El secretario antidrogas habilitaria el consumo de drogas



El sacerdote Juan Carlos Molina, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) propuso ayer no criminalizar al consumidor de sustancias ilegales. “ Yo habilitaría el consumo de todo y abriría centros (de contención y asistencia para adictos), pero estamos hablando de la no criminalización. Hay que legalizar lo que hoy es ley, una ley de hecho”, apuntó y se sumó al debate sobre la tenencia de drogas para consumo personal. Molina ingresó a la Cámara de Diputados una serie de proyectos que buscan modificar la Ley de Estupefacientes y regular la publicidad de alcohol y medicamentos.

“Queremos que el consumidor no vaya preso sólo por consumir. Tengo tres argumentos para pelearlo. Hoy el Estado está presente, estamos trabajando para que aquellos que consumen tengan asistencia. El segundo es la no criminalización (del consumidor de drogas prohibidas), sacarle (trabajo) a la Policía y a los juzgados, que se le agarran con el más débil. Y el tercero es económico, para que los recursos vayan donde tengan que estar”, dijo Molina en la entrevista del programa “El fin de la metáfora” que emite FM Nacional Rock.

Dijo que detener a un persona que lleva algún tipo de sustancia en pocas cantidades, detenerlo y esperar a que la Justicia actúe, es un proceso que al Estado le cuesta $ 1.200 millones al año, dinero que podría destinarse a la lucha contra el narcotráfico, que eso no sucede y “que se agarran perejiles”.

Molina está al frente de la Sedronar desde noviembre del año pasado. Informal, se destacó entre los curas de Santa Cruz por su trabajo en territorio y se convirtió en el hombre de confianza de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Con su designación, se buscó un nuevo abordaje vinculado al trabajo social. Ocho meses después de inaugurar el cargo, la Iglesia alertó ayer sobre la “creciente tolerancia social” frente al consumo de drogas y denunció la “ausencia histórica y estructural del Estado” en un comunicado al que tituló “No criminalicemos al adicto”. Molina agarró el guante.

La propuesta va en sintonía con el fallo de la Corte Suprema en el caso Arriola (ver “Qué dijo...”). Molina pretende reformar los artículos 5, 14 y 16 de Ley 23.737. El primero indica de cuatro a quince años de prisión a quien, por ejemplo, “siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación”. El 14 reprime con prisión de uno a seis años a quien tuviera drogas en su poder, y de un mes a dos años de cárcel si la tenencia es poca y para uso personal. El último artículo es el que sugiere un tratamiento de rehabilitación. Eso es lo que buscan discutir en comisión, además de la regulación de publicidades de drogas legales (ver “El alcohol...”).

“Con la criminalización pierden los sectores vulnerables ¿O vos viste algún operativo policial o judicial en alguna disco a la que asistan personas con recursos? Ahí no hay mirada. Se instaló un fantasma social que relaciona adicción con inseguridad”, reflexiona Alberto Calabrese, director en la Carrera de Especialización en Prevención y Asistencia de la Universidad Nacional de Tucumán.

Los dichos de Molina reabrieron la polémica. “Sin planes de contención y asistencia terapéutica eficientes del Estado, extendidos por todo el territorio nacional, es una irresponsabilidad alentar el consumo de drogas”, dijo jefe del bloque de diputados del Frente Renovador, el Darío Giustozzi.

Argentina está en segundo lugar en cantidad de consumidores de cocaína en Latinoamérica, después de Brasil, según un informe de 2012 sobre Control Internacional de Narcóticos de la DEA. Números locales: en 2011 la Sedronar quiso saber si para los estudiantes secundarios es fácil conseguir drogas. El 38,7% de los encuestados dijo que acceder a la marihuana es fácil y el 29,4%, respondió lo mismo sobre la cocaína.