El cronograma es apretado. No queda mucho tiempo más. El Estado argentino ha decidido correr demasiado el tema. Muchos creen que, aunque haya acuerdo, ya no hay tiempo para que sea un buen acuerdo.
Hoy es lunes 21/07 y la fecha tope es el miércoles 30/07. Antes, hay una fecha muy importante: martes 22/07, cuando las partes volverán a reunirse en el juzgado neoyorkino a cargo del juez Thomas Griesa, quien definirá si concede o no la cautelar o 'stay' solicitada por el deudor que perdió la demanda (el Estado argentino) para tener un tiempo extra que le permita cumplir con el acreedor litigante que ganó (los tenedores de bonos 'holdouts'). Al respecto, abundan las especulaciones: algunas, tremendistas; otras hiperoptimistas. En cualquier caso, que esto ocurra en 2014 es una vergüenza, otra demostración de la impericia de la mal llamada "Década Ganada".
Corren tiempos definitivos para la deuda pública externa argentina. Los tenedores de bonos deberían haber cobrado el 30/06, pero, por una disposición del juez Thomas Griesa, en resguardo del fallo judicial que él dictó y tiene ratificación de Cámara y Corte, el pago no se realizó. Ahora, corre el período de gracia hasta el miércoles 30/07, nueva fecha límite.
El Estado argentino reclama la posibilidad de pagar a los tenedores de bonos holdins, o sea a los que acordaron en su momento no litigar; y que exista una medida cautelar sobre el resto para evitar embargos y tratar en forma diferenciar a los acreedores que litigaron y ganaron, los holdouts.
El fallo judicial, ratificado en 2da. y 3ra. instancia, considera que se encuentran en igualdad de condiciones los holdins y los holdouts, y el Estado argentino debe pagarlos a todos.
El Estado argentino presentó un pedido de excepcionalidad y emergencia, que el intermediario designado por el juez Griesa, el abogado Daniel Pollack, llevó al magistrado, quien debe definir la situación.
Además, también faltan 24 horas para que el juez Thomas Griesa reciba en su despacho a los abogados del Bank of New York Mellon (BoNY), Euroclear Bank y Clearstream Banking (más los de JP Morgan Chase), los agentes pagadores que tienen los casi US$539 millones del más reciente vencimiento de la deuda pública argenntina, que no pudieron transferir a los bonistas por una decisión del Juzgado.
Ellos realizaron varios pedidos de clarificación al magistrado, para que les permita pagarles a los acreedores europeos. El dinero, argumentan, no pasaría por USA, que es donde se encuentran radicados los problemas legales argentinos y donde tiene jurisdicción Griesa, sino por Luxemburgo, que integra la Unión Europea.
Los europeos se basan en normas firmadas en el Parlamento belga que prohíben desde 2003 embargar ese tipo de activos.
Si bien el Banco Central argentino depositó el dinero en cuentas de los bancos pagadores, los dólares nunca salieron de la Argentina, por temor de esas entidades a que les fuese embargado.
El juez Griesa podría habilitar el pago de todos los bancos a los acreedores que cobren fuera de USA, o no habilitarlo, tratándose de entidades con sede legal en territorio estadounidense.
Por lo tanto, será una decisión importante conocere si el BoNY puede o no pagar los servicios de los bonos argentinos cuyos tenedores no son estadounidenses.
O sea que el martes 22/07 será una fecha muy importante en el calendario con fecha top 30/07, cuando la Argentina o tendrá un acuerdo de pago con los holdouts, que le ganaron una demanda judicial y tienen sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de USA, o irá a un 2do. incumplimiento o default, situación que acarrera muy graves consecuencias.
Preocupación
Esteban Rafele, en el diario El Cronista Comercial, explicó la situación:
"El futuro de la deuda externa argentina tendrá mañana una parada importantísima en el despacho del juez de Nueva York Thomas Griesa. En una audiencia pedida por los bancos pagadores, el magistrado decidirá si permite pagar los bonos de legislación europea, si otorga una medida cautelar que libere los fondos destinados a los vencimientos congelados desde el 27 de junio o si deja todo igual. Si esto último ocurre, el Gobierno ya avisó que responsabilizará a la justicia de Estados Unidos por el default forzoso.
