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Espionaje ilegal: Macri debería ir preso 25 años

SEGÚN LAS LEYES DE LA REPÚBLICA

Espionaje ilegal: Macri debería ir preso 25 años

Al ex Presidente se lo acusa de violar la Ley de Inteligencia y por ser el responsable de “fijar los lineamientos y objetivos de la política de Inteligencia Nacional".

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Tras destaparse las operaciones ilegales que realizó la Agencia Federal de Inteligencia durante el régimen macrista, el ex Presidente podría enfrentar la pena de hasta 25 años de prisión ya que se lo acusa de producción de inteligencia ilegal y por ser el responsable de “fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional".

Si la Justicia avanza en la investigación sobre la causa de espionaje ilegal a periodistas, políticos y dirigentes sociales, Macri podría ser procesarlo y condenado por violar la Ley de Inteligencia y por asociación ilícita. Las penas por esos delitos son de 3 a 10 años por la producción inteligencia ilegal y de 5 a 20 años por asociación ilícita. Si hay concurso real, es decir, si se comprueba que sus acciones incurrieron en dos categorías penales, podrían sumarse. Dependerá del tribunal que lo juzgue. El límite, sin embargo, son 25 años, la pena máxima en Argentina.

En la Ley de Inteligencia (25.520), constan las disposiciones penales por la inteligencia ilegal. El artículo 42 advierte que “será reprimido con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo, si no resultare otro delito más severamente penado, el que participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la presente ley, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil, o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo de información, archivo, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieren dirigidos”.

Además, establece penas de 2 a 6 años si se “omitiere destruir o borrar los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o de cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones”. Es el caso de las escuchas entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli, por ejemplo.

En tanto, en el artículo 43 establece una pena de prisión de 3 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo a todo funcionario que haga tareas de inteligencia prohibidas.

Mientras que en el caso puntual de Macri, se debe tener en cuenta el artículo 12, que dice: “El presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. Si las tareas de espionaje a dirigentes políticos, periodistas y académicos fueron lineamientos estratégicos y objetivos generales tendrá que resolverlo la Justicia.

En caso de que se establezca la responsabilidad penal de la conducción política, es decir, de Macri, el ex mandatario podría pasar 25 años en prisión.

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Uno por uno: los funcionarios del régimen macrista que tendrían que estar presos hoy

En medio de las denuncias por causas de espionaje contra el expresidente y varios funcionarios de su gobierno, el repaso de los expedientes que arrinconan al macrismo.

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Macri tendría que ir preso por 25 años, en el marco de la causa en el que se lo investiga por realizar espionaje ilegal a políticos y periodistas durante su Presidencia. El líder del PRO no es el único complicado en la Justicia. Quiénes son los otros ex funcionarios de su gobierno que podrían tener un destino similar. El repaso uno por uno

GABRIELA MICHETTI
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y pidió abrir una investigación por supuestas irregularidades en las contrataciones efectuadas para realizar obras de refacción de la Cámara Alta. El dictamen fue entregado al juez Marcelo Martínez De Giorgi.

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SANTIAGO BAUSILI
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Santiago Bausili , ex secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri , en la causa que se busca determinar si incurrió en una posible negociación incompatible por el cobro de bonos (en euros y en acciones) del Deutsche Bank mientras se desempeñaba en la secretaría de Finanzas.

MARIO QUINTANA
El exvicejefe de Gabinete está imputado penalmente por su presunta vinculación con la empresa aérea low cost Fly Bondi, que recibió rutas para operar en el país por parte del Gobierno de Macri.

GUILLERMO DIETRICH
El ministro de Transporte está denunciado por un supuesto fraude al Estado por la transferencia de la aerolínea Mac Air, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, según la presentación en la que se advierte un posible conflicto de intereses por la promesa de otorgamiento de nuevas rutas aéreas ante el ingreso de las "low cost", un nuevo mercado que se abrió por decisión de los actuales funcionarios.

DANTE SICA
El ex ministro de Producción está imputados por el montaje del subsidio clandestino de $5.000 para desocupados en plena campaña electoral y puesto en marcha en todo el país a través de punteros de Juntos por el Cambio. La acusación la tiene el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello.

