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Griesa declaró en "desacato" a la Argentina

El magistrado consideró además que la Ley de Pago Soberano es "ilegal" y no debe aplicarse. Pese a esto, el Gobierno confirmó que mañana les pagará a los bonistas a través de Nación Fideicomisos.



Al encabezar una nueva reunión en Manhattan, el juez Thomas Griesa resolvió declarar a la Argentina en "desacato" por no cumplir la sentencia del magistrado que obliga al pago de u$s1.330 millones a un grupo de acreedores que litigó contra el país. Además, el magistrado consideró que la Ley de Pago Soberana aprobada por el Congreso es "ilegal" y no debe aplicarse.

Aún no trascendió si habrá una sanción económica ni cuál sería su monto. Según el estudio de abogados que representa al país, serían u$s18 millones al año. Los holdouts le habían pedido al juez que impusiera una multa de u$s50 mil por día de incumplimiento. Este pedido ya fue rechazado en al menos dos oportunidades por Griesa, aunque la audiencia de hoy será la primera convocada especialmente para tratar este tema.

Según supo Infobae, funcionarios del Ministerio de Economía iniciaron contactos con los letrados que participaron de la reunión para decidir los pasos a seguir.

Por otro lado, y pese a lo resuelto por Griesa, el Gobierno confirmó que depositará mañana en Buenos Aires el primer servicio de deuda al amparo de la Ley de Pago Soberano, por unos 170 millones de dólares en Bonos Par, de los cuales 16 millones corresponden a títulos con legislación nacional y 154 millones a papeles con jurisdicción Nueva York, europea y japonesa, según confirmaron fuentes oficiales.

El viernes, el Citigroup consiguió que Griesa le permita realizar el pago de los títulos nominados en dólares pero con legislación argentina, que para el caso de esta entidad equivale a unos 5 millones de dólares.

Horas antes de la audiencia en la que Griesa resolvió declarar a la Argentina en desacato, la embajadora argentina en los Estados Unidos, Cecilia Nahón, le envió una nota al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en la que el Gobierno insistió en responsabilizar a la administración de Barack Obama por las decisiones de los jueces de ese país.

"Cualquier decisión que adopten los tribunales de los Estados Unidos de América que puedan frustrar dicha reestructuración de deuda soberana o cuestionar la actuación de los órganos políticos de la República Argentina, no sólo estaría fuera del alcance de su jurisdicción, sino que constituiría además una ilegítima injerencia en los asuntos internos del Estado argentino, que comprometería la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América", afirmó el escrito, fechado en Washington, y leído este mediodía por el canciller Héctor Timerman.
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