Esta situación tiene en vilo a los empresarios. Con Argentina alejada del mercado de capitales, los efectos de un default caerán sobre las provincias, que sí toman deuda, y las empresas que se financian con sus casas matrices o sus clientes del exterior para pagar importaciones.
La posibilidad de que Argentina entre en default atravesó el almuerzo que mantuvieron el sábado en la Exposición Rural los integrantes del Fondo de Convergencia Empresaria. Los integrantes de la Sociedad Rural (SRA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Bolsa, entre otras organizaciones, apuestan a que el país y los fondos buitre arreglen un pago para la sentencia por u$s 1.500 millones a favor de los poseedores de títulos en default.
Para los empresarios, luego de haber arreglado con Repsol y el Club de París, ir al default por un grupo ínfimo de holdouts sería hasta desopilante y se resisten a creerlo. Pero alertan sobre sus efectos, que van más allá de la corrida cambiaria. El crédito para la producción se termina. En el ambiente del comercio exterior siempre hay financiamiento de las casas matrices o de los proveedores; ese tipo de situaciones pasa a ser imposible; las importaciones se van a comprar en efectivo y por adelantado, con un aumento de costos espeluznante que quitará competitividad, alertó Miguel Ponce, Gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores (CIRA). (...)"
Chevron
Carlos Burgueño afirma en el diario Ámbito Financiero:
"(...) Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, en los tribunales de primera instancia de California, los abogados que representan al fondo buitre más importante que litiga contra el país en el "juicio del siglo" (propiedad del megamillonario Paul Singer), concretaron el paso más importante y peligroso contra la Argentina y los activos del país en los Estados Unidos.
La intención de la embestida es que si mañana el juez Griesa decide no reinstalar el "stay", y libera la alternativa de avanzar en embargos contra el país por todo el territorio norteamericano, el primer avance sea contra la petrolera argentina y su socia de los Estados Unidos. La intención de máxima de Elliott es que un juez avance hasta las últimas consecuencias y le embargue fondos a Chevron.
La de mínima, que haya un juicio nuevo que embarre aún más el desarrollo de las negociaciones con la Argentina. En el medio, Elliot busca afectar las inversiones de cualquier otra compañía norteamericana en el país, ya que de resultar vencedor el fondo buitre en este otro juicio, todas las empresas de ese origen podrían tener dinero embargable.
La embestida de Elliott es en California porque en ese estado tiene su sede Chevron.
(...) La presentación fue recibida por la Justicia, a la espera de lo que suceda mañana en el tribunal de Griesa. De avalar los jueces californianos la presentación, comenzaría a considerarse a nivel tribunalicio la alternativa del eventual embargo a Chevron, además de la aceleración del pedido a otros jueces del estado sobre la posibilidad de que existen fondos de la petrolera estatal renacionalizada en ese territorio. (...)
Elliot quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encuentra, que sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales inmumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos.
Pero lo más fuerte que presenta Elliot son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio pasado, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el "juicio del siglo" en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) que informe a cualquier juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan. Se trata de la cláusula "Discovery", una de las dos causas que debía definir la Corte Suprema y que falló en contra de la Argentina. (...)".
Menos tremendismo
Pese a la grave situación que describen en Ámbito Financiero, en el diario BAE (del llamado Grupo Olmos, que dicen que también esta involucrado en el diario Ámbito), Darío Gannio afirma:
"El Gobierno tendrá esta semana un nuevo round con los buitres, en el que insistirá en que no les pagará lo que piden, lo que podría dejar al país en default técnico en diez días. El objetivo es que, si el juez neoyorquino Thomas Griesa no congela su sentencia, sean los demandantes los que le pidan que lo haga. Mañana habrá novedades con los pagos en Europa, que podrían ser habilitados.
En la Rosada empezó a ganar lugar la opción de no pagar los US$1.500 millones que exige el fallo de primera instancia, avalado en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, aunque podría ser principalmente una amenaza para los buitres. Esa fue una de las sugerencias que barajaron los abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, estudio que representa a Argentina en Estados Unidos, y plantearon que el principal temor de los litigantes pasa por el camino del no pago, que en paralelo llevaría al país al default técnico, ya que le sería allanada la vía para cancelar los vencimientos con sus acreedores.
(...) Si bien la amenaza del default es parte de la negociación con los demandantes –la cual se lleva adelante en las oficinas del mediador Daniel Pollack– en Economía no descartaron la posibilidad (que bajó de Casa de Gobierno) y dijeron que “se barajan múltiples opciones”. (...)".
