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El macrismo se quiere vengar

El macrismo se quiere vengar

Basta de Demoler molesta con amparos que obligan a ser rigurosos, algo que el gobierno porteño detesta. Para callarlos, les hace una absurda demanda millonaria.


Por Sergio Kiernan

El gobierno porteño decidió amordazar a las incómodas ONG que le hacen amparos, a los vecinos que protestan y, si alcanza, a más de un político crítico. Como blanco eligió al grupo más simbólico de la defensa del patrimonio, Basta de Demoler, que se ganó la gratitud general por cosas como crear antecedentes legales potentísimos y ponerles freno a varios desmanes de los grandes. Como el macrismo no puede tratar a los de Basta como trata a los homeless, de noche y con grandotes de remera negra, eligió la vía judicial. Hace algo más de una semana, presentó una absurda y bizantina demanda por 24 millones de pesos contra el grupo, acusándolo de paralizarle la ilegal obra de la estación de subte en Recoleta.

Basta de Demoler nació como un grupo de vecinos hartos de ver de-saparecer lo mejor de esta ciudad y verlo reemplazado por edificios sin el menor mérito, excepto el económico y para el desarrollador. Entendiendo que esto era especulación y un vacío del Estado, la ONG –que todavía ni lo era– salió a tratar de frenar la dolorosa demolición de La Mutual, en Callao entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. No lo lograron, pero poco después, en vísperas de la asunción de Mauricio Macri, tuvieron un acierto estelar con la casa Bemberg, en la calle Montevideo. Fue nada menos que liquidar para siempre un truco viejo de décadas, el que hacía que alguien en la Legislatura –y antes en el viejo Concejo Deliberante– se ganara una buena propina avisando que se iba a catalogar un edificio. El dueño lo demolía rapidito y enfrentaba a los legisladores con el hecho consumado. Con buena letra de la entonces diputada porteña Teresa de Anchorena, Basta planteó que eso era un conflicto de poderes, porque si el Ejecutivo daba permiso de demolición, el Legislativo no podía hacer lo suyo. Ganaron y ganaron la apelación tan bien, que el principio se extendió a toda la ciudad y todos los casos.

Luego vinieron muchos casos más, incluyendo el también estelar de frenar la horrenda torre que se iba a hacer en la media manzana de Reconquista entre Viamonte y Córdoba. Lo que hizo Basta fue endurecer la visión ciudadana sobre el facilismo de permisos de demolición y de obra, la complicidad tradicional entre intereses económicos y funcionarios municipales. El ejemplo se extendió y otros grupos aprendieron a usar el recurso del amparo para frenar arbitrariedades. El macrismo en funciones se encontró con el insoluble problema de justificar sus permisos a privados y sus obras públicas ante un juez. Eso exige coherencia y argumentos, cosas evidentemente escasas en este gobierno porteño, lo que explica el éxito de los amparos en su contra.

Que los abogados de la Ciudad y de su controlada empresa de subtes hayan elegido justo el caso de la estación Recoleta del subte H es francamente pintoresco. La Procuración porteña y Sbase acusan a Basta de Demoler de algo así como haberlos emboscado: “Los hoy demandados esperaron el inicio de las obras y la intervención de la plaza” para presentar su amparo. También dicen los abogados que Basta dejó “voluntariamente” la demanda una vez que ganaron la primera instancia, lo que demostraría una intencionalidad política que transforma al amparo en “una traba abusiva e infundada” de la gestión macrista. Y como todo esto genera gastos extra, Basta de Demoler en general, su vicepresidente Santiago Pusso y la paisajista y arquitecta Sonia Berjman le deberían al gobierno porteño los casi 24 millones de pesos de sobrecostos que les tuvieron que pagar a las constructoras Techint y Dycasa.

Un disparate de punta a punta.

Basta de Demoler presentó un amparo en febrero de 2012, cuando se comenzó a cavar en la plaza Intendente Alvear porque, como todos los vecinos de Recoleta, se sorprendió por el pozo. Resulta que la ley que origina la obra del subte H dice claramente que la estación tenía que construirse enfrente, cruzando Pueyrredón, en la Plaza Francia. La Intendente Alvear no sólo no es la Plaza Francia sino que es el primer trabajo público de Carlos Thays en Argentina, un parque de los viejos, una pieza patrimonial indudable. Como admitiendo que estaban en orsay, los constructores cerraron el obrador con un muro alto de chapas, amarillas PRO, por supuesto, para que no se supiera si estaban arreglando el parque o cavando una estación.

