Iguala pone a prueba al país, advierte ONU
GINEBRA, 11 de octubre.— Un grupo de relatores de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en distintas temáticas de derechos humanos declaró ayer que la investigación del asesinato y de la desaparición forzada de estudiantes en Guerrero pondrá a prueba “la voluntad y capacidad” de México de resolver violaciones tan graves como éstas.
La ONU informó de que, a finales de septiembre, seis personas murieron —entre ellas un menor de 15 años y tres estudiantes— y al menos 17 fueron heridas en una serie de eventos ocurridos en la municipalidad de Iguala, con la participación de la policía de esta jurisdicción.
A raíz de esos sucesos, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa están desaparecidos.
“Lo ocurrido es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y aún menos en un Estado de Derecho”, recalcaron los expertos.
Recordaron además que, durante años, los mecanismos de derechos humanos de la ONU han denunciado la impunidad en México en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, así como los problemas en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
En el caso que ahora se presenta, los expertos de la ONU instan a las autoridades de México a hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar a los desaparecidos en Guerrero, aclarar lo ocurrido y proteger a sus familias, así como a los que apoyan las investigaciones.
Encomiaron la detención de 22 policías municipales de Iguala y de otras ocho personas que supuestamente participaron en los hechos criminales, así como la llegada de un equipo forense de Argentina para trabajar en la identificación de los restos que se encuentran en fosas comunes, recientemente descubiertas.
Garzón lo califica de genocidio
En Guanajuato, el jurista español Baltasar Garzón Real, calificó de crimen de lesa humanidad y de genocidio a la matanza de estudiantes ocurrida en Iguala, Guerrero, por lo que llamó al gobierno federal a dar una respuesta inmediata a los mexicanos y a la misma comunidad internacional.
Porque México ostenta una muy mala imagen, ya que no existe justificación, para que decenas de jóvenes hayan sido desaparecidos y asesinados, toda vez que no están en ninguna dinámica criminal, y mientras que esa investigación no se produzca las autoridades quedarán en entredicho.
En el marco del Encuentro Estatal de Jueces organizado por el Poder Judicial de Guanajuato, Baltasar Garzón recordó a los impartidores de justicia que no se necesita salir del país para hallar casos de genocidio.
“El genocidio no está lejos de México. ¿Cómo se le puede llamar a lo que pasó con los normalistas de México? Estamos ante crímenes de lesa humanidad”, estableció en su conferencia refiriéndose a los actos criminales del pasado 26 de septiembre en Iguala.
Invitado a Guanajuato por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Miguel Valadez Reyes; el abogado español subrayó que las personas que son sacudidas por la violencia, necesitan sentirse amparadas por las instituciones.
GINEBRA, 11 de octubre.— Un grupo de relatores de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en distintas temáticas de derechos humanos declaró ayer que la investigación del asesinato y de la desaparición forzada de estudiantes en Guerrero pondrá a prueba “la voluntad y capacidad” de México de resolver violaciones tan graves como éstas.
La ONU informó de que, a finales de septiembre, seis personas murieron —entre ellas un menor de 15 años y tres estudiantes— y al menos 17 fueron heridas en una serie de eventos ocurridos en la municipalidad de Iguala, con la participación de la policía de esta jurisdicción.
A raíz de esos sucesos, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa están desaparecidos.
“Lo ocurrido es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que hechos de estas características ocurran, y aún menos en un Estado de Derecho”, recalcaron los expertos.
Recordaron además que, durante años, los mecanismos de derechos humanos de la ONU han denunciado la impunidad en México en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, así como los problemas en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
En el caso que ahora se presenta, los expertos de la ONU instan a las autoridades de México a hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar a los desaparecidos en Guerrero, aclarar lo ocurrido y proteger a sus familias, así como a los que apoyan las investigaciones.
Encomiaron la detención de 22 policías municipales de Iguala y de otras ocho personas que supuestamente participaron en los hechos criminales, así como la llegada de un equipo forense de Argentina para trabajar en la identificación de los restos que se encuentran en fosas comunes, recientemente descubiertas.
Garzón lo califica de genocidio
En Guanajuato, el jurista español Baltasar Garzón Real, calificó de crimen de lesa humanidad y de genocidio a la matanza de estudiantes ocurrida en Iguala, Guerrero, por lo que llamó al gobierno federal a dar una respuesta inmediata a los mexicanos y a la misma comunidad internacional.
Porque México ostenta una muy mala imagen, ya que no existe justificación, para que decenas de jóvenes hayan sido desaparecidos y asesinados, toda vez que no están en ninguna dinámica criminal, y mientras que esa investigación no se produzca las autoridades quedarán en entredicho.
En el marco del Encuentro Estatal de Jueces organizado por el Poder Judicial de Guanajuato, Baltasar Garzón recordó a los impartidores de justicia que no se necesita salir del país para hallar casos de genocidio.
“El genocidio no está lejos de México. ¿Cómo se le puede llamar a lo que pasó con los normalistas de México? Estamos ante crímenes de lesa humanidad”, estableció en su conferencia refiriéndose a los actos criminales del pasado 26 de septiembre en Iguala.
Invitado a Guanajuato por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Miguel Valadez Reyes; el abogado español subrayó que las personas que son sacudidas por la violencia, necesitan sentirse amparadas por las instituciones.