Hoy es lunes 21/07 y la fecha tope es el miércoles 30/07. Antes, hay una fecha muy importante: martes 22/07, cuando las partes volverán a reunirse en el juzgado neoyorkino a cargo del juez Thomas Griesa, quien definirá si concede o no la cautelar o 'stay' solicitada por el deudor que perdió la demanda (el Estado argentino) para tener un tiempo extra que le permita cumplir con el acreedor litigante que ganó (los tenedores de bonos 'holdouts'). Al respecto, abundan las especulaciones: algunas, tremendistas; otras hiperoptimistas. En cualquier caso, que esto ocurra en 2014 es una vergüenza, otra demostración de la impericia de la mal llamada "Década Ganada".
Corren tiempos definitivos para la deuda pública externa argentina. Los tenedores de bonos deberían haber cobrado el 30/06, pero, por una disposición del juez Thomas Griesa, en resguardo del fallo judicial que él dictó y tiene ratificación de Cámara y Corte, el pago no se realizó. Ahora, corre el período de gracia hasta el miércoles 30/07, nueva fecha límite.
El Estado argentino reclama la posibilidad de pagar a los tenedores de bonos holdins, o sea a los que acordaron en su momento no litigar; y que exista una medida cautelar sobre el resto para evitar embargos y tratar en forma diferenciar a los acreedores que litigaron y ganaron, los holdouts.
El fallo judicial, ratificado en 2da. y 3ra. instancia, considera que se encuentran en igualdad de condiciones los holdins y los holdouts, y el Estado argentino debe pagarlos a todos.
El Estado argentino presentó un pedido de excepcionalidad y emergencia, que el intermediario designado por el juez Griesa, el abogado Daniel Pollack, llevó al magistrado, quien debe definir la situación.
Además, también faltan 24 horas para que el juez Thomas Griesa reciba en su despacho a los abogados del Bank of New York Mellon (BoNY), Euroclear Bank y Clearstream Banking (más los de JP Morgan Chase), los agentes pagadores que tienen los casi US$539 millones del más reciente vencimiento de la deuda pública argenntina, que no pudieron transferir a los bonistas por una decisión del Juzgado.
Ellos realizaron varios pedidos de clarificación al magistrado, para que les permita pagarles a los acreedores europeos. El dinero, argumentan, no pasaría por USA, que es donde se encuentran radicados los problemas legales argentinos y donde tiene jurisdicción Griesa, sino por Luxemburgo, que integra la Unión Europea.
Los europeos se basan en normas firmadas en el Parlamento belga que prohíben desde 2003 embargar ese tipo de activos.
Si bien el Banco Central argentino depositó el dinero en cuentas de los bancos pagadores, los dólares nunca salieron de la Argentina, por temor de esas entidades a que les fuese embargado.
El juez Griesa podría habilitar el pago de todos los bancos a los acreedores que cobren fuera de USA, o no habilitarlo, tratándose de entidades con sede legal en territorio estadounidense.
Por lo tanto, será una decisión importante conocere si el BoNY puede o no pagar los servicios de los bonos argentinos cuyos tenedores no son estadounidenses.
O sea que el martes 22/07 será una fecha muy importante en el calendario con fecha top 30/07, cuando la Argentina o tendrá un acuerdo de pago con los holdouts, que le ganaron una demanda judicial y tienen sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de USA, o irá a un 2do. incumplimiento o default, situación que acarrera muy graves consecuencias.
Preocupación
Esteban Rafele, en el diario El Cronista Comercial, explicó la situación:
"El futuro de la deuda externa argentina tendrá mañana una parada importantísima en el despacho del juez de Nueva York Thomas Griesa. En una audiencia pedida por los bancos pagadores, el magistrado decidirá si permite pagar los bonos de legislación europea, si otorga una medida cautelar que libere los fondos destinados a los vencimientos congelados desde el 27 de junio o si deja todo igual. Si esto último ocurre, el Gobierno ya avisó que responsabilizará a la justicia de Estados Unidos por el default forzoso.
Esta situación tiene en vilo a los empresarios. Con Argentina alejada del mercado de capitales, los efectos de un default caerán sobre las provincias, que sí toman deuda, y las empresas que se financian con sus casas matrices o sus clientes del exterior para pagar importaciones.
