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El plan de Cristina y Kicillof para armar un banco central

Cristina Kirchner y Axel Kicillof podrían tener algo de alivio en el complejísimo escenario en el que está metido el país por el default. Es que el cambio de la sede de pago de los bonistas reestructurados y la desconfianza que eso genera en los acreedores, podría abrir la puerta para una nueva fuente de financiamiento.



La maniobra que planean en el Ministerio de Economía es, en realidad, el fruto de un fracaso. En la Rosada todos saben que el cambio del agente de pago de la deuda no será exitoso. Aún así, de acuerdo a lo que establece la ley aprobada la semana pasada en el Congreso, el 30 de septiembre el Gobierno deberá depositar en la cuenta de Nación Fideicomisos unos u$s200 millones correspondientes al vencimiento de los bonos Par en dólares.

Esos u$s200 millones quedarán a la espera de que los acreedores acepten el cambio de jurisdicción de pago. En el mercado imaginan que la mayoría de los bonistas no aceptará cobrar en Buenos Aires. En el caso de los fondos de inversión no lo aceptarán aunque quieran ya que su propia normativa les impide cobrar fuera de determinadas plazas. Además, la Corte de Apelaciones de Nueva York ordenó que nadie puede apoyar al país a eludir el fallo de Griesa. Es decir, la mayor parte del dinero quedará inmovilizada.

Ese monto se irá incrementando con el correr de los meses a partir de los nuevos vencimientos, si es que Economía sigue depositando los fondos. En meses de angustia por la falta de dólares, el Gobierno tendrá al alcance de la mano una caja de billetes más que tentadora. Es por eso que algunos ya están pensando en el vericueto legal para poder echar mano de esos fondos.

Aunque los fideicomisos financieros están destinados a una acción específica y por regla general no se podrían tomar los fondos para un destino diferente, especialistas advirtieron a LPO que la normativa argentina podría abrir la puerta para que el agente fiduciario (Nación Fideicomisos S.A.) decida invertir el dinero para que no pierda valor.

Que el patrimonio del beneficiario no se desvalorice es una de las obligaciones del agente fiduciario, por lo que la excusa para invertir los fondos si se mantienen congelados estaría al alcance de la mano. La forma más sencilla sería financiar al Estado.

Hay un dato clave para entender por qué Kicillof tendría facilidad para ejecutar su plan y es que Nación Fideicomisos S.A. es manejado por Enrique Arceo, un economista que le responde. En los papeles, la decisión no sería del Gobierno sino del agente, en teoría privado. Pero si el agente fiduciario fuese verdaderamente un privado, difícilmente el ministro podría disponer fácilmente de esos fondos.

Otra posibilidad, explicada a LPO por un abogado especialista, es que el Gobierno modifique la ley de pago soberana, algo que no sería muy complejo, para disponer de los fondos. Sería una alternativa más compleja ya que derrumbaría el relato del oficialismo acerca del no default. En ambos casos, el riesgo son las acciones judiciales que podría enfrentar Nación Fideicomisos.

Con esos fondos al alcance de la mano, Kicillof se armaría de una especie de banco central paralelo, justo en momentos en que la entidad que dirige Juan Carlos Fábrega está al límite de lo que puede financiar al Gobierno. Por eso, una de las opciones es que los fondos sean prestados para engrosar reservas.

Hay quienes sospechan que en realidad la maniobra de Kicillof fue pensada de antemano, a sabiendas de que fracasaría el cambio de la sede de pago. De lo contrario, los fondos podrían haber sido depositados en una cuenta custodia o alguna otra modalidad que garantice que los fondos queden inmovilizados.

Eso explicaría también que el Gobierno haya hecho tan poco para seducir a los bonistas reestructurados, algo que causó sorpresa en los mercados. Argentina podría haber convocado a una asamblea a fin de reunir un porcentaje de acreedores dispuestos a aceptar el cambio de legislación y hasta la renuncia de la cláusula RUFO, pero nunca se eligió ese camino.
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