Economía Por Juan Manuel Barca
Jueves 16 de Octubre de 2014 11:16:00
El modelo sufre "fuego amigo": llega ola de reclamos de los propios sindicalistas K por salarios y Ganancias
16-10-2014 El sector gremial menos pensado, aquel en el que la Presidenta depositó sus expectativas para garantizar la "paz social", amenaza con elevar la conflictividad. Esto ocurre en un contexto en el que se multiplican las suspensiones y despidos. Cuadro de situación, sector por sector
El Gobierno enfrenta una situación incómoda. Mientras la CGT de Hugo Moyano se aleja de las calles, los gremios oficialistas comenzaron a romper el cascarón con un combo de reclamos que incluye un alivio en Ganancias, bonos de fin de año, reapertura de paritarias y la defensa del empleo.
Frustrado por el ninguneo oficial, el sindicalismo K se hizo eco en los últimos días del creciente malestar en los trabajadores por el deterioro de la actividad económica. En algunos casos, fue traducido en críticas a la política económica y en otros se manifestó además en el lanzamiento de protestas "light".
Así, el sector gremial menos pensado, en el que la Presidenta depositó expectativas para garantizar la "paz social", amenaza con quebrar la convivencia con el Gobierno y arrebatarle la iniciativa al camionero.
Moyano oficializó su tregua con las autoridades la semana pasada al anunciar el congelamiento de eventuales medidas de fuerza, tras llevar adelante dos paros en lo que va del año.
En una señal del reacomodamiento que está viviendo el mundo gremial, ahora el titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, llevará al Congreso una iniciativa para elevar el mínimo no imponible a $35.000, por encima del piso propuesto en los 60 proyectos presentados hasta ahora, incluido el del diputado sindical Facundo Moyano y el de su par del Frente Renovador, Héctor Daer.
"Hacemos la petición que nos hacen los trabajadores", aseguró a iProfesional uno de los principales sindicalistas que participó de la discusión en la cúpula de la UOM.
La propuesta incluye un cambio en las escalas que se mantienen desactualizadas desde 1999. Al estar congeladas y aumentar los sueldos en términos nominales, los asalariados pagan cada vez alícuotas más altas (de entre 23 y 35 por ciento). La intención de gremio es corregir la "distorsión" y que abonen las tasas más bajas (de entre 9 y 11 por ciento).
Los metalúrgicos no descartan acompañar la presentación con una ruidosa movilización de las 52 seccionales bonaerenses de la UOM. Aunque es poco probable que saquen los pies del plato, de concretarse, sería la primera manifestación encabezada por el gremio desde que se partió la central obrera en tres fracciones y una demostración de fuerza hacia la Rosada, que rechazó cualquier posibilidad de modificar el gravamen en lo inmediato.
"La Presidenta ha hablado sobre las escalas (del mínimo no imponible), pero este no es el momento; hoy es un tiempo donde los recursos son absolutamente necesarios para sostener las políticas activas. Se trata de una cierta redistribución, y si queremos tener el plan Progresar necesitamos mantener el Impuesto a las Ganancias", afirmó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Ese no es el único tema que preocupa a los aliados del Gobierno. Caló también impulsa el pedido de un plus de fin de año de entre $3.000 y $6.000.
El mismo reclamo levantan la Unión Docentes Argentinos y el Sindicato de la Industria de la Alimentación, dos gremios encolumnados en la central oficial que buscan paliar la "desactualización de los salarios por la inflación".
Pero la respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El secretario de Comercio, Augusto Costa, descartó este miércoles el pago de un bono de fin de año y aseguró que "no hubo una pérdida del salario real".
La CGT cercana al kirchnerismo viene de un año en el que fracasaron casi todas sus tentativas de obtener alguna concesión del Ejecutivo a través del diálogo. Con excepción de una limitada suma de fondos para las obras sociales, no pudo avanzar con la agenda sindical. Desde la otra vereda y con paros de por medio, el mismo derrotero recorrió Moyano y Barrionuevo.
El cúmulo de demandas quedó expuesto en Córdoba, una de las provincias más perjudicadas por la fuerte caída de la actividad industrial. Allí, las dos CGT locales se anticiparon a Caló y en los últimos días realizaron movilizaciones testimoniales para reclamar un bono de fin de año, la reapertura de paritarias y la defensa de los puestos de trabajo.
La dirigencia fue recibida por el gobernador José De La Sota, pero se fueron de la reunión con las manos vacías, en línea con la situación general que enfrenta el gremialismo.
Dilema sindical
La amenaza de salir a la calle por parte de los sindicatos oficialistas refleja el dilema en el que se encuentran atrapadas sus conducciones gremiales.
