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Griesa advirtió a la Argentina con una orden

Griesa advirtió a la Argentina con una orden de desacato si no cesa las "declaraciones falsas"


El juez sostuvo en una audiencia en Nueva York que sólo un pago hecho de acuerdo con la orden de su corte es legítima y consideró que eso no sucedió. Instó a las partes seguir negociando con el mediador Pollack





El juez de Nueva York Thomas Griesa, que lleva la causa por la deuda de Argentina, dedicó poco más de una hora a la audiencia que convocó para las 16 a los representantes del Gobierno argentino y los holdouts, donde aludió a "las declaraciones realizadas recientemente por la República Argentina", como la solicitada y las últimas afirmaciones de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.


Griesa resaltó al comienzo del encuentro que "sólo un pago hecho de acuerdo con la orden de la Corte es legítimo, y tal cosa no ha sucedido", según un anticipo de la agencia Reuters por redes sociales.

El magistrado agregó que "si las declaraciones falsas no paran, será necesaria una orden de desacato y llama a seguir negociando con el mediador".

Uno de los abogados de la Argentina, Jonathan Blackman le aseguró al juez Thomas Griesa que el
Estudio Cleary Gottlieb "no ayudó" a preparar la notificación legal que hizo conocer la Argentina a través de los medios, publicación que tanto molestó el magistrado.
Antes del cierre de la audiencia sobre la deuda a la que convocó Griesa en Nueva York, Blackman explicó que "siendo mi cliente un gobierno, tiene permitido hacer declaraciones públicas",
mientras que el juez le señaló que se "alegraba" que no haya participado.

En la audiencia que se llevó a cabo en Nueva York, el juez Thomas Griesa afirmó que "no hubo pago" de la deuda por parte de la Argentina y le recordó que el pago "de una parte de la obligación no es el pago de todas las obligaciones legales", en relación a la deuda de quienes entraron en los canjes de 2005 y 2010 y a la sentencia que les reconoce a los holdouts unos 1.300 millones de dólares.

En varias oportunidades, el juez insistió en que el país "ignora" las obligaciones impuestas por él y por el Tribunal de Apelaciones que ratificó su fallo.


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