Grassi, Scioli, el Episcopado y la Justicia..

Caso Grassi: Scioli, el Episcopado y la Justicia al banquillo


Nuevamente Julio Grassi y la Fundación “Felices los niños” son noticia. Se comprobó que, desde la cárcel de Campana, donde Grassi se encuentra detenido por su condena a 15 años de prisión por abusar de chicos internados en esa institución, el cura de la mimada Iglesia católica desviaba al penal las donaciones que debían llegar a la Fundación, para alimentar a 54 niños que están allí derivados por la Justicia.

Ante el escándalo por la denuncia que realizó Lanata, Scioli se mostró “activo”. Nombró a Natalia Gambaro, ex diputada del Bloque Peronismo Federal, quien llegó a ese puesto en las listas de Unión PRO que encabezaron De Narváez y Felipe Solá en 2009, como “normalizadora” de la fundación.

La jefa del mafioso Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, suspendió de su cargo al prefecto a cargo de la Unidad 41 de Campana, Raúl Garnica. Cuesta creer que la responsable de una de las organizaciones estatales más cuestionadas no haya seguido de cerca el trato y las condiciones de detención de uno de los presos más famosos de los penales bonaerenses.

Scioli, “más activo que nunca”, también instruyó al ministro de Salud para que mande un charter sanitario a revisar a los 54 niños que permanecen en la fundación. El Estado no había protegido hasta el momento de la repercusión mediática a los niños institucionalizados, para lo cual había que montar el show.

Hasta el día de hoy, Grassi integra la Iglesia católica con derecho a ejercer las funciones sacerdotales. Bajo el mando de Bergoglio (2005-2011), la Conferencia Episcopal Argentina analizó el caso Grassi y le encomendó al jurista Marcelo Sancinetti, profesor de la UBA, la elaboración de un libro de dos tomos de 600 páginas “Estudios sobre el caso Grassi”, cuya finalidad fue realizar una defensa jurídica del cura mientras transcurría el tiempo de las apelaciones. El libro fue prolijamente entregado a cada juez de la Corte Suprema de la provincia, según denunció el abogado de los niños denunciantes. El escrito encomendado por la CEA cumplía el rol de hacer lobby por la absolución del pedófilo.

El escándalo Grassi debe empezar por investigar a los funcionarios y al propio Scioli por su responsabilidad en este nuevo abandono a los niños más vulnerables de la provincia. El secretario de Niñez, Pablo Navarro, así como los juzgados que deben tener la guarda de estos niños -que determinaron su traslado a este hogar y que no cuidaron de su integridad- también deben ser sentados en el banquillo de los acusados, y el propio Scioli, claro, que terceriza la asistencia a manos de verdaderas mafias organizadas, en la mayoría de los casos, dentro del ámbito de la Iglesia católica. Los procedimientos encubridores dentro de los márgenes de la institución católica debieran también ser objeto de investigación y de condena.

Tanta actuación impune tiene su correlato en una protección impúdica para un violador de niños.

Vanina Biasi