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JUEZ CESAR MELAZO



El juez César Melazo, bajo sospecha



Un fiscal lo tiene como imputado por extorsión; escuchas telefónicas revelan sus posibles contactos con la "maldita policía".


LA PLATA.- Estoy conforme con la investigación sobre los jefes de la policía sospechados de haberse enriquecido ilícitamente. Dijo ayer que al fiscal Víctor Violini lo vio "muy sólido, muy firme". Pero no está del todo tranquilo: "Lo que me preocupa es que la causa haya caído en un juez que paró la ofensiva de mi gobierno contra los desarmaderos y al que le inicié un jury de enjuiciamiento".

Se refería al titular del Juzgado de Garantías N° 2 de esta ciudad, César Melazo, que además de ese pedido de juicio político enfrenta otro problema: en la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) N° 188.221, a cargo del fiscal Carlos Argüero, está imputado por el delito de extorsión, al igual que el fiscal Carlos Gómez y el abogado Francisco López Seco.
Dos hombres acusados de integrar una banda de cuatreros, Cristian y Nelson García Insiarte, y la madre de ambos, Nélida García Insiarte, denunciaron que habían entregado 25.000 pesos a sus abogados para que se los hicieran llegar al juez y al fiscal, por intermedio de López Seco, para favorecer la situación procesal de dos detenidos, según la acusación.

En los días de ese presunto acuerdo hubo cerca de 50 llamadas entre Melazo y López Seco, según los cruces telefónicos analizados por el sistema VAIC, a los que accedió La Nación.
El fiscal Argüero deberá probar si el dinero llegó a manos de los imputados o si los abogados de los denunciantes invocaron los nombres de Melazo, Gómez y López Seco para quedarse con los 25.000 pesos.
La Nación intentó hablar con Melazo, pero éste no respondió las llamadas que se le hicieron ayer. 


Controversia


Se solicitó ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense el juicio político contra Melazo, porque el juez había anulado cuatro procedimientos realizados en desarmaderos de esta ciudad.
El gobernador lo acusó de obstruir el combate contra el robo de vehículos. Y el juez denunció ante la Corte un "avasallamiento" de la independencia del Poder Judicial.

Un colaborador confió a La Nación que el pedido de jury no sólo se debe a la anulación de los procedimientos en desarmaderos; también, a escuchas telefónicas que revelan relaciones que mantendría Melazo con alguien que dice ser integrante de la "maldita policía, con el ex presidente Eduardo Duhalde y con gente muy cercana a éste, como Fabián Bujía.

La Nación accedió a esas escuchas, ordenadas en agosto del año pasado por el juez de Garantías N° 3 de La Plata, Néstor De Aspro, en una causa por tentativa de extorsión en la que se acusó a Melazo, al fiscal Gómez y a tres policías.

Después de esta llamada, el juez recibió otra de un hombre llamado Alejandro -sería un conocido abogado penalista bonaerense-, que le avisó que tenía el teléfono intervenido. Fueron dos días de escuchas, que no alcanzaron para probar la participación de Melazo en una tentativa de extorsión que había denunciado Raúl Onorato, el presunto líder de una banda de cuatreros -la misma que, supuestamente, integraban los hermanos García-, que también acusó al magistrado.

Esta última causa derivó de la que se había abierto tras la denuncia de Onorato (la IPP 141.767), que tiene en sus manos el titular de la fiscalía N° 5 de Quilmes, Ricardo Maidana.
Con la intervención de los teléfonos del juez hay algunos diálogos inquietantes. Por ejemplo, el que mantuvo con un tal Mario, que dijo pertenecer a la "maldita policía".

Cuando pidió el jury, el gobernador mencionó supuestos vínculos entre Melazo y policías corruptos. Está probada una relación, al menos laboral, entre el juez y uno de los jefes policiales investigados por Violini: el subcomisario Alberto Desmul, que fue instructor del juez durante la investigación sobre juego clandestino realizada entre 1997 y 1998.

El de Desmul es uno de los 15 expedientes girados por el Gobierno al Ministerio Público y que hoy están en manos de Violini (que, además, investiga a otros cuatro oficiales superiores, también por enriquecimiento ilícito). Una calificada fuente judicial dijo a La Nación que el fiscal evalúa recusar a Melazo, por lo menos en el caso de Desmul.