Estados Unidos siempre buscará un enemigo.
11 mar 2015
Hay que familiarizarse con las siglas... En el ámbito del periodismo que se especializa en cuestiones internacionales, SMP quiere decir “sociedad militar privada”. En su momento, nos hicimos ecos de investigaciones que apuntaban la fuerte presencia de las SMP en Irak, al punto de constituir un porcentaje muy elevado de las tropas extranjeras que 10 años atrás, saturaron al país árabe. Hoy, las SMP renuevan la apuesta en su búsqueda de máxima rentabilidad, ya que el Premio Nobel de la Paz decide reeditar y profundizar las aventuras de su país en diversos rincones del planeta. Pareciera que ahora en dirección a Sudamérica.
Es el neoliberalismo en su máxima expresión, a tal punto que la existencia de las SMP desafía una de las características que define al Estado. Hasta comienzos del siglo XXI, se suponía que la fuerza militar y la coerción interna eran atributos exclusivos del ámbito estatal. Hoy ya no es así y la situación presenta agravantes, ya que el estatuto jurídico de la SMP es extremadamente ambiguo.
El concepto al que nos referimos engloba a dos modalidades. Son mayoría en el rubro las compañías privadas de seguridad. Éstas brindan servicios que van desde el mantenimiento de instalaciones y la provisión de seguridad hasta el entrenamiento de fuerzas gubernamentales. Además, pueden desempeñar tareas de vigilancia aérea, detección de minas o la reconstrucción de infraestructura militar. Por su parte, las compañías privadas militares son capaces de ofrecer una participación bélica directa. Su intervención puede modificar el curso de un conflicto o de una crisis política.
En buena parte del Primer Mundo, las SMP se erigen como objetos jurídicos difíciles de identificar. Su utilización implica en los hechos, una privatización de la guerra y frente a esa novedad, surge un abanico de interrogantes. Los empleados de las SMP, ¿son mercenarios o tropas regulares? Si sus efectivos caen en manos del contendiente, ¿qué trato deberían recibir? ¿Qué responsabilidad tienen los contratantes en relación con la conducta de los contratados? En caso de violaciones a los derechos humanos, ¿la responsabilidad recae en el Estado que contrata o en la SMP que presta el “servicio”? Judicialmente, ¿la jurisdicción recaerá en el Poder Judicial del país teatro de operaciones o en el que decidió la contratación? Más allá de las apreciaciones ideológicas y hasta éticas, el tema desvela a los especialistas en derecho internacional.
La discusión no es abstracta. A mediados de 2009 trascendió en Estados Unidos que la tristemente célebre CIA había contratado a la compañía Blackwater en 2004, con el cometido de perseguir y asesinar a líderes de Al Qaeda. La SMP participó entonces en operaciones de organización, entrenamiento y vigilancia, que luego facturó a la CIA en varios millones de dólares. A pesar la friolera que embolsó, la misión secreta no generó ni la captura ni la baja de ningún activista de la red.
En un caso que se dirimió en los estrados judiciales estadounidenses, cinco empleados de Blackwater (luego Xe Services) abrieron fuego contra una multitud en una plaza iraquí. El hecho tuvo lugar el 16 de septiembre de 2007 y como consecuencia de las descargas, fallecieron 14 civiles, según las investigaciones de Washington. Para Bagdad, fueron 17 las víctimas fatales.
A pesar de tan lamentable desempeño, las SMP se instalaron después en Afganistán y engrosaron su historial con nuevos crímenes. Otros cuatro empleados de la misma compañía -que en el país asiático se hizo llamar Paravant- abrieron fuego contra un automóvil, con el saldo de un muerto y cuatro heridos. A comienzos de 2010, un procurador federal estadounidense entabló una acusación, a pesar de la nebulosa jurídica.
Desde que irrumpieron en los 90, las SMP se desarrollaron y extendieron rápidamente. Ayudaron a su diseminación la sensible disminución de efectivos que dispuso el Ejército de Estados Unidos al término de la Guerra Fría y la transferencia al ámbito privado de muchas actividades no estrictamente militares. Durante el primer mandato del anterior presidente norteamericano, su equipo recurrió a todos los medios para eludir el control del Congreso y también, para contratar de manera flexibilizada al personal de operaciones clandestinas.
Los especialistas manifiestan que en la actualidad, las SMP se erigen en un factor esencial en el desarrollo de los conflictos, tanto en el aspecto militar como en el económico. Se calcula que a escala global, mueven alrededor de 70 mil millones de dólares por año. Además, se estima que en estos días los efectivos de las SMP que están presentes en Afganistán oscilan entre 130 mil y 160 efectivos. Después del refuerzo que ordenó el actual ocupante de la Casa Blanca, se supone que el 69 por ciento del personal que desplegó el Pentágono en el país asiático, se compone con empleados de las SMP, es decir, el mayor porcentaje de la historia estadounidense.
Obviamente, con tamaña presencia, los intereses económicos de las SMP son los que terminan por orientar las decisiones de la guerra sobre el terreno. Además, en su origen financiero se encuentran los grandes grupos industriales estadounidenses, quienes entraron de lleno en el sector después de 2001. Por otro lado, hay que mencionar que las SMP constituyen un reaseguro para la continuidad laboral de los militares estadounidenses, a tal punto que la dirección de las empresas se compone casi exclusivamente de ex oficiales.
