaron llevar al recinto el proyecto y convertirlo en ley.

La norma propone el derecho a una atención integral, comunitaria y gratuita, en base a la opción menos restrictiva de tratamiento (se desalienta la internación indefinida). El proyecto propone que sean equipos interdisciplinarios, capacitados y acreditados los encargados de atender la salud mental. Profesionales de la salud y del derecho criticaron ayer a esta iniciativa por “inaplicable” y reclamaron un tiempo de transición y más presupuesto.


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