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La Comuna Canaria aplicó multa millonaria por agroquímicos

Canelones, Uruguay. Acaba de ocurrir uno de los hechos más importantes en la política ambiental nacional de los últimos años. Un gobierno departamental aplicó una multa millonaria por contaminar con agroquímicos.

El gobierno municipal de Canelones logró la autorización para multar a tres productores rurales por diversos incumplimientos ambientales y en un caso alcanzó el millón de dólares.



El monto de las sanciones necesitaba de la aprobación de la Junta Canaria al exceder al superar el límite de 210 unidades reajustables, y ello se logró días atrás, con votos de la bancada del Frente Amplio y de algunos ediles del Partido Nacional.

El caso más significativo es con un productor de Paso Picón, que ha sido sancionado repetidamente por fumigaciones desde el aire que afectan a la salud de los pobladores cercanos y al ambiente.

En su caso se suman varias multas (por ejemplo una por 15 mil unidades reajustables, otras por 10 mil), lo que suma un poco más del millón de dólares.

El segundo caso responde a una desecación parcial de humedales en la Laguna del Cisne, con una multa de un poco más de US$ 600 mil.

El tercer productor, de Las Brujas, fue multado por la tala ilegal de bosque nativo sobre el Río Santa Lucía.

Estamos ante un giro de importancia fenomenal, que debe ser felicitado y apoyado en las políticas ambientales uruguayas.

Recordemos, por ejemplo, que ante la contaminación de la cuenca del Río Santa Lucía, nuestro ministerio reconocía que de 23 industrias controladas, 9 de ellas no cumplían las exigencias ambientales. La ministra del ambiente marcaba la actitud gubernamental diciéndole a la prensa que prefería educar a las empresas ante que sancionarlas.

Son instrumentos presentes en varios países. Un vistazo a las naciones vecinas permite compartir ejemplos ilustrativos. En Argentina, pongamos por caso, ante una tala ilegal de bosque nativo en una localidad en el norte del país, se elevó una demanda por más de 170 millones de pesos argentinos (aproximadamente US$ 2,5 millones). El objetivo es que con ese dinero se pueda recomponer el daño ecológico. Como resultado del derrame de cianuro de la minera Barrick Gold, en los Andes argentinos, pocos meses atrás, la provincia de San Juan le aplicó a esa empresa una multa de 145 millones de pesos argentinos (un poco más de US$ 2 millones) mientras que nueve de sus ejecutivos fueron procesados por la justicia.

También de multas que después son perdonadas. En Perú, la petrolera Pluspetrol Norte que contaminó con crudo repetidamente la selva amazónica, fue multada por el equivalente a unos 25 millones de soles (aproximadamente US$ 7,5 millones). Pero el gobierno, en 2015, perdonó esas sanciones.

Estamos, por lo tanto, frente a un cambio que puede ser sustancial en la gestión ambiental uruguaya. Como toda vez que se innova en Uruguay, habrá quienes criticarán la medida tomada por Canelones, pero sin duda la salud de sus habitantes y la calidad de su ambiente, ameritaban dar estos pasos.

Estuvo muy bien hecho y ojalá otras comunas sigan el mismo camino.
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