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El Gobierno busca quitarle poder a la Mesa de Enlace

El Gobierno busca quitarle poder a la Mesa de Enlace

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció que enviarán al Congreso un proyecto de ley para crear un instituto de la carne con mayor presencia oficial. Tractorazo ruralista en Córdoba.


AmpliarEl jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, con el ministro Carlos Casamiquela durante el anuncio de los nuevos proyectos de ley para el sector agroproductivo. FOTO: MAGyP. [ Ver fotogalería ]

El Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para reemplazar al Ipcva por un nuevo Instituto de la Promoción de la Carne Argentina (IPCA), que aglutinará a todo el sector cárnico y minimizará la presencia de la Mesa de Enlace en la cúpula del organismo, donde la Casa Rosada podrá nombrar a su titular.

El anuncio fue realizado ayer por el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, acompañado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien además confirmó el envío de una otra iniciativa legislativa para modificar los roles del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

“Apuntamos a seguir generando políticas de largo plazo en beneficio del sector, que tendrán un impacto positivo no sólo en los productores sino en la sociedad en su conjunto”, manifestó Casamiquela durante la conferencia.

Respecto al proyecto que buscaría reemplazar el actual Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) por el novedoso IPCA, sería una iniciativa para reducir al mínimo la presencia de las entidades de la Mesa de Enlace en el organismo.

Por su parte, este nucleamiento, reunido ayer en la ciudad de Córdoba, aseguró que con los cambios propuestos para crear un nuevo IPCA “el gobierno nacional pretende destruir todo lo que todavía funciona en materia de impulso a la producción agropecuaria”.

“El Ipcva funciona con fondos privados, aportados en un 70% por los productores ganaderos de todo el país y el 30% restante por los frigoríficos”, recordaron las entidades ruralistas a través de un comunicado.

Según lo anunciado por Casamiquela, la propuesta oficial contempla que el nuevo IPCA cuente con una “nueva estructura de un presidente y 16 miembros: 4 por el sector productivo, 3 por la industria, 4 por el gobierno nacional y otros 5 por las provincias productoras”.

A diferencia del actual Ipcva, el Gobierno propone al Congreso que el titular del novedoso instituto (cuyo voto contará como doble) sea designado por el Ministerio de Agricultura, y que este incluirá no sólo a la actividad vinculada a la carne vacuna sino también a la aviar, porcina y de pescado.

Con el proyecto oficial, las entidades gremiales del campo que conforman la Mesa de Enlace perderían sus lugares de preferencia dentro del organismo, mientras que ganaría mayor presencia la Casa Rosada.

Actualmente, el Ipcva cuenta con dos representantes del Gobierno, que ocupan los cargos de consejeros titular y suplente. De ser aprobada la medida, con el nuevo organigrama serían cinco en total, incluyendo la presidencia.

Según el argumento oficial, la creación del nuevo IPCA contempla la caída que registró el consumo local de carne bovina en la última década, que disminuyó de 85 a 56 kilos anuales por habitante, mientras que el consumo de pollo trepó a 42 kilos, a 11 kilos el de cerdo y a 9 kilos el de pescado.

Para las autoridades, el proyecto apunta a la necesidad de tener en cuenta los nuevos hábitos alimenticios de la población.

A través de un comunicado de prensa, Agricultura informó que los cambios propuestos en el caso del Senasa permitirá que los casi 6.000 agentes distribuidos en todo el territorio argentino puedan actuar “con diligencia ante situaciones de emergencia sanitaria”.

La iniciativa busca determinar nuevos estatus jurídicos para el organismo fiscalizador de la seguridad alimentaria en el país, formalizar “las competencias y establecer los mecanismos adecuados para su financiamiento”.

Finalmente, el tercer proyecto de ley presentado ayer está orientado a la acuicultura marítima y continental. Actividad con un importante crecimiento en los últimos años, la medida apunta a: dotar a la actividad de un marco regulatorio y de promoción que le permitirá acceder a crédito -y otros instrumentos- y a potenciales mercados externos; promover el agregado de valor en origen de la producción -incluye tanto a la agricultura familiar como a la producción industrializada-; regular y dar marco jurídico a la actividad; promover su crecimiento y desarrollo armónico; y prever un fondo específico para el financiamiento de emprendimientos productivos.

