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Fungairiño tilda de 'torticero' el procedimiento de la juez Servini



«El procedimiento de extradición de la juez argentina es torticero y prevaricador, no tiene ningún recorrido jurídico, y parece mentira que venga de un país donde se han cometido tantas barbaridades». Son palabras de Eduardo Fungairiño, fiscal del Tribunal Supremo, acerca del auto de la magistrada argentina María Servini, en el que dicta orden de detención contra el ex ministro Rodolfo Martín Villa, y contra una veintena de altos cargos franquistas.







En el caso de Martín Villa, la magistrada bonaerense lo señala como penalmente responsable de los llamados sucesos de Vitoria, posteriores a la muerte de Franco: «La represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, y en la que hubo más de 100 heridos, muchos de ellos por armas de fuego».

Además, la juez reclama interrogar a ex altos cargos franquistas en relación con diversas ejecuciones «sancionables con las penas de reclusión o prisión perpetua»; entre ellos, al ex ministro José Utrera Molina -suegro del recién dimitido ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón-, por «haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich», ejecutado a garrote vil el dos de marzo de 1974.

Según Fungairiño, quien ya se significó en su día, como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, por oponerse a la extradición de Pinochet dictada por el juez Garzón, la pretensión de Servini «no tiene fundamento». «En primer lugar», asegura, «la magistrada no tiene jurisdicción en suelo español. Para ello debería instruir delitos de lesa humanidad o genocidio. Pero la definición del Tribunal Penal Internacional de sendos delitos -análogos según el Supremo, y que requieren el exterminio de un grupo determinado de personas- no coincide en absoluto con los hechos denunciados, en su caso calificables de homicidio. Y en todo caso, la juez ha construido una doctrina jurídica que ni siquiera es aplicable con carácter retroactivo en 1976».

«En segundo lugar», añade el fiscal del Supremo, «hubo amnistía en 1977. Y en tercero, algunos de los pretendidos delitos, como la sentencia y ejecución de Puig Antich, ya estaban prescritos cuando en 2003 entró en vigor la no prescripción de los grandes delitos».

Muy al contrario, el abogado promotor de la causa, Carlos Slepoy, califica de «insostenible» esta posición. «Nadie puede sostener que el franquismo no cometió crímenes contra la humanidad, salvo que los encubra», dice. «Además», añade, «el artículo 10 de la Constitución insta a interpretar las normas para la protección de los derechos humanos de acuerdo con los tribunales internacionales; y España ya había firmado en 1976, un año antes de la Amnistía, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».


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