La posibilidad de que Argentina entre en default atravesó el almuerzo que mantuvieron el sábado en la Exposición Rural los integrantes del Fondo de Convergencia Empresaria. Los integrantes de la Sociedad Rural (SRA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Bolsa, entre otras organizaciones, apuestan a que el país y los fondos buitre arreglen un pago para la sentencia por u$s 1.500 millones a favor de los poseedores de títulos en default.
Para los empresarios, luego de haber arreglado con Repsol y el Club de París, ir al default por un grupo ínfimo de holdouts sería hasta desopilante y se resisten a creerlo. Pero alertan sobre sus efectos, que van más allá de la corrida cambiaria. El crédito para la producción se termina. En el ambiente del comercio exterior siempre hay financiamiento de las casas matrices o de los proveedores; ese tipo de situaciones pasa a ser imposible; las importaciones se van a comprar en efectivo y por adelantado, con un aumento de costos espeluznante que quitará competitividad, alertó Miguel Ponce, Gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores (CIRA). (...)"
Chevron
Carlos Burgueño afirma en el diario Ámbito Financiero:
"(...) Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, en los tribunales de primera instancia de California, los abogados que representan al fondo buitre más importante que litiga contra el país en el "juicio del siglo" (propiedad del megamillonario Paul Singer), concretaron el paso más importante y peligroso contra la Argentina y los activos del país en los Estados Unidos.
La intención de la embestida es que si mañana el juez Griesa decide no reinstalar el "stay", y libera la alternativa de avanzar en embargos contra el país por todo el territorio norteamericano, el primer avance sea contra la petrolera argentina y su socia de los Estados Unidos. La intención de máxima de Elliott es que un juez avance hasta las últimas consecuencias y le embargue fondos a Chevron.
La de mínima, que haya un juicio nuevo que embarre aún más el desarrollo de las negociaciones con la Argentina. En el medio, Elliot busca afectar las inversiones de cualquier otra compañía norteamericana en el país, ya que de resultar vencedor el fondo buitre en este otro juicio, todas las empresas de ese origen podrían tener dinero embargable.
La embestida de Elliott es en California porque en ese estado tiene su sede Chevron.
(...) La presentación fue recibida por la Justicia, a la espera de lo que suceda mañana en el tribunal de Griesa. De avalar los jueces californianos la presentación, comenzaría a considerarse a nivel tribunalicio la alternativa del eventual embargo a Chevron, además de la aceleración del pedido a otros jueces del estado sobre la posibilidad de que existen fondos de la petrolera estatal renacionalizada en ese territorio. (...)
Elliot quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encuentra, que sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales inmumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos.
Pero lo más fuerte que presenta Elliot son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio pasado, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el "juicio del siglo" en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) que informe a cualquier juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan. Se trata de la cláusula "Discovery", una de las dos causas que debía definir la Corte Suprema y que falló en contra de la Argentina. (...)".
Menos tremendismo
Pese a la grave situación que describen en Ámbito Financiero, en el diario BAE (del llamado Grupo Olmos, que dicen que también esta involucrado en el diario Ámbito), Darío Gannio afirma:
"El Gobierno tendrá esta semana un nuevo round con los buitres, en el que insistirá en que no les pagará lo que piden, lo que podría dejar al país en default técnico en diez días. El objetivo es que, si el juez neoyorquino Thomas Griesa no congela su sentencia, sean los demandantes los que le pidan que lo haga. Mañana habrá novedades con los pagos en Europa, que podrían ser habilitados.
En la Rosada empezó a ganar lugar la opción de no pagar los US$1.500 millones que exige el fallo de primera instancia, avalado en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, aunque podría ser principalmente una amenaza para los buitres. Esa fue una de las sugerencias que barajaron los abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, estudio que representa a Argentina en Estados Unidos, y plantearon que el principal temor de los litigantes pasa por el camino del no pago, que en paralelo llevaría al país al default técnico, ya que le sería allanada la vía para cancelar los vencimientos con sus acreedores.
(...) Si bien la amenaza del default es parte de la negociación con los demandantes –la cual se lleva adelante en las oficinas del mediador Daniel Pollack– en Economía no descartaron la posibilidad (que bajó de Casa de Gobierno) y dijeron que “se barajan múltiples opciones”. (...)".