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el poderoso Brasil se expande por la debil sudamerica

¿Hacia un subimperialismo brasileño?

Plantación de soja de dueños brasileños en Paraguay. (Norberto Duarte/AFP/Getty Images)
Plantación de soja de dueños brasileños en Paraguay.

En tanto el liderazgo de Brasil se consolida en América del Sur, aumenta la preocupación de sus vecinos. Algunos autores creen que Brasilia está promoviendo políticas subimperialistas y que grandes multinacionales como Vale, Petrobras o Camargo Corrêa están ayudando a expandir esa nueva hegemonía.

Desde que, en la última década, Brasil se ha consolidado como potencia hegemónica en Sudamérica, se han escrito ríos de tinta sobre las implicaciones de ese liderazgo para sus vecinos, en especial para los más pobres, como Paraguay y Bolivia. Ya en los 70, el teórico brasileño Ruy Mauro Marini habló de “subimperialismo brasileño” en el contexto de la dinámica centro-periferia. Marini sostenía que el equipo tecnocrático-militar que asumió el poder tras el golpe militar de 1964 poseía un “proyecto político” que implicaba la “construcción de un área de influencia y vigilancia en la región” bajo la égida de Washington. Medio siglo después, y tras doce años de gobiernos progresistas con Lula da Silva y Dilma Rousseff, las elites económicas del país, tanto la tradicional clase terrateniente como la próspera burguesía industrial de São Paulo, son más poderosas que nunca y cuentan con el firme apoyo del aparato estatal. Mientras tanto, en los países vecinos pero también en el mismo Brasil, intelectuales de izquierdas y movimientos sociales comienzan a preguntarse si ciertas políticas impulsadas por Brasilia son coherentes con un discurso oficial plagado de referencias a la integración regional y la buena vecindad.

La geopolítica americana ha cambiado mucho en las dos últimas décadas. Los expertos coinciden en que Latinoamérica ha dejado de ser el patio trasero de Estados Unidos y, aunque México conserva su influencia en América Central y el Caribe, Brasil ha consolidado su liderazgo en América del Sur. En su reciente ensayo Brasil Potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo, el intelectual uruguayo Raúl Zibechi sostiene que “el ascenso de Brasil al rango de potencia es un proceso irreversible y conflictivo”, si bien “aún no sabemos si el Brasil Potencia se convertirá en un nuevo imperialismo”. Algo sí parece evidente: el país no aspira apenas al liderazgo regional, sino a jugar un rol destacado en el tablero global del siglo XXI. Se trata, añade Zibechi, de un “desafío inédito”: es la primera vez que emerge una potencia intrarregional en América Latina.

Ese ascenso de Brasil se sostiene sobre la alianza entre las elites brasileñas y el aparato estatal, alianza que, paradójicamente, se ha fortalecido desde la llegada al poder del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, en 2002. Al contrario que en otros países de la región, la burguesía brasileña tiene un claro proyecto político y ha obtenido el apoyo del lulismo para llevarlo a cabo: “busca un reposicionamiento ventajoso de Brasil en la división internacional del trabajo”, señala Zibechi, y eso se traduce en una “concentración y centralización del capital para competir fuera de sus fronteras”. En otras palabras, ha calado la idea de que, para tener algo que decir en el tablero global, un país debe ser sede de fuertes compañías transnacionales. Y desde ese convencimiento ha desplegado el Palacio del Planalto (sede del poder Ejecutivo) una estrategia de internacionalización de las empresas brasileñas, con dos destinos preferenciales: los países vecinos sudamericanos y, cada vez más, África Occidental.

Si con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso se acometieron los procesos de privatización de las empresas públicas, con Lula esas empresas se concentraron y fusionaron, para después lanzarse fuera de las fronteras brasileñas. Algunas de esas firmas son ya líderes mundiales: la minera Vale do Rio Doce, la petrolera Petrobras, las constructoras Odebrecht y Camargo Corrêa. La inversión extranjera directa (IED) de multinacionales brasileñas en el exterior supone unos 190 mil millones de dólares (unos 147 mil millones de euros) según una investigación del Instituto Brasileño de Relaciones Internacionales; la suma es equiparable a los PIB de Ecuador, Uruguay, Bolivia y Paraguay, juntos. Y, en 2011, las transnacionales brasileñas repatriaron 21.200 millones de dólares, el equivalente al PIB paraguayo.

El papel del BNDES

La dirección estatal fue clave en ese proceso: el Gobierno promovió concentraciones y fusiones, como la creación de Brasil Foods en 2009, a partir de la fusión de las dos mayores empresas brasileñas del sector alimentario: Sadia y Perdigão. Aunque el factor más importante ha sido el firme apoyo a los procesos de internacionalización favorecido por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social brasileño, el BNDES. Convertido por Lula en la principal herramienta para la dirección de la economía brasileña, el BNDES ha visto cómo se multiplicaba por diez su presupuesto en trece años: de 11.000 millones de dólares en 1997 a 100.000 millones en 2010, o lo que es lo mismo, un 7% del PIB brasileño.

La promoción de proyectos extractivos e infraestructuras a cargo de las grandes empresas brasileñas ha sido un objetivo fundamental del BNDES, que es uno de los principales financiadores de los corredores IIRSA, la iniciativa regional para mejorar e integrar las infraestructuras en el continente. La apuesta de Lula ha sido por la financiación de proyectos fuera de las fronteras brasileñas: el presupuesto del BNDES para esta partida aumentó un 1.185% entre 2001 y 2010.