Con lo que lejos de una emboscada deliberada, hubo un zafarrancho de parar otro error/descaso/abuso de las autoridades de la Ciudad.

El caso lo recibió el juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Schleiber, un hombre alto y tranquilo cuya paciencia terminó siendo puesta a prueba por los funcionarios del macrismo. Una escena notable y un buen ejemplo de la improvisación reinante se vio un día caluroso de ese verano de 2012, cuando se hizo la inspección ocular. El juez, acompañado por una secretaria judicial y un policía, le dio la palabra a María del Carmen Usandivaras, de Basta de Demoler, como amparista. Cuando escuchó que estaban directamente en la plaza equivocada, Schleiber la interrumpió y le preguntó al titular de la empresa de subtes, Juan Pablo Piccardo, que por favor le explicara eso. Piccardo lo miró, dudó, dio vueltas y admitió al fin que era cierto, que estaban en la plaza equivocada. “Pero, doctor, si bien ésta es la Intendente Alvear... todos le dicen Plaza Francia, ¿no?” El juez lo miró por algunos segundos, como decidiendo si le estaba tomando el pelo, un desacato feroz. Finalmente, decidió que no.

La razón por la cual estaban en la plaza Intendente Alvear y no en la Francia yace abajo del cruce de Pueyrredón y Libertador. Es una gran obra del sistema de aguas porteño, un caño de buen porte, que los diseñadores del subte ignoraron o no conocían, pero que a la hora de hacer la curva de la línea hacia Retiro encarecía la obra. Nada de esto fue admitido por Sbase ante el juez, con lo que no tuvieron argumento alguno.

Fue el juez Schleiber el que suspendió la obra, no Basta de Demoler. Una ONG no puede suspender una obra pública, sólo un juez puede hacer eso.

Lo curioso del asunto fue que ni el gobierno porteño ni la empresa de subtes apelaron el fallo, ni pidieron que se levantara el amparo. Como ofendidos, taparon el pozo y anunciaron en los medios que no iban a hacer la estación ahí. De hecho, se dieron el gusto de ofenderse públicamente a través de sus medios amigos y hasta discutieron hacer la estación cerca de la Facultad de Derecho, creando un nodo de transporte con una futura estación de trenes que le sirviera también al Centro de Exposiciones, obra que ya planeaban hacer. Por eso la causa fue cerrada y caducó. Basta de Demoler no tenía nada que seguir, una vez anunciado que el gobierno porteño se allanaba al objeto del amparo.

La frivolidad de la demanda llega a extremos como señalar que el paisaje de plaza pudo ser restaurado al suspenderse la obra, lo que probaría que la obra no dañaba el paisaje. De hecho, que no se hiciera la obra fue lo que permitió subsanar el daño hecho, tapando el pozo y no teniendo que bancarse escaleras y respiraderos en medio del proyecto de Thays. La inquina del macrismo es tal, que incluyen el gasto de tapar el pozo y replantar la plaza en la cuenta de 24 millones que quiere que le pague Basta de Demoler. Y hasta tratan de convencer a la jueza Patricia López Vergara de que la ONG les pague una suerte de lucro cesante por las fichas que podría estar ganando la estación...

Este disparate fue bien interpretado por Pusso como “un ataque a la democracia, porque busca amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas constitucionales como el derecho al reclamo y al acceso a la Justicia”. Sergio Abrevaya, ex legislador porteño y actual titular del Consejo Económico Social de la Ciudad, coincidió diciendo que “es un disparate intimidatorio para infundir temor de usar nuestros derechos”. El ex ombudsman adjunto Gerardo Gómez Coronado señaló que “no fue Basta quien paró la obra sino la Justicia, con un fallo dentro de la figura del amparo. No hay nada que reclamar ni base para una demanda”.

Es increíble que un gobierno que fue elegido democráticamente y dice representar una “nueva política” dé semejante paso. El golpe es realmente duro, desproporcionado, y muestra la debilidad del macrismo en funciones, siempre dudando entre la mala fe y la incompetencia.
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