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Franco Casco: un nuevo Luciano Arruga

Franco Casco: un nuevo Luciano Arruga

La muerte de Franco Casco en Rosario en un nuevo caso de “gatillo fácil” desnuda la brutalidad policial y su saña contra la juventud trabajadora. Además, estas mismas policías asesinas comienzan chantajes para recomponer salarios e impunidad.



Octavio Crivaro - La Izquierda Diario

Dos noticias se encadenaron los últimos días, poniendo en relieve la impunidad con la que se manejan las fuerzas policiales, su poder de fuego y el blanco en que se convierte la juventud trabajadora para esos “perros del orden”. A la aparición como NN del cuerpo de Luciano Arruga, en un caso que no deja de producir (o confirmar) sospechas sobre la Policía Bonaerense, ahora se suma la aparición sin vida de Franco Casco, un joven albañil de veinte años que estuvo 24 días desaparecido en Rosario, luego de haber estado detenido en una comisaría de la narcopolicía santafesina.

A los jóvenes trabajadores siempre se les invierte la carga de la prueba: son culpables hasta que demuestren lo contrario. De Luciano decían que era ladrón porque era pobre: una reedición clasista del “algo habrá hecho”. Durante los días que estuvo desaparecido Franco, pasó lo mismo: que estaba drogado, que se resistió con violencia, que era pobre, que era sospechoso. Franco estuvo detenido sin causa alguna, fue, según denuncian los familiares, golpeado en la Comisaría y luego “desapareció”. Una vez más se usa esa palabra para encubrir los crímenes del Estado.

Lo cierto es que los únicos dos crímenes que cometió el joven trabajador Franco Casco fueron esos: ser joven y ser trabajador. A los que trabajan día y noche para ganar un salario de hambre, las campañas contra la inseguridad los convierten en potenciales enemigos, en amenazas latentes. Hay que controlarlos, hay que ponerlos en caja. Hay que matarlos. Sufren la “inseguridad” de trabajar en condiciones penosas, por una miseria y sin derechos sindicales, y la “inseguridad” de ser sospechoso por pertenecer a la clase trabajadora y, por ende, de ser víctimas de las fuerzas del orden. Desde la caída de la dictadura, según denuncia la CORREPI, hubo 4200 casos de gatillo fácil y 200 desapariciones, entre los que se encuentran Walter Bulacio, Rubén Carballo, Diego Rodríguez Laguens en Salta, Facundo Rivera de Córdoba, Daniel Solano en Río Negro, Martín Basualdo, Diego Duarte. Un verdedero genocidio.

Otro Luciano Arruga, esta vez en Santa Fe

Esta vez fue en Santa Fe, el bastión de los supuestos pulcros socialistas de Binner y Bonfatti, que otrora se jactaron de ser combatientes contra la corrupción. Lo cierto es que el conurbano bonaerense, con sus policías bravas, su gatillo fácil, su narcotráfico y sus redes de trata, “se trasladó” a la Santa Fe socialista, con el auspicio del binnerismo. Binner, Bonfatti, el PS y la UCR dirigen su propia Bonaerense, afilada y perfeccionada. Y tuvieron, también, su propio Luciano Arruga.

La victimización hipócrita que siempre hizo el binnerismo, diciendo que hacen campañas contra ellos, mientras avanza el narcotráfico y la impunidad policial, cayó con la fuerza de la brutalidad del caso Casco: en los 24 días que estuvo desaparecido el joven, ningún funcionario se comunicó con la madre ni con el padre, no se desplazó a ningún funcionario policial y, adrede, se dejó correr la versión de que Franco había sido visto pidiendo ropa en una parroquia. Se desvió la atención y se entorpeció la búsqueda desde el Gobierno. Binner ya había hecho lo mismo cuando murió asesinada la ex detenida desaparecida Silvia Suppo, que era testigo en una causa contra policías. “Fue un hecho de inseguridad”, se sentenció.
Sentenciando, también, la impunidad.

Muertes jóvenes, chantaje policial

Mientras la muerte de Franco Casco copa la sensibilidad del pueblo trabajador y, forzosamente, la primera plana de los medios, en páginas secundarias de los diarios se acumulan noticias inquietantes, un deja vú represivo: como a finales de 2013, las fuerzas policiales, esos ejércitos asesinos de azul, inician acciones, declaraciones y chantajes para recomponer sus “salarios”. El espectro de los motines, se avecina.

Esta vez, Santa Cruz tomó la posta y directamente se autoacuarteló para reclamar aumentos del 25 por ciento, demanda que los gobiernos considerarían una herejía monstruosa si viniera en boca de estatales, docentes, obreros industriales. El sindicato policial santafesino, APROPOL, también se viene “autoconvocando” para lograr una recuperación salarial. En el 2013 el método del inquietante chantaje policial fueron las zonas liberadas, los saqueos, los asesinatos. Los gobiernos provinciales como el de De la Sota, Bonfatti, Scioli, pero también el nacional, hicieron lo que no hacen con los trabajadores que reclaman salario o no ser despedidos: cedieron. Los trabajadores, en cambio, para defender lo suyo son empujados a luchas duras, como se vio en los conflictos docentes en Salta, provincia de Buenos Aires y otras provincias. A los trabajadores industriales que defienden delegados combativos y que se oponen a ser despedidos por la verdadera asociación ilícita entre empresas y sindicatos, como en Lear, les reservan detenciones, procesos judiciales, heridos. No sucedió esto con los chantajistas policiales: les dieron aumentos y exoneraciones a los miembros echados previamente.

Los motines policiales tuvieron (¿y tendrán?) como combustible el enorme impulso mediático y de los partidos patronales a las campañas por la inseguridad, que pide más policías en todas las calles, saturación de fuerzas represivas. Cada uno de los gobiernos cede a esta presión fortaleciendo a las policías provinciales, combinando estas fuerzas con gendarmes y prefectos, entronando a personajes como Berni o a Chaumont en Santa Fe. Los gobiernos fortalecen a esas fuerzas represivas (el "factor Berni", el egreso de 10.000 bonaerenses -un 20% de la fuerza actual- que Granados prepara para diciembre) para usarlas a pleno cuando el pueblo salga a las calles por demandas elementales y contra el ajuste. Y a cambio de ese "servicio" encubren y bañan de impunidad todas las barbaridades que se cometen desde las comisarías contra la juventud pobre y trabajadora.

La impunidad y el poder que gana la Policía de conjunto, es lo que les da libertad para cobrarse a Luciano Arruga, a Franco Casco, a cada joven que cae por brutalidad policial, ante la indignación hipócrita de progresistas que piden mano dura.

La agenda de la izquierda debe ser la de impulsar la movilización para esclarecer la muerte de Franco Casco y que los responsables eventuales sean encarcelados. No puede haber ninguna muerte de jóvenes o de trabajadores que quede impune.

Responder con contundencia y masividad ante este y cada caso de gatillo fácil, es una tarea indeclinable para debilitar a un Estado que declara la guerra a los trabajadores y a la juventud los 365 días del año. Ya el gobierno anunció un plan antimotines, poniendo el Ejercito en las calles para las fiestas.

La lucha contra la impunidad de los casos de brutalidad policial y la denuncia del chantaje policial, deben ser banderas que la izquierda y los trabajadores no pueden darse el lujo de descuidar. Poner en pie un gran movimiento de familiares de jóvenes asesinados y de todos los que apoyan la lucha contra la Policía brava, como existe en Córdoba con la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil, es una política contundente, a la orden del día. Hay que ganar las calles ya.
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