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El pacto del gobierno K con la Corte Suprema y viceversa


Ricardo Lorenzetti


El gobierno, a último momento, cedió el manejo del presupuesto del Poder Judicial a la Corte Suprema, cuando el proyecto de reforma de la Justicia (que ya había votado el Senado) preveía que recayera en el Consejo de la Magistratura. Este giro político descomunal ha sido minimizado tanto por la prensa oficial (que intenta encubrir al gobierno) como por la opositora (que no sabe si es una concesión del oficialismo o si, por el contrario, es un toma y daca para que la Corte se convierta en ‘cortesana’).

El recule del kirchnerismo, sin embargo, es inconfundible y, por sobre todo, comprensible. El traspaso del presupuesto del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura era consecuente con el propósito declarado del gobierno de que el control de la Justicia quedara a cargo del organismo elegido por el sufragio popular. El recule convierte a esta soberanía popular sobre la Justicia en un verso. En esa misma línea se encuentra la segunda concesión hecha por el oficialismo, que mantiene la designación de los secretarios de los juzgados a cargo (a dedo) de los propios jueces. El resultado es que la “democratización de la justicia” perpetúa el gobierno de las camarillas judiciales.

De acuerdo con muchas versiones, los jueces de la Corte habían comunicado al gobierno la decisión de renunciar en pleno si, finalmente, eran privados del manejo del presupuesto judicial. Si esto es cierto, estamos ante un golpe de estado judicial. Aporta a la verosimilitud de esta versión la amenaza pública de renuncia por parte del presidente de la Corte, Lorenzetti, en caso de que el gobierno canjease los ‘ahorros’ -de unos 5.000 millones de pesos- que tiene el Poder Judicial por un bono de deuda emitido por el Tesoro. A Lorenzetti no se le pasó por la cabeza renunciar cuando el gobierno se quedó y se sigue quedando con los fondos de la Anses y del Banco Nación a cambio de bonos que no piensa pagar jamás (‘pagadios’).

La Corte Suprema, cabeza política de la corporación judicial, ha impuesto su salida mediante una extorsión. Esto avizora un mal pronóstico para el kirchnerismo: a cambio del copamiento del Consejo de la Magistratura, que de todos modos será cuestionado en sede judicial, los K han entregado el ciento por ciento del cuerpo político de la reforma.

Ha quedado al desnudo un conflicto de poderes, cuyo primer turno ha sido ganado por la corporación judicial -en definitiva, los estudios de abogados que trabajan para las mayores corporaciones capitalistas. Esto tiene lugar cuando una parte de la oposición va por la yugular del oficialismo, Julio de Vido, en la ofensiva contra el lavado de dinero de Lázaro Báez.

La estabilidad política marcha por un camino de cornisa.



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