GERMÁN GARAVANO
El ex juez federal de La Plata Carlos Rozanski se presentó como querellante ante el juzgado de Alejo Ramos Padilla y denunció por extorsión al ex ministro de Justicia. Es en el marco de la causa por la red de espionaje ilegal. En su denuncia, Rozanski relata cómo, a mediados de 2016, el ministro lo extorsionó con un jury de enjuiciamiento para forzar su renuncia, a la par que se orquestó una dura campaña mediática contra su figura, y advierte que el objetivo era demostrarle al valijero Leonardo Fariña —a quien Rozanski investigaba por "evasión agravada"— que "el gobierno tenía los medios para cumplir con lo que prometía".

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GUSTAVO ARRIBAS
El fiscal federal Jorge Di Lello abrió una investigación e imputó al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su gobierno, Gustavo Arribas, a raíz de una denuncia por supuesto espionaje ilegal, presentada por la interventora de la central de espías, Cristina Caamaño.

SILVIA MADJALANI
Al igual que con su jefe en la AFI, Gustavo Arribas, la Nº 2 de ese organismo también está imputada. El fiscal federal Jorge Di Lello abrió una investigación a raíz de una denuncia por supuesto espionaje ilegal, presentada por la interventora de la Agencia Federal de Inteliegencia, Cristina Caamaño.

RICARDO BURYAILE
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al ex ministro de Agroindustria y hoy diputado nacional de Formosa por supuestas irregularidades en el manejo de un subsidio extraordinario a desocupados lanzado antes de las últimas elecciones. El fiscal le requirió a la jueza María Servini que se investiguen las maniobras denunciadas que darían cuenta de que se buscó direccionar la voluntad del electorado a través de la implementación del bono y que, además, se podría haber utilizado para financiar a los fiscales de la alianza Juntos por el Cambio que buscaba la reelección a nivel nacional.

JULIO MARTÍNEZ
El ex ministro de Defensa, ahora senador electo en La Rioja, tiene una causa abierta por el intento de compra de armamentos aEE.UU.que reveló El Destape. El fiscal federal Franco Picardi lo imputó. Es por la millonaria compra de un arsenal a los Estados Unidos que supuestamente hubiera implicado un fraude al Estado y generado beneficios para algunos de los involucrados.

JAVIER GONZÁLEZ FRAGA
El fiscal Gerardo Pollicita imputó al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, por el préstamo “irregular” de 18.500 millones de pesos que le otorgó el Banco Nación , “maniobra por la cual –señaló-- se habría perjudicado al Estado Nacional”. Vicentin fue la principal aportante privada a la campaña de Juntos por el Cambio el año pasado.

PATRICIA BULLRICH
El fiscal federal Franco Picardi imputó a la exministra de Seguridad. Se la acusa de haber montado un plan para favorecer negocios inmobiliarios en el sur del país en perjuicio de las comunidades mapuches.

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OSCAR AGUAD
El ex ministro de Comunicaciones y ahora titular de Defensa también está imputado por la causa Correo Argentino que tiene en vilo a Macri. Como ministro habría avalado el acuerdo de la empresa de los Macri con el Estado.

PABLO AVELLUTO
El ministro de Cultura fue imputado por irregularidades en las contrataciones que a través de su cartera se realizaron para la feria Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), que se desarrolló en Madrid en febrero. El fiscal Franco Picardi consideró que se debe investigar si cometió "defraudación a la administración pública”.

JUAN JOSÉ ARANGUREN
El juez federal Luis Rodríguez procesó al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa en la que se investiga si benefició a la empresa Shell, de la que había sido directivo y accionista, desde la cartera energética.

RODRIGO SBARRA
El ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción durante el macrismo está imputado por el delito de lavado de dinero. El fiscal Gerardo Pollicita está a cargo. Es a raíz del hallazgo de un sobre con 10 mil dólares que habían quedado olvidados en un cajón de la oficina que solía ocupar mientras se desempeñó para el gobierno de Mauricio Macri. La denuncia fue hecha por el ministro de Desarrollo Productivo actual, Matías Kulfas.

LAURA ALONSO
La ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, debe responder por el delito de encubrimiento agravado. Está imputada en la misma causa que involucra al exministro de Energía Juan José Aranguren. A él se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública mientras encabezaba el Ministerio y todavía poseía acciones de la petrolera Shell. Aranguren declaró la semana pasada ante Rodríguez y negó haber tomado decisiones para beneficiar a la empresa.

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