"Queremos que Manaos se vaya. No queremos seguir teniendo más muertos por defender nuestro territorio"
La empresa Manaos está abarcando distintos departamentos de la provincia de Santiago del Estero y como tiene mucho poder, la idea es desalojar comunidades campesinas para sus inversiones. Nosotros seguimos luchando, así como ya tuvimos a Cristian Ferreyra y a Miguel Galván, no queremos seguir teniendo más muertos por defender nuestro territorio.
Deolinda Carrizo: Nosotros estamos en este proceso judicial con un equipo jurídico que es bastante experimentado. Por un lado, la parte técnica, y por el otro lado lo que son las comunidades campesinas, indígenas que están en el Mocase Vía Campesina. Tuvimos el viernes una reunión para coordinar y ver cómo vamos a estar colectivamente durante este mes sosteniendo algunas actividades que nos proponemos que vayan entorno a la discusión de la estructura agraria en nuestra provincia, acompañados de personalidades de otros lugares para realizar debates.
La idea no es solo compartir nuestro campeonato de desgracias, sino también las propuestas que tenemos en cuanto a lo que significa no solo seguir viviendo en los territorios sino también nuestras ideas sobre economía ancestral, popular, las producciones diversas en la tierra. Esto va más allá del juicio. Obviamente exigimos que haya justicia para Cristián, que sea un antecedente en nuestro país y en América Latina. Es muy importante que se condene al empresario y al sicario que mató al compañero.
Más adelante, vamos a tener el juicio de Miguel Galván que es otro caso similar.
APU: Desde la muerte de Cristian Ferreyra al día de la fecha, ¿existieron cambios para tratar de evitar más asesinatos o el panorama sigue siendo el mismo con amenazas e invasión de territorios?
DC: No ha cambiado mucho, sí se ha frenado por un tiempo y se ha vuelto a acrecentar en otros momentos, recordemos que no había pasado un año de la muerte de Cristian y ya asesinaban a Miguel. Además de esto, también hubo otros intentos de asesinato a compañeros que estaban resistiendo en sus tierras y hace un mes fue la amenaza de este empresario (Argibay) contra integrantes del Mocase que quedó grabada en un video.
El Mocase representa a las comunidades organizadas, a las familias que hoy no negocian sus derechos ancestrales y eso significa también la visibilidad de algo que cotidianamente sufren muchas familias. Lo de Argibay es una imagen que se ha podido captar, entre tantas otras situaciones que no, para que se demuestre la gran impunidad con la que se manejan desde hace tiempo muchos empresarios, y los que vienen de afuera también, con la misma prepotencia queriendo ingresar y avasallar el territorio de los campesinos.
Entonces, los cambios son, tal vez, un poco más de organización, de fortalecimiento hacia adentro de nuestras comunidades y estar alerta casi todos los días, porque la justicia en algunos casos tuvo una reacción muy lenta y no supo actuar en ciertas situaciones que se podían evitar.
APU: En el caso de las amenazas de Argibay captadas en un video, ¿cómo quedó su situación ante la justicia?
DC: Argibay fue detenido y liberado porque la imputación por “amenaza de muerte” es excarcelable. Otros compañeros se presentaron para ampliar las denuncias que el ya viene acumulando desde hace más de tres años por entrar al monte donde están las comunidades campesinas, sacar leña y tratar todo esto como si fuera un sistema feudal. Junto a él, también está involucrado otro empresario de apellido Cura que es de la zona.
Judicialmente, la APDH de la Plata presentó ante la justicia federal un petitorio de investigación para que se coloque algún tipo de penalidad a esto porque este hombre abiertamente hace un desconocimiento de las instituciones de la democracia y esto genera inseguridad para las familias.
APU: Si bien recibieron el apoyo de organizaciones y movimientos sociales. ¿Hubo algún acercamiento solidario de parte del gobierno provincial frente a estas situaciones?
DC: Hubo audiencias, participamos en espacios convocados en la mesa de diálogo donde intervinieron sectores del Estado nacional, provincial y las organizaciones sociales, una mesa tripartita. El viernes tuvimos una audiencia con el jefe de Gabinete y el ministro de Justicia para plantearles el tema de Argibay y las órdenes de desalojo que existen para algunas comunidades que ya tienen realizado su relevamiento territorial en el año 2012. Además, para hablar del caso de Manaos, la empresa de gaseosas que en distintos puntos de la provincia está teniendo conflictos con distintas comunidades.
APU: ¿Qué pasa con la empresa Manaos?
DC: La empresa Manaos está abarcando distintos departamentos de la provincia de Santiago del Estero y como tiene mucho poder, la idea es desalojar comunidades campesinas para sus inversiones. Nosotros seguimos luchando, así como ya tuvimos a Cristian Ferreyra y a Miguel Galván, no queremos seguir teniendo más muertos por defender nuestro territorio.
