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Fundación Madres bajo la lupa por el manejo de fondos

Otra vez la Fundación Madres bajo la lupa por el manejo de fondos






La Fundación Madres de Plaza de Mayo se encuentra otra vez en la mira por el manejo de fondos de manera discrecional. Es que, su administrador, puesto en ese cargo por el Gobierno, cobra el 16% de todo el dinero que pasa por la entidad; antes, su comisión era del 1%.

Según el contrato original, firmado el 24 de agosto de 2011, los honorarios del administrador iban a ser sólo del 1%. Pero el 29 de marzo de 2012 esa cifra se incrementó al 16,6% de "cualquier ingreso que registre o corresponda al giro de la Fundación", señala el contrato.





Además, establece que "el fiduciario" cobrará el 16% "del beneficio neto que genere la venta de paneles para construcción", a lo que se deben restar los gastos generales operativos.

También se conoció que el administrador es el ingeniero mendocino Luis Debandi, que cobra 150.000 pesos por mes. Se trata de un hombre allegado al diputado Nacional Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria.



"Eso es mucha plata", reaccionaron ante ese matutino empleados de las Madres, asombrados por un salario así en un organismo de derechos humanos con serios problemas económicos y asfixiado por una deuda de 200 millones de pesos, que se está pagando.

¿Quién se Debandi? Se trata de un mendocino que, llegó al fideicomiso de la mano del intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez, y los hermanos Raúl y Alejandro Olmos (de lo que se informa por separado).




Fuentes que conocen la administración del fideicomiso dieron a entender que hay atrasos en los pagos de honorarios, que los fondos que se manejan no son tantos como los que se pensaba en un principio y que la prioridad es pagar las deudas de la Fundación, generadas tras el escándalo de Sueños Compartidos, que estalló en 2011 y dejó más de 200 millones de pesos en rojo.





Cuando se desató la crisis, el 25 de mayo de 2011, tras la pelea de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender con Hebe de Bonafini, se cortó el ingreso de fondos que enviaba el Estado mediante el Ministerio de Planificación a los distritos para construir viviendas sociales. Se transfirieron en total 760 millones de pesos y se investiga si hubo desvíos de esos fondos en una causa donde los Schoklender están acusados.


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