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Enjuician a autoridades de mesa que desertaron

Enjuician a autoridades de mesa que desertaron
Abren 300 causas e iniciarían 1000 más
En las últimas elecciones presidenciales fue récord el índice de ausentismo de las autoridades de mesa designadas en la ciudad de Buenos Aires. Frente a ello, la justicia electoral decidió tomar medidas severas: esta vez castigará con las penas previstas por la ley, que incluyen condenas a prisión, a quienes faltaron.

La jueza María Romilda Servini de Cubría, que ya inició más de 300 causas penales y prepara otras 1000, citó a indagatoria a los primeros acusados y podría enviar a más de un desertor a la cárcel.

La pena prevista por el Código Electoral para los ausentes que no puedan justificar su inasistencia es grave: prisión de seis meses a dos años. Hasta ahora, Servini jamás la aplicó y casi no hay antecedente de condenas en el país, pero la situación podría cambiar a partir de ahora.

El fiscal electoral Felipe Di Lello, que impulsa las investigaciones, explicó a La Nacion: “Hay que cumplir con lo que manda el Código Electoral. Estamos ante una creciente desvalorización de las cargas públicas que tienen los ciudadanos para con el buen funcionamiento de la democracia y el Estado”.

Es decir, la Justicia se cansó de que los porteños no se presentaran a cumplir con su deber y de tener que hacer malabarismos para cubrir las 6500 mesas de votación. Esta vez, como medida ejemplar, aplicará penas, que seguramente no serán de cumplimiento efectivo salvo en los casos de reincidencia.

"Lamentablemente, se va perdiendo la conciencia cívica, que es fundamental en nuestro sistema", dijo el juez Alberto Dalla Vía, miembro de la Cámara Nacional Electoral, el máximo tribunal de los comicios. "Nosotros no hacemos las normas, pero tenemos que cumplirlas. Posiblemente, si la gente ve que si no concurre, la sancionan, lo va a tener en cuenta la próxima vez", afirmó.

Mientras tanto, se vuelve a analizar la posibilidad de recurrir sólo a maestros como autoridades de mesa. Lo está estudiando el Foro para la Reforma Política, que agrupa a partidos de la oposición, y es una idea que cuenta con el beneplácito del director nacional electoral, Alejandro Tullio. El funcionario advirtió, no obstante, que es la Justicia (y no el Gobierno) la responsable de la designación y del control de las autoridades (ver aparte).

En estos momentos, en el subsuelo del Palacio de los Tribunales, donde funciona el juzgado electoral, todos los días se abren entre 20 y 30 causas nuevas, y hay una oficina con cuatro empleados dedicados exclusivamente a estos expedientes.

"El trabajo es monstruoso", relató un funcionario del juzgado. "Vamos a investigar a todos los que fueron nombrados autoridades de mesa y no se presentaron."

Primera etapa

En la primera etapa, se está indagando a los notificados por medio de actas policiales; después será el turno de los que recibieron telegramas del correo.

Este grupo contempla varias categorías: cuando el telegrama lo recibió el propio destinatario, cuando lo recibió otra persona (a quién también debe citarse a declarar), cuando se le dejó el aviso y el destinatario no fue a buscar el telegrama al correo y cuando él se mudó y no informó el cambio de domicilio, a pesar de que la ley lo obliga a hacerlo.

La fiscalía de Di Lello absorbió parte del trabajo y tiene 136 investigaciones delegadas. En esas causas, se informó a los acusados que se los está investigando y se los invitó a presentarse voluntariamente a la Justicia.

En el juzgado de Servini advierten, además, que van a ser estrictos al analizar las excusaciones. Quien alegue que estaba enfermo, por ejemplo, deberá presentar una constancia de un establecimiento público. No bastará con la de su médico particular.

Servini ya había intentado castigar a los desertores de otras elecciones, pero encontró muchas dificultades tecnológicas para cruzar los datos. En el interior, donde las mesas eran menos, hubo algunos antecedentes de sanciones y este año volvieron a abrirse causas. En Neuquén se aplicaron tareas comunitarias como castigo (algo que no descarta la justicia porteña), y en el juzgado electoral de Santa Cruz tienen un antecedente de condena penal.

Todo lo contrario sucedió en las últimas elecciones para jefe de Gobierno porteño, cuando las ausencias fueron perdonadas. Los legisladores votaron una amnistía que alcanzó a los que no votaron, a las autoridades de mesa que no cumplieron con su deber y hasta a los candidatos que burlaron la ley electoral.

Votantes despreocupados

La Justicia todavía no sabe cuántos fueron los porteños convocados como autoridades que faltaron en octubre pasado (no terminó con el cruce de datos), pero no duda que nunca fueron tantos.

De las primeras investigaciones surgió incluso que hubo quienes no se presentaron como presidentes de mesa, pero fueron a votar naturalmente.

Fuentes judiciales explicaron que se habían tomado los recaudos para tener las autoridades necesarias. Se designaron tres por mesa, es decir que se libraron originalmente unos 18.000 telegramas. Como muchos volvieron rechazados, se reemplazaron con nuevas designaciones y, de todos modos, a último momento hubo que recurrir a más de 1000 empleados de Tribunales. Aún así, les costó constituir las mesas.

El 26 de octubre, a dos días de las elecciones, el 92 por ciento de las autoridades citadas había rechazado la convocatoria.

Entonces, la Corte autorizó que se llamara a funcionarios judiciales. De todos modos, se anunció formalmente que los desertores serían castigados. Los miembros de la junta electoral de la Capital -Servini de Cubría, Oscar Ameal y Marta Herrera- firmaron una resolución en la que advirtieron que los designados presidentes de mesa o suplentes deberían "cumplir con las obligaciones" que les fija el Código en tanto se mantenían "en vigor las penas previstas por el ordenamiento". De acuerdo con los resultados, la amenaza no funcionó.

Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION

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