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El modelo de gestión de residuos de Macri provocará que la Ciudad siga contaminando en el conurbano

Buenos Aires, Argentina — Greenpeace consideró que el pliego para la licitación del nuevo servicio de recolección de residuos sólidos urbanos que impulsa el Gobierno porteño provocará que la Ciudad de Buenos Aires siga siendo uno de los principales contaminadores del conurbano bonaerense y no cumple con las metas de reciclaje establecidas en la ley vigente de Basura Cero.

“Aprobar este pliego convertirá a esta Legislatura en responsable de las enfermedades y del daño ambiental que se generará”, sostuvo María Eugenia Testa, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, al presentar esta mañana la posición de la organización, en el marco de la audiencia pública para discutir el proyecto de contrato de concesión que impulsa la administración de Mauricio Macri.

En los fundamentos de su presentación, Greenpeace consideró este miércoles que el pliego está “dedicado exclusivamente a la recolección y el enterramiento masivo de residuos sin ninguna diferenciación” y destacó que no incluye sistema alguno de reciclado o recuperación de residuos sólidos urbanos (RSU).

“Cumplir con la Ley 1854 (de Basura Cero) implica que el servicio de Higiene Urbana contemple una disposición inicial y una recolección diferenciada. Sin implementarse este sistema no hay ninguna chance para el cumplimiento de las metas de reducción en las toneladas enviadas a rellenos”, sostuvo Testa.



Greenpeace consideró también que la aplicación del modelo que propone el pliego significa “perpetuar un sistema que genera un pasivo ambiental” y “un legado tóxico para las comunidades vecinas a la Ciudad de Buenos Aires”.

Además, destacó que “el pliego no ha sido diseñado en base a la dinámica que requiere el cumplimiento de la Ley 1854, que establece metas progresivas de reducción de RSU que son enviados a rellenos sanitarios”.

“No puede establecerse un criterio de facturación para la prestación del Servicio de Higiene Urbana que plantee una contradicción estructural con la Ley de Gestión Integral de RSU y atente contra las metas de reducción comprometidas”, agregó Testa.

Para Greenpeace, el criterio de facturación avalado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público implica: colocar la lógica de ganancia de las empresas en contra de los objetivos de reducción en la generación y enterramiento de RSU establecidos en la Ley 1854; atentar contra cualquier intento de recuperación y reciclado; perpetuar por 10 años un sistema de recolección y entierro masivo de RSU en rellenos sanitarios y una contradicción entre un sistema de recuperación y reciclado y el servicio prestado por las empresas.

“El negocio de todas las empresas que participan en el sistema de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Buenos Aires debe ser coherente con los objetivos de la Ley 1854. Es obligación del Gobierno de la Ciudad y de la Legislatura de la Ciudad diseñar un esquema de incentivos y castigos que coloque a las empresas en un rol positivo para el cumplimiento de la Ley”, concluyó Testa.

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