Por un lado se ven obligadas a canalizar el descontento que surge en los lugares de trabajo. Pero, al mismo tiempo,se esmeran en cumplir el acuerdo tácito de "paz social" al que se comprometieron con las autoridades, a cambio de ser reconocidos como interlocutores del Estado, sobre todo en momentos en los que comienza a definirse el escenario electoral de cara al 2015.
En esa "delgada línea roja" se mueven los gremios de la industria, afectados por la merma de la actividad a lo largo y ancho del país. En sólo una semana se conocieron 1.200 suspensiones en la terminal bonaerense de Peugeot, 1.070 en IMPSA en la provincia de Mendoza y unos 37 despidos en la autopartista Valeo en Córdoba.
En mayo pasado, la UOM cordobesa presentó un proyecto en la legislatura provincial para declarar la "emergencia laboral" y propone aplicar de oficio los procedimientos preventivos de crisis previstos por ley "en todos los casos en que se verifique la existencia de suspensiones, reducciones de la jornada laboral o despidos por causas económicas, falta o disminución de trabajo a la totalidad o parte de su personal".
La propuesta apunta a que las empresas demuestren que enfrentan una situación de crisis antes de tomar cualquier medida, pero las comisiones internas opositoras se resisten a su aplicación por considerarla una carta blanca para realizar un ajuste con aval de las autoridades.
Con todo, el propio Caló se hizo eco de la iniciativa y pidió replicarla en la industria electrónica de Tierra del Fuego, ante la inminente pérdida de unos 4.000 puestos por la caída de los contratos a fin de año en las fábricas de Río Grande y Ushuaia.
La noticia terminó de tensar el clima social que se vive en la provincia, donde ya se eliminaron 4.000 empleos en el año y una manifestación de los metalúrgicos fue a golpear las puertas del propio gremio en junio pasado.
En respuesta, el gobierno nacional, la provincia y la UOM implementaron subsidios por tres meses para más de 2.000 trabajadores afectados por los contratos temporales.
Sin embargo, la calma duró poco y ahora la CTA, SUTEF (Docentes), SIPROSA (Salud), ATE (Estatales) y AFEP (Empleados Públicos) anunciaron un paro de 24 horas para el próximo jueves, por mejoras salariales y contra la "precarización" y el "ajuste".
En la rama siderúrgica, también se palpa el malestar. Desde la UOM afirman que Techint volvió a aplicar este año la suba negociada en paritarias a un solo ítem del básico, mientras que el gremio pide que se extienda a los 17 que componen la remuneración.
En tanto, los operarios de Acindar hicieron un quite de colaboración a fines de septiembre para reclamar un alivio en Ganancias. Fue la primera medida de fuerza tomada en cuatro años en la planta siderúrgica de Villa Constitución.
Por otra parte, los metalmecánicos de SMATA se declararon en estado de alerta hace dos semanas ante la decisión de FIAT de no renovarle el contrato a dos concesionarios y poner en riesgo 400 puestos de trabajo.
Aunque no pasó de una declaración, el gesto dejó en evidencia el margen cada vez más acotado de los gremios para hacer equilibrio entre las quejas de sus afiliados y los pedidos de la Presidenta de "cuidar el empleo", que son interpretados por los gremios amigos como un llamado a la moderación.
Pese a todo, lo cierto es que el recurso de las suspensiones no impidió la pérdida de empleos. Sólo en la terminal de Volkswagen ubicada en Pacheco fueron eliminados 900 puestos entre pre-jubilaciones, retiros voluntarios y despidos, según fuentes gremiales.
Ganancias
Menos impasibles, los bancarios retoman este jueves las protestas que iniciaron en mayo, como parte de un plan de acción que contempla un paro el 15 de octubre y tiene como objetivo principal un alivio en el Impuesto a las Ganancias.
Ahora alineado al Gobierno, el gremio se abrió el año pasado de la CGT liderada por Moyano. Pero los conflictos en varias entidades financieras pusieron en alerta a la conducción encabezada por Sergio Pallazzo.
Otro sector que amenaza con romper la paz social es el de los petroleros del sur, liderados por Guillermo Pereyra, un aliado del camionero.
En medio de la discusión de la Ley de Hidrocarburos, el senador neuquino y titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, denunció que el impuesto "se lleva el 35%" del salario y advirtió que la región está "al borde de un gran conflicto social".
"Hay un clima de conflictividad latente, reclaman a sus dirigentes medidas de acción, quieren ir a la pelea, ya no quieren hacer horas extras porque se las lleva el Estado", dijo Pereyra, para luego alertar: "Somos el dique de contención, ante el gran conflicto que se está viniendo desde el Sur".
