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Gratuidad de la universidad pública

Gratuidad de la universidad pública

El ministro de Educación, Daniel Filmus, hizo conocer semanas atrás su intención de convertir 2007 en "el año de la ley de educación superior". Es éste un propósito digno de apoyar, sobre todo porque es evidente en los últimos años lo mucho que se ha retrocedido y perdido en materia de calidad y jerarquía académicas en este terreno.

Sin embargo, no se jerarquizará la educación superior con iniciativas de neto corte voluntarista, como la que propicia derogar la posibilidad de que las universidades nacionales puedan fijar algún tipo de aranceles para su financiamiento. Tampoco se logrará aquel propósito si no se superan severas irregularidades administrativas que exhiben no pocos centros universitarios públicos.

En efecto, no son sólo los aspectos teóricos los que deben ser revisados en una eventual ley de educación superior. En octubre último, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentó un informe sobre los circuitos burocráticos de 39 universidades nacionales, que da cuenta de notorias irregularidades en el área de gestión académica de las casas de estudios, de acuerdo con denuncias recibidas durante 2005 y en años anteriores. Las universidades analizadas administran un presupuesto de 2349,7 millones de pesos, destinado a 1.293.496 alumnos de todo el país.

En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el informe de la Sigen es particularmente crítico: legajos incompletos, errores en las liquidaciones de haberes, inadecuada gestión de compras, problemas en la rendición de fondos, falta de controles en la emisión de títulos y espacios públicos explotados indebidamente son algunas de las fallas de administración que arrastran sus distintas facultades y dependencias. Por supuesto que, tras los ocho meses de administración inactiva -debido al escandaloso proceso que llevó la elección del rector- la situación debería ser hoy igual o incluso peor; las autoridades recién llegadas aceptan que por el momento están atacando los problemas más urgentes, particularmente los vinculados con el presupuesto y el pago de haberes.

Tras considerar que la UBA ha sido y es en gran medida la universidad nacional más importante de la Argentina, es indudable que puede ser tomada como caso testigo para la ambiciosa reforma universitaria que se propone para este año el Ministerio de Educación.

Es de esperar que esa propuesta sea encarada con un espíritu amplio y realista, y que no se ceda a la tentación de complacer demagógicamente los pedidos de distintas agrupaciones estudiantiles y sindicales.

Por ejemplo, si se concreta la intención anunciada días atrás por el Gobierno, quedaría garantizada la gratuidad de la enseñanza universitaria. Es decir, se derogaría el artículo de la ley de educación superior que rige desde agosto de 1995 por el cual las universidades están habilitadas a cobrar aranceles. Como lo hemos señalado otras veces desde esta columna, el principio de la gratuidad de la educación universitaria estatal es engañoso, porque en los hechos consagra una realidad que no favorece la equidad social. La enseñanza nunca es gratuita: algún sector la está financiando. Por otro lado, es menester recordar que la mayoría de quienes hoy estudian en la UBA estaría en condiciones de abonar un arancel, por mínimo que fuera.

Claro que no se trata de imponer el arancelamiento de manera obligatoria. El arancelamiento optativo o voluntario es una salida interesante -cabe recordar lo hecho en su momento por la Universidad Nacional de Córdoba, cuando el doctor Francisco Delich era rector-, y puede alcanzar no sólo a los estudiantes, sino también a los graduados, muchos de los cuales encontrarán así una manera de devolverle a la institución, y por ende al país, algo de lo mucho que se les brindó.

Ese mismo espíritu amplio que reclamamos para tratar este hecho en particular deberá ser el que rija todo el debate del anteproyecto de reforma, para el cual Filmus pretende seguir un programa de acción parecido al que se eligió cuando se dio a conocer el anteproyecto de la flamante ley de educación nacional.

Si realmente el Estado está "preocupado por mejorar la calidad" de la educación universitaria, ésta será una oportunidad óptima para fijar una política pública que realmente abra una perspectiva de cambio para el futuro del país en el corto, el mediano y el largo plazo, dejando de lado propuestas demagógicas y voluntaristas.

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