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El cuento del tio (de LP)

Alejandro Pou Brito del Pino, hermano de la conocida dirigente nacionalista Maria Julia Pou y tío del novel candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, fue condenado en Argentina por un delito de contrabando. La Justicia argentina concluyó que el empresario uruguayo participó del ingreso ilícito de mercadería a ese país, utilizando las prerrogativas inherentes a instituciones de beneficiencia. Versión completa.
Por Mauricio Pérez.




Paso Rodolfo Roballos es un pequeño asentamiento ubicado en la provincia de Santa Cruz, al pie de la cordillera, en la frontera entre Argentina y Chile. Se trata de un localidad de terrenos áridos de piedra y arcilla, de clima frío y seco y un permanente resoplar del viento, que dista más de 2.000 kilómetros del gran Buenos Aires.

Esa recóndita localidad del sur argentino, que cuenta con apenas unos treinta habitantes y en la que hay una garita de la Gendarmería argentina en el paso fronterizo con Chile, era el destino de una importante donación de vestimenta proveniente de Uruguay, que consistía en un enorme cargamento de camperas, blusas femeninas, prendas infantiles y tela polar. Pero la mercadería prometida nunca llegó a los habitantes de Paso Rodolfo Roballos. Un procedimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) de la República Argentina dejó al descubierto que la “donación” era parte de una maniobra de contrabando de ropa y tejidos.

La jugarreta tenía como epicentro a una organización benéfica, la Fundacion Procorde Namuncurá, e involucraba a un uruguayo radicado hacía veinte años en Argentina, pero con un apellido de peso en el acontecer político y social de su país de origen. Corría el año 2002, y la crisis económica golpeaba con fuerza a ambos países del Río de la Plata, cuando la maniobra quedó al descubierto. Ahora, doce años después, la Justicia argentina dispuso la condena de Alejandro Pou Brito del Pino, hermano de María Julia (Julita) Pou, por un delito de contrabando.

La donación

El vicepresidente de la Fundación Procorde Namuncurá, Braulio Poblet Videla, inició en setiembre de 2002 los pasos para la liberación de mercadería proveniente de Uruguay. Era un trámite de rutina: los representantes de la fundación comparecían ante el fisco y explicaban que el cargamento sería utilizado con fines benéficos, por lo cual se les habilitaba el ingreso exentos de impuestos.

La mercadería era propiedad de un empresario uruguayo dedicado al rubro textil. Se trataba de tela polar y de miles de prendas de vestir de las marcas Cheeky y Mistral, que estaban en un depósito de la zona franca en Montevideo y cuyos anteriores dueños eran un grupo de importadores argentinos. Estos habían descartado la mercadería, debido a la crisis económica y política desatada en ese país y a que la devaluación de la moneda encareció el negocio de importación.

El empresario uruguayo explicó ante la Justicia argentina que una persona que trabajaba en la zona franca le mencionó la existencia de esa mercadería y que podía quedarse con ella si se hacía cargo de la deuda generada. Entendió que se trataba de una buena oportunidad, y la compró, con vistas a ingresarla a Uruguay, pero se enfrentó con el mismo problema: la crisis bancaria y la devaluación del peso hacían que el negocio no fuera rentable.

Ante esto, buscó alternativas para no perder la inversión. Se enteró de que en Argentina las fundaciones benéficas tenían derecho a importar mercadería libre de impuestos, por lo que intentó contactarse con alguna de ellas para que aceptase la donación a cambio de que se hiciera cargo de la deuda.

El acuerdo se logró con la Fundación Procorde Namuncurá, por intermedio de un viejo compañero de escuela: el empresario Alejandro Pou Brito del Pino. El hombre dijo que donó la mercadería a esa fundación y que luego perdió contacto esta. Eso fue en julio de 2002. Un tiempo después, la AFIP iniciaría un proceso penal contra autoridades de la Fundación y contra Alejandro Pou por el delito de contrabando.

La maniobra

La normativa argentina habilitaba el ingreso de mercadería exenta de impuestos con destino a instituciones benéficas. Para ello, era necesario que la fundación presentara una carta en la que aceptaba la donación y un certificado de la AFIP sobre exención de impuestos; con esto, la aduana liberaba la mercadería. Mediante este sistema, la fundación logró que la mercadería ingresara, finalmente, a Argentina.

