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Hacia el default institucional

La última decisión del gobierno de Cristina Kirchner de enviar un proyecto de ley al Congreso para modificar las condiciones de pago de los bonos confirma dos cosas. En primer lugar que no había intención de cumplir con el fallo del Juez Griesa en el 2015, luego del vencimiento de la cláusula RUFO. Es claro ahora que esta cláusula se usó como excusa para justificar no acatar un fallo firme de una corte de justicia elegida por el Argentina. Esta explicación es más simple que teorías de negociaciones secretas. El kirchnerismo no quiere pagar bajo condiciones del canje realizado por ellos mismos, punto. A veces la ideología supera la pura racionalidad económica. En segundo lugar, este proyecto de ley confirma que Argentina se está encaminando no sólo hacia un default ‘económico’ o ‘financiero”‘ sino también hacia un default ‘institucional.’




Las consecuencias del default económico posiblemente sean un agravamiento general del ya delicado cuadro económico del país. Para un gobierno al que tan fácil le resulta apartarse de la transparencia, el ‘Griesafault’ puede ser usado como excusa para justificar los magros resultados económicos de modelo K, profundizado por el ministro Kicillof y su equipo. Créditos (externos) al sector privado se verán reducidos, si no eliminados. Las provincias, también con una importante falta de disciplina fiscal, se verán imposibilitadas de emitir bonos para financiar su déficit, o deberán hacerlo a tasas muy altas. En un cuadro de default, los prestamistas institucionales no utilizan el crédito de sus depositantes para financiar países en default. Si bien es cierto que se habla del nuevo default, lo cierto es que Argentina no terminó de arreglar con sus acreedores luego del 2001. Por eso había un juicio abierto y por eso el país tenía limitado el acceso a créditos internacionales. De hecho, el gobierno de los Kirchner se financió con fondos de Venezuela a tasas “buitre”. El canje no pudo haber sido el “más exitoso” de la historia por el simple motivo de que el canje nunca terminó. Ignorar a los holdouts (que, guste o no, están en su derecho de no aceptar una quita como la ofrecida por Argentina), como ahora es claro, dista de ser una solución a problemas de deuda externa.

Pero este proyecto de ley también implica un default institucional. Esto es un aspecto novedoso respecto a defaults anteriores. Si bien este default es menos explosivo que el del 2001, el daño institucional, cuyas consecuencias son de largo plazo, puede ser más graves que el beneficio económico de corto plazo de no pagar a los holdouts. Dado que, para ofrecer seguridad jurídica, Argentina voluntariamente aceptó someterse a legislación internacional en la emisión de deuda, rechazar el fallo de Griesa implica renunciar a ofrecer un marco jurídico que dé la confianza en el país que su dirigencia política no sabe o no puede dar. En definitiva, lo que Argentina (gobernada por el kirchnerismo) le está diciendo al mundo es que el país paga sus deudas si quiere, como quiere, y donde quiere. La semántica y el relato político pueden adornar pero no cambiar este mensaje. Si Argentina rechaza la legislación NY, ¿por qué no va a rechazar las otras jurisdicciones internacionales donde ya ha emitido deuda? ¿Y desde cuándo la justicia Argentina ofrece mayor seguridad a los acreedores que las cortes internacionales bajo la cual se suelen emitir títulos de deuda (¿cuántos otros países emiten sus bonos bajo legislación Argentina?). El mundo es mucho más grande que Argentina y no faltan alternativas más atractivas para inversiones de largo plazo. Son, justamente, los fondos ‘buitre’ (como se dice desde el gobierno) o “capitales especulativos,” quienes prestan a países en serios problemas.

Argentina parece tener una debilidad por maltratar a sus acreedores. Desde su independencia, pasó el 36% del tiempo con su deuda en default o en proceso de reestructuración. Desde la Segunda Guerra Mundial, este número se eleva a un 52%. Algunos sugieren que esto no es grave, que Brasil, por ejemplo entró en default más veces que España. Esta comparación olvida que lo importante no es sólo cuántas veces se entra en default, sino cuanto tiempo se está en default o con deuda en reestructuración. Desde su independencia, Brasil ha estado en default o con deuda en reestructuración un 25% del tiempo. Este número cae a un 17% desde la Segunda Guerra Mundial; contra un 36% y un 52% de Argentina respectivamente.

El problema del deterioro institucional es que las instituciones no pueden ni construirse ni repararse en un taller como se puede hacer con un auto. Los problemas económicos e institucionales que el kirchnerismo está dejando de herencia no se arreglan con buenos modales políticos, se arreglan con decisiones firmes y difíciles, pero necesarias. El gobierno hace un cálculo equivocado al creer que al cambiar la jurisdicción de pago tiene poco que perder (sea este el motivo final o no de este proyecto de ley). El riesgo país, el riesgo de lidiar con un país con una dirigencia política como la de Argentina, puede verse afectado por un largo plazo que no justifica seguir dañando lo que queda de prestigio Argentina a nivel internacional. Cuando el dueño de un comercio se vea sin acceso a crédito o deba afrontar altas tasas de interés en su banco, viéndose forzado a cerrar o despedir personal, va a estar pagando el costo de no “ajustar” un 1% de la recaudación fiscal utilizada en clientelismo político que podría haber sido destinada a evitar el default.
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