Gobernante en España quiere procesar al Presidente Catalán



El eurodiputado y vicesecretario general del Partido Popular, en el Gobierno de España, Esteban González Pons, exigió hoy a la actuación inmediata de la justicia contra el presidente catalán, Artur Mas, como consecuencia de la consulta independentista celebrada este domingo en Cataluña.

En las primeras declaraciones de un dirigente popular tras la histórica jornada vivida ayer en Cataluña, Pons ha valorado que lo sucedido ayer es “claramente” un delito y espera que “la justicia actué de forma inmediata”.

El vicepresidente del PP español acusó al presidente catalán de hacer “uso de fondos y recursos públicos” para realizar una “manifestación” en clave independentista.

En unas declaraciones a la televisión pública española, González Pons restó importancia a la participación de más de dos millones de catalanes en la votación, acto que ha calificado de simple “manifestación” en formato de “referéndum”, con unas “cajas de cartón”.

También adelantó que no habrá ningún cambio en el discurso del presidente español Mariano Rajoy, que tacha de ilegal la actuación del Gobierno catalán, aunque ayer prefirió mantener un perfil vbajo y permitir la votación.

Artur Mas, que mañana martes desvelará su hoja de ruta, ya ha avanzado que hoy mismo enviará una carta a Rajoy con sus demandas tras una movilización que ha calificado de “éxito total”.

Los partidos independentistas exigen a Mas la convocatoria inmediata de elecciones para votar sobre la independencia de Cataluña, aunque hoy Mas, reforzado por la votación de ayer, sería mas partidario de intentar una nueva negociación con Madrid.

En unas declaraciones a Ria Novosti, José Domingo, secretario de la plataforma unionista Sociedad Civil Catalana, ha manifestado su sorpresa porque se siga “engañando a la población haciéndoles creer que están participando en algo que pueda ser tomado con seriedad”.

“El proceso independentista es muy perjudicial para la estabilidad de la sociedad catalana porque le está dividiendo de facto”, recalcó.

Aunque no existía censo previo, el Gobierno catalán estima que alrededor de un 30% de los catalanes con derecho a voto participaron en este simulacro de consulta, prohibida por el tribunal Constitucional ha instancias del Gobierno español.