Interior extremará la vigilancia de los yihadistas en las cárceles
Los funcionarios podrán intervenir las comunicaciones de los reclusos
Crece el temor del Ministerio del Interior a que las cárceles se conviertan en vivero de adoctrinamiento o captación de yihadistas.
Hace una semana, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, dictó una nueva instrucción a todos los centros en la que ordena intensificar al máximo el control de los presos yihadistas o susceptibles de ser adoctrinados.
En la práctica, el documento da luz verde a que los funcionarios puedan intervenir sin restricciones las comunicaciones de cualquier recluso al que Interior haya calificado como «radicalizable» y al que se podrá someter a todo tipo de vigilancia, incluido saber qué lee, con quién se relaciona en el exterior o quién le hace llegar dinero en el peculio.
La denominada instrucción 2/2015 es, en realidad, la tercera orden por escrito que Interior da en los últimos siete meses para endurecer el control de estos reclusos. En julio ya envió a las cárceles el «nuevo programa de prevención de la radicalización en los establecimientos penitenciarios», completado en octubre con una orden de servicio para la «evitación de la radicalización islámica en los establecimientos penitenciarios». Unas directrices que ahora endurece todavía más el nuevo documento.
Tres categorías
En octubre, el departamento que dirige Yuste ordenó crear un fichero denominado IR para incluir a todos los reclusos sospechosos de integrismo. Ese archivo tiene tres categorías: la A para «todos los internos condenados o procesados por hechos y/o pertenencia o vinculación con grupos u organizaciones terroristas asociadas al denominado terrorismo islámico»; la B para los «radicalizadores y sus colaboradores», los que «lideren grupos de presión o coacción para obligar a otros reclusos a seguir los postulados más radicales de la religión islámica» o los presos que, aunque absueltos, hubieran estado procesados por actividades terroristas; y la C, para los internos «radicalizables o iniciados en procesos de captación».
Hace poco más de tres meses se decidió incluir a los dos primero grupos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), pero se dejó al margen a los centenares de internos posibles «radicalizables».
Ahora, las órdenes son incluir también a los internos del grupo C en el punto de mira, como al resto. «Convergen en la actualidad circunstancia para modificar la categorización del grupo C», apunta el documento firmado por Yuste, quien justifica la decisión de extremar el control sobre centenares de presos por la «coexistencia de ataques terroristas radicales islámicos en los últimos meses y la amenaza que (esos atentados) pueden suponer para España».
Interior ordena a todas las prisiones que adopten «acuerdos de intervención de comunicaciones por razones de seguridad» de esos internos sospechosos de ser «radicalizables» como fija el protocolo de FIES-4 (CE, características especiales) en vigor desde el 2011.
Ese programa abre la puerta la intervención de las comunicaciones con el exterior o a hacer listados de las visitas que reciba el recluso, incluidos letrados. Prisiones también podrá ejercer el «control sobre el movimiento de sus cuentas de peculio» y tendrá permiso para investigar a los diez conocidos que puedan visitar al reo.
Cambios cada dos meses, en celdas sin compañía y rondas continuas
Todos los viernes, Prisiones enviará datos estadísticos sobre el comportamientos de los yihadistas presos y mensualmente elaborará informes sobre su evolución, en los que se incluirán todo tipo de datos, desde los nombres e historiales de las personas con las que se ha comunicado el recluso bajo control, los allegados a los que ha llamado por teléfono (siempre previa autorización), los libros que lee, sus relaciones en el centro o la posibilidad de que se vea involucrado en algún incidente.
Además, pasan a un régimen de semiaislamiento, con celdas sin compañía, cambios continuos de celda cada dos meses y el sometimiento a «rondas nocturnas» cada dos horas.
Unos días antes de que Interior ordenara aumentar el control sobre los reclusos radicales, el ministro del Interior, Jorge Fernández, desveló que Interior tenía ya bajo la lupa a 140 presos islamistas y que por el plan antiyihadista de las cárceles españolas habían pasado en los últimos años cerca de 1.100 internos.
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