Es la guerra como modelo económico. “Los ejércitos estadounidenses, británicos y otros están en Afganistán para ganar la guerra. Pero para nosotros, cuanto más se deteriora la situación de la seguridad, tanto mejor”, admitió sin sonrojarse un británico contratado por una SMP. Quizá se entienda ahora porque nunca las potencias occidentales se van de Irak o Afganistán o por qué cada dos por tres inventan un enemigo nuevo, como aquellos piratas somalíes, los regímenes libio o sirio y ahora, la República Bolivariana de Venezuela.
Es el neoliberalismo en su máxima expresión, a tal punto que la existencia de las SMP desafía una de las características que define al Estado. Hasta comienzos del siglo XXI, se suponía que la fuerza militar y la coerción interna eran atributos exclusivos del ámbito estatal. Hoy ya no es así y la situación presenta agravantes, ya que el estatuto jurídico de la SMP es extremadamente ambiguo.
El concepto al que nos referimos engloba a dos modalidades. Son mayoría en el rubro las compañías privadas de seguridad. Éstas brindan servicios que van desde el mantenimiento de instalaciones y la provisión de seguridad hasta el entrenamiento de fuerzas gubernamentales. Además, pueden desempeñar tareas de vigilancia aérea, detección de minas o la reconstrucción de infraestructura militar. Por su parte, las compañías privadas militares son capaces de ofrecer una participación bélica directa. Su intervención puede modificar el curso de un conflicto o de una crisis política.
En buena parte del Primer Mundo, las SMP se erigen como objetos jurídicos difíciles de identificar. Su utilización implica en los hechos, una privatización de la guerra y frente a esa novedad, surge un abanico de interrogantes. Los empleados de las SMP, ¿son mercenarios o tropas regulares? Si sus efectivos caen en manos del contendiente, ¿qué trato deberían recibir? ¿Qué responsabilidad tienen los contratantes en relación con la conducta de los contratados? En caso de violaciones a los derechos humanos, ¿la responsabilidad recae en el Estado que contrata o en la SMP que presta el “servicio”? Judicialmente, ¿la jurisdicción recaerá en el Poder Judicial del país teatro de operaciones o en el que decidió la contratación? Más allá de las apreciaciones ideológicas y hasta éticas, el tema desvela a los especialistas en derecho internacional.
La discusión no es abstracta. A mediados de 2009 trascendió en Estados Unidos que la tristemente célebre CIA había contratado a la compañía Blackwater en 2004, con el cometido de perseguir y asesinar a líderes de Al Qaeda. La SMP participó entonces en operaciones de organización, entrenamiento y vigilancia, que luego facturó a la CIA en varios millones de dólares. A pesar la friolera que embolsó, la misión secreta no generó ni la captura ni la baja de ningún activista de la red.
En un caso que se dirimió en los estrados judiciales estadounidenses, cinco empleados de Blackwater (luego Xe Services) abrieron fuego contra una multitud en una plaza iraquí. El hecho tuvo lugar el 16 de septiembre de 2007 y como consecuencia de las descargas, fallecieron 14 civiles, según las investigaciones de Washington. Para Bagdad, fueron 17 las víctimas fatales.
A pesar de tan lamentable desempeño, las SMP se instalaron después en Afganistán y engrosaron su historial con nuevos crímenes. Otros cuatro empleados de la misma compañía -que en el país asiático se hizo llamar Paravant- abrieron fuego contra un automóvil, con el saldo de un muerto y cuatro heridos. A comienzos de 2010, un procurador federal estadounidense entabló una acusación, a pesar de la nebulosa jurídica.
Desde que irrumpieron en los 90, las SMP se desarrollaron y extendieron rápidamente. Ayudaron a su diseminación la sensible disminución de efectivos que dispuso el Ejército de Estados Unidos al término de la Guerra Fría y la transferencia al ámbito privado de muchas actividades no estrictamente militares. Durante el primer mandato del anterior presidente norteamericano, su equipo recurrió a todos los medios para eludir el control del Congreso y también, para contratar de manera flexibilizada al personal de operaciones clandestinas.
Los especialistas manifiestan que en la actualidad, las SMP se erigen en un factor esencial en el desarrollo de los conflictos, tanto en el aspecto militar como en el económico. Se calcula que a escala global, mueven alrededor de 70 mil millones de dólares por año. Además, se estima que en estos días los efectivos de las SMP que están presentes en Afganistán oscilan entre 130 mil y 160 efectivos. Después del refuerzo que ordenó el actual ocupante de la Casa Blanca, se supone que el 69 por ciento del personal que desplegó el Pentágono en el país asiático, se compone con empleados de las SMP, es decir, el mayor porcentaje de la historia estadounidense.
Obviamente, con tamaña presencia, los intereses económicos de las SMP son los que terminan por orientar las decisiones de la guerra sobre el terreno. Además, en su origen financiero se encuentran los grandes grupos industriales estadounidenses, quienes entraron de lleno en el sector después de 2001. Por otro lado, hay que mencionar que las SMP constituyen un reaseguro para la continuidad laboral de los militares estadounidenses, a tal punto que la dirección de las empresas se compone casi exclusivamente de ex oficiales.
Es la guerra como modelo económico. “Los ejércitos estadounidenses, británicos y otros están en Afganistán para ganar la guerra. Pero para nosotros, cuanto más se deteriora la situación de la seguridad, tanto mejor”, admitió sin sonrojarse un británico contratado por una SMP. Quizá se entienda ahora porque nunca las potencias occidentales se van de Irak o Afganistán o por qué cada dos por tres inventan un enemigo nuevo, como aquellos piratas somalíes, los regímenes libio o sirio y ahora, la República Bolivariana de Venezuela.