Jueves 16 de Octubre de 2014 11:16:00
El modelo sufre "fuego amigo": llega ola de reclamos de los propios sindicalistas K por salarios y Ganancias
16-10-2014 El sector gremial menos pensado, aquel en el que la Presidenta depositó sus expectativas para garantizar la "paz social", amenaza con elevar la conflictividad. Esto ocurre en un contexto en el que se multiplican las suspensiones y despidos. Cuadro de situación, sector por sector
El Gobierno enfrenta una situación incómoda. Mientras la CGT de Hugo Moyano se aleja de las calles, los gremios oficialistas comenzaron a romper el cascarón con un combo de reclamos que incluye un alivio en Ganancias, bonos de fin de año, reapertura de paritarias y la defensa del empleo.
Frustrado por el ninguneo oficial, el sindicalismo K se hizo eco en los últimos días del creciente malestar en los trabajadores por el deterioro de la actividad económica. En algunos casos, fue traducido en críticas a la política económica y en otros se manifestó además en el lanzamiento de protestas "light".
Así, el sector gremial menos pensado, en el que la Presidenta depositó expectativas para garantizar la "paz social", amenaza con quebrar la convivencia con el Gobierno y arrebatarle la iniciativa al camionero.
Moyano oficializó su tregua con las autoridades la semana pasada al anunciar el congelamiento de eventuales medidas de fuerza, tras llevar adelante dos paros en lo que va del año.
En una señal del reacomodamiento que está viviendo el mundo gremial, ahora el titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, llevará al Congreso una iniciativa para elevar el mínimo no imponible a $35.000, por encima del piso propuesto en los 60 proyectos presentados hasta ahora, incluido el del diputado sindical Facundo Moyano y el de su par del Frente Renovador, Héctor Daer.
"Hacemos la petición que nos hacen los trabajadores", aseguró a iProfesional uno de los principales sindicalistas que participó de la discusión en la cúpula de la UOM.
La propuesta incluye un cambio en las escalas que se mantienen desactualizadas desde 1999. Al estar congeladas y aumentar los sueldos en términos nominales, los asalariados pagan cada vez alícuotas más altas (de entre 23 y 35 por ciento). La intención de gremio es corregir la "distorsión" y que abonen las tasas más bajas (de entre 9 y 11 por ciento).
Los metalúrgicos no descartan acompañar la presentación con una ruidosa movilización de las 52 seccionales bonaerenses de la UOM. Aunque es poco probable que saquen los pies del plato, de concretarse, sería la primera manifestación encabezada por el gremio desde que se partió la central obrera en tres fracciones y una demostración de fuerza hacia la Rosada, que rechazó cualquier posibilidad de modificar el gravamen en lo inmediato.
"La Presidenta ha hablado sobre las escalas (del mínimo no imponible), pero este no es el momento; hoy es un tiempo donde los recursos son absolutamente necesarios para sostener las políticas activas. Se trata de una cierta redistribución, y si queremos tener el plan Progresar necesitamos mantener el Impuesto a las Ganancias", afirmó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Ese no es el único tema que preocupa a los aliados del Gobierno. Caló también impulsa el pedido de un plus de fin de año de entre $3.000 y $6.000.
El mismo reclamo levantan la Unión Docentes Argentinos y el Sindicato de la Industria de la Alimentación, dos gremios encolumnados en la central oficial que buscan paliar la "desactualización de los salarios por la inflación".
Pero la respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El secretario de Comercio, Augusto Costa, descartó este miércoles el pago de un bono de fin de año y aseguró que "no hubo una pérdida del salario real".
La CGT cercana al kirchnerismo viene de un año en el que fracasaron casi todas sus tentativas de obtener alguna concesión del Ejecutivo a través del diálogo. Con excepción de una limitada suma de fondos para las obras sociales, no pudo avanzar con la agenda sindical. Desde la otra vereda y con paros de por medio, el mismo derrotero recorrió Moyano y Barrionuevo.
El cúmulo de demandas quedó expuesto en Córdoba, una de las provincias más perjudicadas por la fuerte caída de la actividad industrial. Allí, las dos CGT locales se anticiparon a Caló y en los últimos días realizaron movilizaciones testimoniales para reclamar un bono de fin de año, la reapertura de paritarias y la defensa de los puestos de trabajo.
La dirigencia fue recibida por el gobernador José De La Sota, pero se fueron de la reunión con las manos vacías, en línea con la situación general que enfrenta el gremialismo.
Dilema sindical
La amenaza de salir a la calle por parte de los sindicatos oficialistas refleja el dilema en el que se encuentran atrapadas sus conducciones gremiales.