Las represas tienen aquí un lugar privilegiado, por cuanto el abastecimiento energético es una cuestión estratégica para Brasil. Existen alrededor de 150 proyectos de centrales hidroeléctricas en la Amazonia andina y muchas de ellas serán financiados por el BNDES, construidas por empresas brasileñas y destinadas a la exportación de energía a Brasil. Perú firmó en 2010 un acuerdo con Brasil para la construcción de cinco centrales hidroeléctricas que supondrán conjuntamente una capacidad de 6.673 MW, en un país que consume alrededor de 5.000 MW. El 90% de esa energía, previsiblemente, se exportará a Brasil. Las obras estarán a cargo de Electrobras y beneficiarán también a Odebrecht, OAS y Andrade Gutierrez. No participarán empresas peruanas y, dado que Brasil será el principal comprador de esa energía, es probable que pueda negociar precios favorables, apunta Zibechi. Además, algunos de esos proyectos han provocado procesos de resistencia entre las poblaciones afectadas: es el caso de la represa de Inambari, que requería del desplazamiento forzoso de 15.000 personas.

Algunos intelectuales y periodistas han alertado del riesgo de que suceda con estas represas algo parecido que lo que sucedió con la central hidroeléctrica binacional de Itaipú, que, en la frontera entre Brasil y Paraguay, es la segunda mayor del mundo. Es también, para algunos, un ejemplo de la lógica del subimperialismo: el leonino tratado de Itaipú, firmado en 1973, en tiempos de dictaduras militares, obligaba a Paraguay a vender a Brasil la energía que no necesita -usa apenas el 4% de la energía generada- a un precio muy por debajo del mercado, y ese montante terminaba casi absorbido por el pago de la deuda que Paraguay contrajo con Brasil por la construcción de la represa. Aunque las condiciones mejoraron para Paraguay con el nuevo acuerdo firmado en 2011, Itaipú sigue provocando una sensación de injusticia que contribuye a fraguar la imagen de un Brasil imperialista en el país vecino, donde la soja, que ocupa el 60% de la superficie cultivable, está en manos de los hacendados brasileños, propietarios del 80% de este recurso.

En Ecuador, la confrontación ha sido directa. El Gobierno de Rafael Correa se enfrentó a la multinacional Odebrecht por la represa de San Francisco, financiada también por el BNDES. La central tuvo fallos en las turbinas que provocaron la paralización de la represa apenas un año después de su inauguración. Como en muchos otros proyectos, el crédito lo recibía directamente la empresa, pero la deuda se quedaba para el Estado ecuatoriano. Además, el consorcio empresarial se había blindado por contrato de cualquier responsabilidad por daños, por lo que Quito debía asumir las pérdidas. Correa decidió expulsar a la multinacional; su entonces homólogo, Lula, y el canciller, Celso Amorim, defendieron la postura de la empresa, que es, por cierto, uno de los mayores donantes de las campañas electorales del PT.

Pero el BNDES no sólo ha financiado obras e infraestructuras, sino también la expansión en el extranjero de empresas como JBS S.A., líder mundial en el sector del procesamiento de carne. El banco ha sufrido críticas por prestar dinero público a grandes transnacionales a intereses por debajo del mercado. El pasado mes de octubre, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) cuestionó que el BNDES esté dejando fuera de los mercados de crédito corporativo a los prestamistas privados y sugirió al Gobierno de Rousseff que retire su apoyo a la entidad.

Las “cuatro hermanas”

Entre las principales beneficiarias de la financiación del BNDES están las constructoras conocidas como las “cuatro hermanas”: Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Andrade. Aunque en los últimos años han diversificado sus actividades, que hoy abarcan desde la petroquímica y el agronegocio hasta la moda, la construcción civil y las infraestructuras siguen siendo su más lucrativo negocio. Todas ellas mantienen una estrecha relación con gobiernos de diverso color político, entre otras cosas, por ser los mayores financiadores de las campañas electorales. Baste un ejemplo: Odebrecht aportó 11 de los 17 millones de reales recaudados por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un partido de ideología difusa que desde 2002 sostiene la delicada mayoría del PT en el Congreso y el Senado.

Las “cuatro hermanas” han sido las más beneficiadas por las obras asociadas al Mundial de Fútbol y lo serán también de los Juegos Olímpicos que Rio de Janeiro albergará en 2016. A través de diversos consorcios, se han repartido los 30.000 millones de reales (casi mil millones de euros) que representan las diez mayores inversiones de los megaeventos. Mientras, los movimientos sociales gritaban en las calles que un país con el hábitat de infraestructuras básicas que tiene Brasil, desde la vivienda hasta el alcantarillado pasando por los hospitales, no debería gastar el dinero de los contribuyentes en construir estadios de fútbol. Tampoco han faltado los escándalos: el Ministerio de Trabajo ha encontrado obreros en condiciones análogas a la esclavitud en las obras de la represa de Jiraú, un proyecto financiado por el BNDES y desarrollado por un consorcio en el que figura Camargo Corrêa, y en las obras de ampliación del aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo. También abundan las acusaciones por cartelización y sobrefacturación, como en el caso de las obras de rehabilitación ambiental de la Bahía de Jacarepaguá en Rio de Janeiro.
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