La empresa Manaos está abarcando distintos departamentos de la provincia de Santiago del Estero y como tiene mucho poder, la idea es desalojar comunidades campesinas para sus inversiones. Nosotros seguimos luchando, así como ya tuvimos a Cristian Ferreyra y a Miguel Galván, no queremos seguir teniendo más muertos por defender nuestro territorio.
Deolinda Carrizo: Nosotros estamos en este proceso judicial con un equipo jurídico que es bastante experimentado. Por un lado, la parte técnica, y por el otro lado lo que son las comunidades campesinas, indígenas que están en el Mocase Vía Campesina. Tuvimos el viernes una reunión para coordinar y ver cómo vamos a estar colectivamente durante este mes sosteniendo algunas actividades que nos proponemos que vayan entorno a la discusión de la estructura agraria en nuestra provincia, acompañados de personalidades de otros lugares para realizar debates.
La idea no es solo compartir nuestro campeonato de desgracias, sino también las propuestas que tenemos en cuanto a lo que significa no solo seguir viviendo en los territorios sino también nuestras ideas sobre economía ancestral, popular, las producciones diversas en la tierra. Esto va más allá del juicio. Obviamente exigimos que haya justicia para Cristián, que sea un antecedente en nuestro país y en América Latina. Es muy importante que se condene al empresario y al sicario que mató al compañero.
Más adelante, vamos a tener el juicio de Miguel Galván que es otro caso similar.
APU: Desde la muerte de Cristian Ferreyra al día de la fecha, ¿existieron cambios para tratar de evitar más asesinatos o el panorama sigue siendo el mismo con amenazas e invasión de territorios?
DC: No ha cambiado mucho, sí se ha frenado por un tiempo y se ha vuelto a acrecentar en otros momentos, recordemos que no había pasado un año de la muerte de Cristian y ya asesinaban a Miguel. Además de esto, también hubo otros intentos de asesinato a compañeros que estaban resistiendo en sus tierras y hace un mes fue la amenaza de este empresario (Argibay) contra integrantes del Mocase que quedó grabada en un video.
El Mocase representa a las comunidades organizadas, a las familias que hoy no negocian sus derechos ancestrales y eso significa también la visibilidad de algo que cotidianamente sufren muchas familias. Lo de Argibay es una imagen que se ha podido captar, entre tantas otras situaciones que no, para que se demuestre la gran impunidad con la que se manejan desde hace tiempo muchos empresarios, y los que vienen de afuera también, con la misma prepotencia queriendo ingresar y avasallar el territorio de los campesinos.
Entonces, los cambios son, tal vez, un poco más de organización, de fortalecimiento hacia adentro de nuestras comunidades y estar alerta casi todos los días, porque la justicia en algunos casos tuvo una reacción muy lenta y no supo actuar en ciertas situaciones que se podían evitar.
APU: En el caso de las amenazas de Argibay captadas en un video, ¿cómo quedó su situación ante la justicia?
DC: Argibay fue detenido y liberado porque la imputación por “amenaza de muerte” es excarcelable. Otros compañeros se presentaron para ampliar las denuncias que el ya viene acumulando desde hace más de tres años por entrar al monte donde están las comunidades campesinas, sacar leña y tratar todo esto como si fuera un sistema feudal. Junto a él, también está involucrado otro empresario de apellido Cura que es de la zona.
Judicialmente, la APDH de la Plata presentó ante la justicia federal un petitorio de investigación para que se coloque algún tipo de penalidad a esto porque este hombre abiertamente hace un desconocimiento de las instituciones de la democracia y esto genera inseguridad para las familias.
APU: Si bien recibieron el apoyo de organizaciones y movimientos sociales. ¿Hubo algún acercamiento solidario de parte del gobierno provincial frente a estas situaciones?
DC: Hubo audiencias, participamos en espacios convocados en la mesa de diálogo donde intervinieron sectores del Estado nacional, provincial y las organizaciones sociales, una mesa tripartita. El viernes tuvimos una audiencia con el jefe de Gabinete y el ministro de Justicia para plantearles el tema de Argibay y las órdenes de desalojo que existen para algunas comunidades que ya tienen realizado su relevamiento territorial en el año 2012. Además, para hablar del caso de Manaos, la empresa de gaseosas que en distintos puntos de la provincia está teniendo conflictos con distintas comunidades.
APU: ¿Qué pasa con la empresa Manaos?
DC: La empresa Manaos está abarcando distintos departamentos de la provincia de Santiago del Estero y como tiene mucho poder, la idea es desalojar comunidades campesinas para sus inversiones. Nosotros seguimos luchando, así como ya tuvimos a Cristian Ferreyra y a Miguel Galván, no queremos seguir teniendo más muertos por defender nuestro territorio.