Por un lado se ven obligadas a canalizar el descontento que surge en los lugares de trabajo. Pero, al mismo tiempo,se esmeran en cumplir el acuerdo tácito de "paz social" al que se comprometieron con las autoridades, a cambio de ser reconocidos como interlocutores del Estado, sobre todo en momentos en los que comienza a definirse el escenario electoral de cara al 2015.
En esa "delgada línea roja" se mueven los gremios de la industria, afectados por la merma de la actividad a lo largo y ancho del país. En sólo una semana se conocieron 1.200 suspensiones en la terminal bonaerense de Peugeot, 1.070 en IMPSA en la provincia de Mendoza y unos 37 despidos en la autopartista Valeo en Córdoba.
En mayo pasado, la UOM cordobesa presentó un proyecto en la legislatura provincial para declarar la "emergencia laboral" y propone aplicar de oficio los procedimientos preventivos de crisis previstos por ley "en todos los casos en que se verifique la existencia de suspensiones, reducciones de la jornada laboral o despidos por causas económicas, falta o disminución de trabajo a la totalidad o parte de su personal".
La propuesta apunta a que las empresas demuestren que enfrentan una situación de crisis antes de tomar cualquier medida, pero las comisiones internas opositoras se resisten a su aplicación por considerarla una carta blanca para realizar un ajuste con aval de las autoridades.
Con todo, el propio Caló se hizo eco de la iniciativa y pidió replicarla en la industria electrónica de Tierra del Fuego, ante la inminente pérdida de unos 4.000 puestos por la caída de los contratos a fin de año en las fábricas de Río Grande y Ushuaia.
La noticia terminó de tensar el clima social que se vive en la provincia, donde ya se eliminaron 4.000 empleos en el año y una manifestación de los metalúrgicos fue a golpear las puertas del propio gremio en junio pasado.
En respuesta, el gobierno nacional, la provincia y la UOM implementaron subsidios por tres meses para más de 2.000 trabajadores afectados por los contratos temporales.
Sin embargo, la calma duró poco y ahora la CTA, SUTEF (Docentes), SIPROSA (Salud), ATE (Estatales) y AFEP (Empleados Públicos) anunciaron un paro de 24 horas para el próximo jueves, por mejoras salariales y contra la "precarización" y el "ajuste".
En la rama siderúrgica, también se palpa el malestar. Desde la UOM afirman que Techint volvió a aplicar este año la suba negociada en paritarias a un solo ítem del básico, mientras que el gremio pide que se extienda a los 17 que componen la remuneración.
En tanto, los operarios de Acindar hicieron un quite de colaboración a fines de septiembre para reclamar un alivio en Ganancias. Fue la primera medida de fuerza tomada en cuatro años en la planta siderúrgica de Villa Constitución.
Por otra parte, los metalmecánicos de SMATA se declararon en estado de alerta hace dos semanas ante la decisión de FIAT de no renovarle el contrato a dos concesionarios y poner en riesgo 400 puestos de trabajo.
Aunque no pasó de una declaración, el gesto dejó en evidencia el margen cada vez más acotado de los gremios para hacer equilibrio entre las quejas de sus afiliados y los pedidos de la Presidenta de "cuidar el empleo", que son interpretados por los gremios amigos como un llamado a la moderación.
Pese a todo, lo cierto es que el recurso de las suspensiones no impidió la pérdida de empleos. Sólo en la terminal de Volkswagen ubicada en Pacheco fueron eliminados 900 puestos entre pre-jubilaciones, retiros voluntarios y despidos, según fuentes gremiales.
Ganancias
Menos impasibles, los bancarios retoman este jueves las protestas que iniciaron en mayo, como parte de un plan de acción que contempla un paro el 15 de octubre y tiene como objetivo principal un alivio en el Impuesto a las Ganancias.
Ahora alineado al Gobierno, el gremio se abrió el año pasado de la CGT liderada por Moyano. Pero los conflictos en varias entidades financieras pusieron en alerta a la conducción encabezada por Sergio Pallazzo.
Otro sector que amenaza con romper la paz social es el de los petroleros del sur, liderados por Guillermo Pereyra, un aliado del camionero.
En medio de la discusión de la Ley de Hidrocarburos, el senador neuquino y titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, denunció que el impuesto "se lleva el 35%" del salario y advirtió que la región está "al borde de un gran conflicto social".
"Hay un clima de conflictividad latente, reclaman a sus dirigentes medidas de acción, quieren ir a la pelea, ya no quieren hacer horas extras porque se las lleva el Estado", dijo Pereyra, para luego alertar: "Somos el dique de contención, ante el gran conflicto que se está viniendo desde el Sur".