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Escuela sin aplazos y docentes sin títulos.

A pocos días de la polémica por los cambios en los sistemas de calificación y promoción en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires, otra alarma educativa acaba de saltar. Una ley provincial aprobada el miércoles pasado permite que militantes sociales al frente de grupos de chicos de 4 y 5 años, sin formación pedagógica oficial ni título regular alguno, se conviertan en docentes con todos los derechos y obligaciones de la ley 10.579 del Estatuto Docente provincial.

Se trata de la Ley de Incorporación de la Modalidad de Escuela Comunitaria al Sistema de Educación Formal (proyecto D79413-14), una iniciativa de la diputada kirchnerista Alicia Sánchez, esposa del dirigente piquetero Luis D'Elía, que en 15 artículos tira abajo uno de los pilares básicos de la profesión docente: la existencia de títulos oficiales y trayectorias educativas que acrediten la existencia probada de conocimientos.

La ley beneficia a la militancia social de centros comunitarios que colaboran con el cuidado de chicos vulnerables de entre 45 días y 5 años. El objetivo de la norma, que todavía no fue promulgada, insiste en la línea argumental de la "inclusión", con la cual también se justificaron los cambios conocidos la semana pasada.



Normativa. Qué dice la ley del nuevo nivel inicial comunitario

El artículo 4 de la norma desarrolla los objetivos "inclusivos" respecto de los centros comunitarios, que hoy llegan a unos 350 y atienden a decenas de miles de chicos. Que den "respuestas colectivas a las necesidades educativas insatisfechas y se orienten hacia un objetivo transformador de las realidad circundante", "promuevan la inclusión social" y "propicien la praxis horizontal".

Esos centros comunitarios, con capacidad organizativa muy dispar, improvisados por la militancia social para colaborar con las familias, alcanzarán la jerarquía de "escuelas de nivel inicial" y pertenecerán al sistema de educación formal como cualquier otra institución educativa.

La regulación para las "escuelas comunitarias" en marcha presenta diferencias con las que se vayan a crear en el futuro o con la de las salas de 4 y 5 que se incorporen a las escuelas existentes a partir de la entrada en vigor de la ley. En las futuras nuevas escuelas, sólo docentes titulados podrán hacerse cargo de los chicos de 4 y 5 años. Sin embargo, la laxitud en la exigencia del título docente se mantiene para quienes ya están al frente de chicos de 45 días a 3 años.

Aun en los aspectos pedagógicos, la ley sigue privilegiando la dimensión comunitaria y social, tal como queda claro en su artículo 4, en el que se alientan, por ejemplo, "prácticas pedagógicas" que respeten "las particularidades de la comunidad de origen" y nada se dice de estándares de calidad o de objetivos educativos.

El verdadero espíritu de la nueva ley surge más claro todavía del debate parlamentario que se dio en la Cámara de Diputados en junio del año pasado, cuando la norma obtuvo su media sanción.

"Es objeto de este proyecto reconocer el valor y la dignidad del trabajo que mujeres y hombres sostienen cotidianamente en las instituciones comunitarias, motivadas con el único objetivo de promover la inclusión social a través de la educación", sostenía entonces la diputada Sánchez, según surge de las versiones taquigráficas de aquella sesión. Valoraba entonces el aporte de "la comunidad organizada".

Por su lado, el presidente del bloque del Frente Para la Victoria (FPV), Fernando "Chino" Navarro, destacó el aporte de los "militantes, hombres y mujeres, que tuvieron que afrontar una responsabilidad que quizá nunca buscaron en un momento crítico cuando el Estado estaba en retroceso".

El motivo de alarma no reside sólo en el contenido de la ley, sino en el marco de su aprobación. En Diputados, la Unión Cívica Radical (UCR) prefirió abstenerse, dado que, según sostuvo el diputado Jorge Silvestre, reconocía el "fracaso del Estado en el cumplimiento de una de sus tantas tareas", pero comprometió su apoyo en senadores con la condición de que se dieran "garantías de profesionalismo y calidad educativa". Pese a que el texto del proyecto no se tocó en ese sentido en la Cámara alta provincial, la semana pasada la UCR finalmente votó en favor de la sanción de la nueva ley. En diálogo con la nacion, Silvestre manifestó no estar al tanto de la aprobación de la ley por parte de los senadores ni de si se habían introducido cambios.
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