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El default interno, la otra bancarrota



La moneda está en el aire y en 48 horas caerá. Cara o cruz. ¿Argentina entrará en default o el juez Griesa le permitirá que se pague a los bonistas reestructurados (93% de los acreedores), mientras sigue dando aliento a una negociación cara a cara con los buitres, que hasta ahora el Gobierno gambetea? Si efectivamente se activa la llamada cláusula RUFO, sus eventuales consecuencias serían una catarata de juicios de los bonistas que aceptaron el canje en 2005 o en 2010 para exigir igual trato que aquellos que no aceptaron esos términos y que deben cobrar todo junto y ahora, unos US$ 1.300 millones, según falló Griesa.

Esa cláusula expira el 31 de diciembre y el Gobierno necesita tiempo.

Según las señales de la Presidenta, que hoy busca apoyo en el Mercosur (P. 6), el país se encaminaría hacia el default, aunque pida llamarlo con otro nombre. Se afirma en la posición de que Argentina ya pagó. Tiene razón, el problema es que quienes debían cobrar no pudieron hacerlo.

Como es sabido, los US$ 539 millones girados a Nueva York fueron trabados por Griesa, quien -aferrado a su fallo- bloqueó esos fondos.

Economistas, políticos, analistas financieros y hasta la oposición local, están divididos.

El fallo de Griesa es controvertido, lo criticaron incluso en The New York Times. Pero fue ratificado en EE.UU. por la Cámara de Apelaciones y quedó firme por el paso al costado de la Corte al no considerar el caso dentro de su competencia. Argentina perdió el juicio y fue el propio Gobierno el que propuso como jurisdicción para eventuales litigios los tribunales estadounidenses.

El 8% de los bonistas que no aceptaron los canjes son conocidos como fondos buitre, aunque hay bonistas aislados que no lo son. Los buitres se dedican a eso, compran a precio devaluado bonos de países al borde de la bancarrota, revolotean como aves de carroña para después sacar de esa inversión el mayor rédito posible. Son emergentes del capitalismo salvaje, no son agentes del capitalismo productivo.

Sus negocios no se juzgan desde la ética, sino desde el pragmatismo dinerario. No ponderan cuestiones morales.

Contabilizan ganancias o pérdidas, y no les incumben principios de otro orden.

Roberto Lavagna, el verdadero arquitecto del canje de la deuda, hoy opositor al Gobierno desde el massismo, escribió el jueves pasado en Clarín que Argentina debe cumplir con el pago a los bonistas reestructurados y no hipotecar el futuro por una decisión judicial controvertida. Apeló a una metáfora: el no pago tendría las consecuencias de un tifón, pagar sería sufrir un tsunami. Hay 48 horas para saber si sufriremos un tifón o un tsunami. Ni hablar de puerta de casa para adentro, donde la tierra cruje: la economía está en recesión, la inflación es un cáncer hambriento, cobra impulso el desempleo, no ceden la corrupción y la inseguridad, y el déficit fiscal asusta: sería aún mayor si se consideraran los fondos que el Estado les demanda al Banco Central y a la ANSeS, plata de jubilados futuros.

Como mínimo, ya es un default interno.


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