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Especialistas cuestionaron la primera aplicación de la ley a

Especialistas cuestionaron la primera aplicación de la ley antiterrorista

Cristina Kirchner anunció que llevará a la Justicia a la empresa Donnelley por entender que su quiebra esconde un fraude. Juristas deploraron la medida y advirtieron que afectará la seguridad jurídica


Cristina Kirchner sorprendió esta tarde al anunciar que por primera vez se aplicará la denominada ley antiterrorista, una controvertida norma que al momento de sancionarse recibió cuestionamientos incluso desde el seno del oficialismo. Será contra la imprenta Donnelley, que esta semana anunció su cierre.

En un acto en la Casa Rosada, la Presidente objetó el proceso de quiebra que antecedió al cierre y sugirió que la medida no respondía a cuestiones económicas sino a la intención de " crear una situación de zozobra con tal de ver a un gobierno de rodillas". Por ese motivo, anunció que el Gobierno ha "presentado la denuncia por alteración al orden económico y financiero".

Tal como era de esperar, el debut de la polémica ley despertó críticas entre los especialistas. Los abogados coincidieron en que la aplicación no corresponde a lo que la ley pretende regular.

"Me parece de terror, un disparate", reaccionó el constitucionalista Félix Loñ ante la consulta de Infobae. "Era previsible que la ley antiterrorista iba a aplicar en circunstancias que en nada tenía que ver con el terrorismo".

Loñ consideró, además, que la Presidente se "atribuye funciones judiciales al decir que la quiebra es fraudulenta cuando eso es un tipificación que solo la puede determinar un juez". Y añadió que esa decisión "viola la división de poderes".

El jurista evaluó también que "la actitud de lo que hace es ahuyentar a los capitales". Y estimó que impactará en otras multinacionales que operen en el país.

La impresión de Loñ respecto a las consecuencias económicas de la aplicación de la ley fue compartida por José García Hamilton, abogado especializado en derecho internacional económico. "Amenazar con aplicar la ley no va a ser bien visto para las empresas nacionales e internacionales", remarcó.

"La ley antiterrorista no le da la bienvenida a las inversiones. Argentina debería generar seguridad jurídica", aclaró al hablar con este medio.

García Hamilton analizó por otro lado que antes de hacer una denuncia como la del Gobierno hay que estar muy seguro de las pruebas y atender, además de la situación fiscal -mencionada por Cristina-, al estado de las cuentas, que pueden motivar un cierre.

Por su parte, el también constitucionalistas Gregorio Badeni no dudó en calificar como "un despropósito aplicar una ley que no se vincula en modo alguno con gravísimos atentados de la población, sino contra maniobras económicas".

Remarcó que si una empresa privada prevé que su situación económica se encamina al fracaso está en su derecho a presentarse en quiebra y será el juez el que evalúe las condiciones. "De ahí a presumir que una empresa cierra para generar la intranquilidad de la sociedad hay una distancia muy grande", acotó.

"Lamentablemente en los últimos meses Argentina dejó de ser un país seguro para las inversiones. Entonces algunas empresas se van", analizó el jurista. Y observó que la aplicación de la ley "tiene un mensaje para otros inversionistas: lo que le están diciendo es que si se quieren ir van a someterse a procesos". "El error es que en vez de amenazar y sancionar no intenten crear las condiciones para que las empresas que llegaron al país puedan seguir", completó.
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