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Investigan al Grupo Clarín por lavado de dinero

Investigan al Grupo Clarín por lavado de dinero. La UIF presentó un detallado informe en el juzgado de Sergio Torres. Los directivos del grupo involucrados en la causa. Triangulaciones, empresas fantasma y evasión impositiva.



Las denuncias por maniobras financieras del Grupo Clarín continúan saliendo a flote. Cuando parecía que el tema había caído en el olvido, el reporte de un organismo del Estado volvió a ponerlo en primera plana y pasó a engrosar la causa que toma cuerpo en la Justicia Federal. El contenido de las fojas de la causa iniciada en 2008 delata a empresas, y a mujeres y hombres que poseen cientos de millones de dólares en depósitos como para calificar en cierto banco con base en Estados Unidos y con filial argentina. Pero a los intereses que devengan esos grandes montos deben agregarse las ganancias que generan en paralelo algunas compañías creadas en el extranjero. Estas llevan adelante operatorias tendientes a eludir controles fiscales con el consiguiente beneficio impositivo.

El pasado 13 de abril, un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) ingresó en el Juzgado en lo Criminal Correccional Número 12, a cargo de Sergio Torres. Según el detallado trabajo de investigación, directivos del grupo editorial incurrieron en presunto lavado de dinero basado en la triangulación. Para ponerlo en contexto, hay que remontarse al origen de la denuncia, que ya lleva cuatro años en el juzgado. En mayo de 2008, un ex funcionario de alto rango del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, denunció la existencia de cuentas no declaradas que personajes y empresas tenían depositados en esa institución. Tres directivos del multimedios, Ernestina Laura Herrera de Noble, José Antonio Aranda y Héctor Magnetto formaban parte de la extensa lista de más de doscientos afortunados. La causa, caratulada “Arbizu Hernán Esteban sobre defraudación” y bajo el número 7.943/08, recayó en el juzgado de Torres, que al poco tiempo mandó a allanar la sede local de la institución bancaria. El revuelo fue inmenso al principio, pero según el denunciante, parte de la información recogida fue derivada y otra parte pasó a componer la número 9.232/08, NN sobre delito de acción pública.
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