Tractorazo de la Mesa de Enlace

La Mesa de Enlace Agropecuaria encabezó ayer un tractorazo en el centro de la ciudad de Córdoba para rechazar la política agropecuaria y económica impulsada por Cristina Fernández de Kirchner. Entregó frutas, verduras y leche para exhibir la problemática de precio que presenta la producción.

La protesta fue encabezada por Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Carlos Garetto (Coninagro), Rubén Ferrero (Confederaciones Rurales) y Luis Etchevehere (Sociedad Rural), quienes afirmaron que “el productor ya no resiste estos niveles de inflación y de presión impositiva”.

En la céntrica Plaza San Martín, los ruralistas entregaron bolsas con frutas y verduras, y también leche, a los transeúntes. Además, repartieron panfletos explicativos sobre los precios que recibe el productor en la tranqueras bajo el título de “Basta de relato”.

Allí, a metros del Cabildo y la Catedral mediterránea y frente a la sede del Banco de la Nación Argentina, se estacionaron un total de 30 tractores para reclamar medidas antiinflacionarias.

“Con las condiciones actuales, con subas de costos y con un proceso inflacionario, no se puede crecer en producción”, expresó Garetto, mientras recorría las céntricas calles cordobesas.

Según el titular de Coninagro, “el productor necesita previsibilidad y condiciones sustentables para producir y seguir desarrollándose, con miras a generar más empleo y aprovechar las oportunidades que le provee la demanda de alimentos, pero evidentemente así no se puede”.

En los panfletos entregados al público se expresaba que el productor apenas recibe un valor de $1,10 por el kilo de pan que se vende en las góndolas o bien $ 0,60 por cada kilo de bananas comercializadas en los supermercados o en el comercio minorista, a modo de ejemplos, informó la agencia de noticias DyN.

También se informó que la diferencia llega a niveles superiores al 900% en el caso del tomate y del zapallo anco, es mayor al 700% para la acelga, al 446% en la papa y al 300% para la cebolla.

En el marco de la denominada “Jornada de Concientización” del campo en Córdoba, Etchevehere indicó: “Ya se sabe cuáles son las medidas que no sirvieron y no podemos esperar resultados distintos si esas medidas no se cambian”, al tiempo que agregó: “La política agropecuaria y macroeconómica que llevó adelante el Gobierno en los últimos años tuvo como víctimas a productores y consumidores”.

Buzzi, por su parte, aseguró que “hay que profundizar el camino de la resistencia, porque de lo contrario en pocos meses puede haber una nueva camada de productores desaparecidos”.

“Muchos -dijo Buzzi- van a tener que vender entera su cosecha para pagar deudas y quedarse luego con las manos vacías: ese es el camino al que nos está llevando el modelo actual, que puede lograr cien millones de toneladas, pero cada vez con menos gente”.

Productores y consumidores, los grandes perjudicados de la década

Uno de los oradores durante la jornada de protesta ayer, en Córdoba, fue Rubén Ferrero, presidente de CRA. “La provincia de Córdoba es la principal productora de maíz de la Argentina y desde el 2007 en adelante está afectada por la pésima política económica de los ROE y una presión impositiva récord”, afirmó el ruralista.

En ese mismo sentido, el presidente de CRA manifestó que “las exportaciones de maíz siguen cerradas, y esto daña profundamente no sólo a la provincia sino a la Argentina en su conjunto. Sólo por la intervención de los ROE la provincia de Córdoba perdió más de $5.000 millones desde 2007”.

A modo comparativo, Ferrero dijo que los cordobeses perdieron debido a las trabas en las exportaciones que no permiten el ingreso de divisas la posibilidad de pavimentar 2.500 kilómetros de rutas, la construcción de 70 hospitales y de 80 escuelas. “Es imperdonable lo que ha hecho este Gobierno desde todo punto de vista, pensando inclusive en las próximas generaciones que van a heredar un país con sólo un 20% de las rutas provinciales pavimentadas”.

“Si la pretensión es llegar a las 160 millones de toneladas de producción de granos en la Argentina, cuanto menos se deben bajar los costos de logística, y para eso es necesario una mayor y mejor infraestructura vial”, dijo el titular de CRA, y finalizó: “Desde la producción no tenemos absolutamente nada que ver con la formación de precios y mucho menos con esta inflación del 40%. Somos tan perjudicados como los consumidores, los dos grandes perdedores de la década K”.

07 de noviembre de 2014
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