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El lazo del Gobierno para controlar a Rafecas

El juez debe investigar la denuncia de Nisman contra Cristina. Pero el kirchnerismo lo tiene controlado bajo amenaza de juicio político.




La Casa Rosada ubicó al tope de sus variados focos de atención al juez federal Daniel Rafecas, quien quedó a cargo de la investigación contra la presidenta Cristina Kirchner y otros destacados miembros del kirchnerismo por el supuesto encubrimiento de la participación de Irán en el atentado a la AMIA, denunciado por el fiscal Alberto Nisman antes de su muerte.
En esta causa ya están imputados la Presidenta; el líder de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque; el canciller Héctor Timerman; el piquetero Luis D'Elía; el líder de Quebracho Fernando Esteche; el ex juez Héctor Yrimia; y el agente de inteligencia Allan Bogado. Aunque D'Elia podría recusar al magistrado por declaraciones que habría formulado en su contra, esa cuestión deberá ser revisada por la Cámara Federal.

Esta semana, Rafecas deberá analizar si avala las 45 medidas de pruebas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita, que lo secunda en la investigación.

Sin embargo, fuentes al tanto de la evolución de la causa anticiparon a LPO que Rafecas planea delegar la investigación en Pollicita para sacarse de encima la presión política. No se trata necesariamente de una buena noticia para la Casa Rosada, este fiscal ya imputó a la Presidenta.

Sin embargo, será el juez el que tomará cada resolución en contra o a favor de la Presidenta y el gobierno se siente seguro por los nexos que mantiene con Rafecas, agregaron las fuentes consultadas por LPO.

Los vínculos

Rafecas accedió al fuero federal a propuesta de Néstor Kirchner y desde entonces fue bastante leal a las necesidades del Gobierno, aunque en el caso Ciccone su decisión de habilitar el allanamiento del domicilio del vicepresidente Amado Boudou motivó su deplazamiento de la causa, luego lamentado por el kirchnerismo más racional.



Pero más allá de ese incidente, Rafecas mantiene congeladas causas sensibles para el Gobierno como la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe del Ejército, César Milani.

Las denuncias que penden sobre su cabeza en el Consejo de la Magistratura –donde el radicalismo votaría con entusiasmo su destitución- lo han convertido en una suerte de rehén del oficialismo.

La relación de Rafecas con el kirchnerismo excede el ámbito judicial. Su hermano Diego fue beneficiado con los subsidios que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) distribuye de manera arbitraria. Además, mantiene una estrecha relación con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

De hecho, en una de las empresas de Diego Rafecas, Zazen Producciones SA, aparece como socia María Cristina Capitanich. Esta firma recibió subsidios del Instituto del Cine del 2008 a la fecha.




María Cristina Capitanich fue funcionaria del Instituto de Servicios Sociales del Chaco y en el 2012, en pleno escándalo por Caso Ciccone, Diego Rafecas filmó en el Chaco con el aval del actual jefe de Gabinete una película en la que se especuló con la participación del actor irlandés Pierce Brosnan. La película “Ley Primera”, se filmó en el Impenetrable chaqueño y fue dirigida por el cineasta con subsidios del Incaa.

Este fue una de los motivos esgrimidos en marzo del año pasado por el senador radical Mario Cimadevilla, entonces consejero de la Magistratura, para impulsar una nueva denuncia contra el juez Rafecas, por haber sobreseído a funcionarios del Incaa en una acusación por malversación de fondos públicos. En la causa eran investigados socios comerciales de un socio de su hermano Diego y, pese a este evidente conflicto de interés, el juez federal no se excusó.
En esa causa se investigaba subsidios otorgados por el ex vicepresidente del Incaa Jorge Armando Alvarez entre febrero de 2006 y abril de 2008.

Se investigó el caso de la empresa Lacsa, integrada por Oscar Azar y Fernando Huberman, a quien el Incaa benefició con el otorgamiento de un crédito por $ 600 mil y una posterior ampliación de $ 1.500.000 para la creación y equipamiento de un laboratorio de post producción que se emplazaría en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia ante la Magistratura sostiene que Azar, socio de Lacsa, también es accionista de otra empresa, Daltel SA, vinculada a Fernando Sokolowicz, socio comercial de Diego Rafecas y accionista del diario kirchnerista Página/12.

Álvarez y la entonces presidenta del INCAA y actual diputada nacional del Frente para la Victoria, Liliana Mazure, le otorgaron además a la empresa de Diego Rafecas, Zazen Producciones, subsidios y créditos por más de 14 millones de pesos, lo que le permitió filmar películas entre 2008 y 2013. Se analiza que el costo de las filmaciones habría sido inferior a los fondos gestionados y otorgados.



Cuando la causa llegó a manos del juez Rafecas, en lugar de excusarse este decidió en un trámite express sobreseer a Fernando Huberman, Oscar Azar y Jorge Armando Alvarez.

Azar ya acumula varias denuncias penales por supuesto desvíos de fondos junto a los últimos tres presidentes del Incaa, Jorge Coscia, Jorge Alvarez y Liliana Mazure.
Rafecas todavía mantiene otra causa vinculada a esta trama. Investiga por presunto desvíos de fondos a Mazure y al cineasta Pablo Rovito. Por su actuación en este expediente, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, lo tuvo que reprender por la evidente “demora” en la que incurrió.

Mazure se encuentra imputada en esta investigación por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, pero en Comodoro Py creen que Rafecas no avanzará más allá de eso y “demorará” la investigación todo lo que pueda, ya que una investigación seria sobre la trama de corrupción en torno a los subsidios del Incaa llevaría directamente a la productora Zazen de su hermano Diego.

Esta productora incluso aparece en otro expediente muy sensible para la Casa Rosada: el que investiga a la mano derecha de Carlos Zannini, el subsecretario Legal y Técnico, Carlos Liuzzi.

LPO accedió en exclusiva a la documentación que detalla el circuito de trece llamadas que se realizaron entre el titular de la financiera Propyme, Guillermo Greppi, y el subsecretario Liuzzi, durante y después del allanamiento en el que policías a cargo del operativo le habrían solicitado dinero en nombre del juez federal Norberto Oyarbide para suspender el procedimiento.

Dos números llamaron la atención de los investigadores. A las 13.05 de ese día Greppi llamó a dos celulares de Zazen Producciones. Los contactos se reiteraron en cuatro oportunidades. A las 13.28 el segundo llamado, a las 14.18 el tercero y a las 14.20 el cuarto.
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