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El TSJ o la AN, ¿quién tiene la última palabra?





Desde el 5 de enero, la oposición, por primera vez en 17 años, tiene un peso verdadero sobre al menos uno de los Poderes Públicos del Estado. Durante la campaña electoral que los llevó a hacerse con 112 curules en la Asamblea Nacional, los candidatos prometieron una serie de iniciativas que, por un lado, ayudarían a hacer frente a la crisis y, por otro, buscarían vías constitucionales para producir una transición en el Poder Ejecutivo.

Fueron muchas las promesas de cambio que hicieron crecer las esperanzas de una oposición cada vez más frustrada y que despertaron el intereses de una electorado chavista muy decepcionado que usó el voto como castigo a los graves problemas que la gestión del presidente Maduro no ha podido hacer frente. La expectativas son muy altas. Tanto que, de que no producirse pronto resultados tangibles, el costo político para la oposición puede ser muy alto.

La pregunta ahora, al comienzo de la tercera semana de sesiones y luego de una primera jugada que el chavismo se anota como triunfo (la desincorporación de los diputados de Amazonas), es si aún con la mayoría del parlamento, la oposición podrá materializar todas sus promesas. El panorama no luce tan despejado, pues las decisiones tomadas por el Poder Legislativo pueden ser vetadas por el Presidente de la República y anuladas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Es decir, en teoría, basta con el apoyo de 4 de los 7 magistrados de esa sala para obstaculizar las decisiones tomadas por la mayoría representativa, electa por el voto popular.

“Desde su primera sentencia en el año 2000, la Sala Constitucional ha afirmado que ella es el ‘último intérprete de la Constitución’, incluso, por encima del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué significa eso? Muy simple: que en la práctica, la Sala Constitucional tiene la última palabra”, aclara el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, en un texto en ProDavinci.




¿Cuándo puede la Sala Constitucional realmente llevar a juicio una ley?

“Solamente puede revisarlas en caso de inconstitucionalidad, en caso de que exista una violación clara de la Constitución. No puede hacerlo por cualquier motivo o por el contenido de la norma”, aclara el abogado constitucionalista, José Molina Vega.

En cualquier caso, si alguien impugna algún acto de la Asamblea (por ejemplo, los diputados del oficialismo), la mayoría tendrá su derecho a la defensa; se les debe oír para que expongan su criterio, y también se consulta al Fiscal del Ministerio Público, explica Molina.

Entonces, ¿qué recursos tiene la oposición para balancear las fuerzas en el TSJ?


“El poder que se le ha dado al TSJ, y a la Sala Constitucional, trae como consecuencia que es necesario modificar esa “supra” Sala Constitucional, ya que en ella se va a erigir el elemento obstaculizador que, desde el punto de vista político, va a avalar e interpretar normas de la propia Constitución que lo que buscan es impedir y trastocar la actuación de las competencias de la Asamblea Nacional”, señala Ada Raffalli, abogada y concejala de Maracaibo por el partido Un Nuevo Tiempo.

Como especialista en Derecho, Rafalli considera que “lo primero que debe hacer la Asamblea Nacional es revisar la elección de los nuevos magistrados, porque allí se irrespetaron normas y procedimientos y no se hizo la consulta con el ciudadano”.



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