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La campaña K se financió con fondos sospechados d

Un peritaje judicial confirmó que tres empresas que aportaron a la candidatura de Cristina Kirchner en 2007 no pueden justificar el origen del dinero



La Justicia determinó que al menos una parte de la financiación de la campaña kirchnerista de 2007 tuvo un origen irregular. Tres laboratorios que aportaron fondos para la postulación de Cristina Kirchner no pueden justificar de dónde proviene ese dinero, según un peritaje contable realizado por expertos de la Corte, reportes de operaciones sospechosas y evidencias que reunió la Justicia en la causa en la que se investiga a esas empresas por lavado de dinero.



Uno de los laboratorios es Sanford Salud, de Solange Bellone, la esposa de Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez por sus negocios con la efedrina y los carteles mexicanos de la droga. La empresa aportó $ 200.000 a la campaña. Otro es Multipharma, de Carlos Torres, que fue procesado por la mafia de los medicamentos y aportó $ 376.000. Y el tercero es Global Pharmacy, de Gabriel Brito, también procesado por ese caso, que aparece con 310.000 pesos.



Pero los responsables de los laboratorios no son los únicos que pueden terminar procesados por lavado de dinero. También el caso podría afectar a los funcionarios a cargo de la recaudación: el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, el funcionario de la Anses Sebastián Gramajo y el ex director de la Lotería Nacional Hernán Diez.

Los tres están por ser llamados a prestar declaración indagatoria bajo la acusación de recibir ese dinero cuyo origen para la Justicia es sospechoso.

Esta investigación judicial, que tiene en sus manos el juez federal Ariel Lijo, es la que esta semana puso a su colega Norberto Oyarbide al borde de una nueva acusación en el Consejo de la Magistratura. Es que Oyarbide, cuando ya no tenía el caso en sus manos, les dictó la falta de mérito y luego los sobreseyó. Cuando el asunto llegó a la Cámara Federal, los jueces de la Sala II denunciaron a Oyarbide ante el Consejo de la Magistratura.



Mientras, Lijo siguió avanzando. Cuenta con el relato clave de Gabriel Brito, el empresario farmacéutico que confesó cómo fue la maniobra. El Frente para la Victoria declaró a la justicia electoral que la empresa de Brito, Global Pharmacy SA, aportó 310.000 pesos en cuatro cheques. Pero Brito negó haber aportado ese dinero.

Sostuvo que el partido usó cheques que él le había entregado al empresario Néstor Lorenzo (dueño de la droguería San Javier y preso como jefe de una presunta asociación ilícita que traficaba remedios), para justificar el ingreso de fondos a la campaña.

Después, según Brito, Lorenzo lo llevó personalmente a las oficinas del recaudador de campaña Héctor Capaccioli, donde también estaba Sebastián Gramajo, y allí lo forzaron a firmar, ante una escribana, que el aporte había sido voluntario.

El recibo del aporte adjudicado a la empresa de Brito fue encontrado en el domicilio de Lorenzo, durante un allanamiento dispuesto por Oyarbide hace dos años, en los inicios de la investigación. Decenas de escuchas de conversaciones telefónicas entre Lorenzo, Capaccioli y Gramajo son parte de las pruebas en esta investigación. Con esas evidencias, Lijo pidió al banco Credicoop datos sobre los movimientos financieros de Brito y su empresa para conocer sus movimientos de fondos.

Al mismo tiempo, recibió las conclusiones de un peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema, donde se analiza si los aportantes podían justificar esos dineros que colocaron en la campaña electoral.

Las principales conclusiones del trabajo de 28 páginas perjudican a Sanford Salud, continuadora de Seacamp, de Forza y luego de su mujer Bellone, y a Multipharma.

De Sanford Salud señala que "los aportes efectuados han sido cubiertos con depósitos en efectivo, desconociendo el origen de los mismos". Y como los peritos no tenían otros elementos, no les fue posible sacar conclusiones sobre los negocios que generaba el laboratorio para determinar si se justificaban sus aportes.

Seacamp financió la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos con cuatro cheques de 50.000 pesos cada uno, numeros 05371377, 05371378, 05371379 y 05371380 recibidos el 29 de octubre de 2007.

Los que secuestró la Justicia están firmados en el dorso por el responsable político del Frente para la Victoria y tienen el sello de cobro del Banco Nación.

Además de los negocios con la efedrina, que le permitían a Forza tener una colección de autos de lujo y una vida de placeres disipados, Seacamp está acusada de vender medicamentos contra el cáncer adulterados a obras sociales en la causa de la mafia de los medicamentos.

En el caso de Multipharma, el peritaje registra dos aportes, uno por 310.000 pesos, del 19 de octubre de 2007, efectuado mediante un cheque N° 720 del Banco Santander Río, y otro por 66.000 pesos del 28 de diciembre de ese año.



Los peritos concluyeron que no puede saber si esa plata está justificada. "No se han tenido a la vista constancias que nos permitan verificar los ingresos societarios a fin de establecer una relación con el valor de los aportes", dijeron los peritos sobre Multipharma.

Multipharma es accionista de la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, procesado como organizador de la mafia de los medicamentos y socio de Torres, el presidente del laboratorio.

Con estos elementos, el juez Lijo avanzará ahora sobre las empresas y los ex funcionarios que quedaron en condición de ser indagados.

Tres laboratorios involucrados

Según un peritaje, no pueden justificar el origen del dinero

Sanford salud

$ 200.000

El laboratorio, sucesor de Seacamp, pertenece a Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez. Seacamp también está acusada de vender medicamentos contra el cáncer adulterados a obras sociales, en la causa de la mafia de los medicamentos

Multipharma

$ 376.000

El presidente es Carlos Torres, procesado por la mafia de los medicamentos. El laboratorio es accionista de la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, procesado como organizador y socio de Torres. El peritaje registra dos aportes, que fueron reportados por el Banco Provincia y Santander Río

Global Pharmacy

$ 310.000

De Gabriel Brito, también procesado por la mafia de los medicamentos. El FPV declaró que aportó cuatro cheques. Brito lo negó y dijo que el partido usó los cheques que él había entregado a Lorenzo y que "lo forzaron" a firmar ante un escribano que el aporte había sido voluntario

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