Sin embargo, algunos datos aportados generaron dudas en las autoridades. En especial, llamó la atención el volumen de una donación que tenía como destino la pequeña localidad santacruceña: el bulto no pesaba lo que decía la documentación, y un informe de la gendarmería afirmaba que era imposible que en Paso Roballos se usara la cantidad de ropa que se pretendía donar, ya que se trataba de un paraje en el medio de la montaña, con una treintena de habitantes.

La intervención de la AFIP y la Ufitco permitió recuperar, en varios procedimientos, más de 15.000 camperas, 3.000 blusas femeninas, 200.000 prendas infantiles y miles de metros de tela polar, cuyo destino final no era el pequeño poblado, sino el mercado argentino. Entonces se procedió a la incautación de la mercadería y el sometimiento ante la Justicia de varias personas.

Alejandro Pou pretendió deslindarse de la operación. Declaró que era colaborador de la fundación y que su única participación en este proceso fue como “intermediario” entre Braulio Poblet y su amigo de la infancia para concretar la donación. Pou aseguró que, tras los primeros contactos, Poblet le informó que contaba con la anuencia del Consejo de Administración para gestionar la donación, por lo que se le extendió un poder para aceptarla y transferirla en forma total o parcial, e iniciar los trámites ante el consulado argentino en Uruguay, y que desconocía que se trataba de una maniobra delictiva. Asimismo, dijo que todas las gestiones fueron llevadas a cabo desde Uruguay, y siempre siguiendo las indicaciones de Poblet.

Sin embargo, la Justicia concluyó que, de las pruebas reunidas en el expediente, “puede afirmarse con certeza” que Pou “intervino y conocía plenamente la maniobra que se realizaba”. La Justicia estableció que Pou fue el nexo entre Poblet y el empresario uruguayo, y que estuvo presente el día del acto de donación de la mercadería. Para ello, utilizó una acta firmada por Poblet y otros integrantes de la fundación, que resultó ser apócrifa.

“Asimismo, resulta inverosímil que nunca se hubiera puesto en contacto con las autoridades de la fundación para ultimar los detalles de la importante donación en la que estaba interviniendo, tanto más cuanto parecería ser de elementos totalmente ajenos a los objetivos de la fundación”, afirmó el tribunal.

Ante esto, la Justicia dispuso su condena de dos años de prisión (en suspenso) por un delito de “contrabando de importación de mercadería, agravado por la presentación de documentación apócrifa, en grado de tentativa”, en el entendido de que su participación “excedió la de mero colaborador”. En cambio, se dispuso la exoneración de todo cargo del otro imputado, Braulio Poblet, por considerarse que no existen pruebas fehacientes de su participación en las maniobras que se gestaron en tierras uruguayas.

Acta falsa

La Justicia argentina consideró que, de las pruebas incorporadas en la causa, “se desprende claramente que se intentó burlar el control aduanero al haber presentado ante la DGA [Dirección General de Aduanas] documentos falsificados que daban cuenta de una donación que no era real a favor de la Fundación Procorde Namuncurá, aceptada por quien tenía un poder para recibir donaciones que no era verídico a fin de introducir mercadería al país”.

En este sentido, el tribunal consideró que Alejandro Pou utilizó un acta apócrifa para concretar la donación. El empresario presentó un documento con la firma del vicepresidente de la Fundación Procorde Namancurá, Braulio Poblet, pero la Justicia entendió que el documento era falso, porque la firma de Poblet que aparecía en el acta había sido extraída de un fax enviado por su secretario. Además, se valoró que en los documentos presentados ante las autoridades aduaneras se adulteró la dirección de la fundación.

Otra de las pruebas que involucraron a Pou Brito del Pino fue el testimonio de uno de los integrantes del Consejo de Administración. El testigo dijo que las donaciones que solía recibir la fundación “eran siempre en dinero y con un destino ya pactado de antemano, y que habitualmente no recibían donaciones de mercadería”.
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