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La crisis energética argentina continúa

No es novedad que el sector energético argentino está atravesando complicaciones. Desde 2011 la Argentina dejó de ser exportador neto de energía y la producción tanto de petróleo como de gas natural declina desde 1998 y 2004, respectivamente.



En esencia, las señales asimétricas (impulso a la demanda, desincentivo a la oferta) generaron un importante desfasaje. En el caso de la oferta, las señales de precios y la incertidumbre desmotivaron la financiación de inversiones. Por el lado de la demanda, el congelamiento de tarifas a los servicios energéticos luego de la crisis del 2001 se tradujo en un fuerte incremento del consumo de energía.



A la actual caída en la producción de gas y petróleo se introdujeron dos nuevas variables: la caída en el precio internacional del petróleo y la modificación de la Ley de Hidrocarburos.

En primer lugar, la caída en el precio del barril de crudo (descenso observado desde junio de este año) obedece a distintos factores: el aumento de la oferta de petróleo y desaceleración de la demanda, tendencia que en principio parecería no ser una cuestión puramente coyuntural.

El segundo elemento que entra en juego es la reciente modificación de la Ley de Hidrocarburos, originalmente promulgada en 1967. En líneas generales, la nueva Ley extiende el período de concesión de explotación de yacimientos en particular para el caso de los no convencionales, se reducen las regalías que deben pagar las empresas y fomenta la inversión en los yacimientos vía la libre disponibilidad de las divisas de exportación, entre otras modificaciones.

En este contexto, estos nuevos elementos vuelven a poner sobre el tapete la problemática que atraviesa el sector energético argentino y la necesidad de una política energética integral.

Nuevos elementos se suman al complejo contexto energético

Desde la nacionalización de YPF en abril de 2012, se han implementado medidas para revertir la pérdida del autoabastecimiento energético y los desequilibrios que esto conlleva: la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la mejora en el precio en boca de pozo para los productores de gas, la quita de subsidios al consumo residencial de gas, etc.

Es que la crisis que atraviesa el sector energético además generó desequilibrios en el resto de la economía. Por un lado, el deterioro fiscal de los últimos años en parte obedeció al monto creciente de subsidios que el Tesoro destinó al sector energético producto del congelamiento de tarifas (en 2005-2013 éstos crecieron 2,5 p.p del PBI); por el otro, la caída en la producción de hidrocarburos incrementó las importaciones de energía incidiendo sobre el saldo energético (se pasó de un superávit de US$ 5.600 millones en 2005 a un déficit de US$ 5.700 en 2013).

Sin embargo, pese a los intentos por revertir el deterioro energético, la tendencia declinante en la producción de petróleo y gas persistió. En 2013 tanto la producción de petróleo como de gas se contrajeron (-2% i.a. y -5,5% i.a. respectivamente) y este año la situación no es muy distinta: en los primeros ocho meses del año la producción de ambos hidrocarburos se contrajo (-1,5% i.a. en petróleo y -0,6% i.a. en gas).


A esta compleja situación, en los últimos meses, se sumaron dos elementos nuevos: la caída en el precio internacional del petróleo y la modificación de la Ley de Hidrocarburos.

En cuanto a la caída en el precio del petróleo, esta tendencia (que en principio no sería puramente coyuntural) se observa desde junio último cuando luego de alcanzar los US$ 107 por barril descendió hasta los US$ 80 a fin de octubre.

Esta caída en el precio internacional del petróleo obedece a diversos factores. En primer lugar, el incremento en la producción de petróleo no convencional proveniente de EE.UU. expandió la oferta de dicho hidrocarburo. De hecho, se estima que en los próximos años el país norteamericano finalmente alcanzaría el autoabastecimiento energético.

En segundo lugar, existe un menor dinamismo de la demanda producto de la morigeración en el crecimiento de los principales demandantes de petróleo (China, Japón, Europa e India).

Finalmente, los conflictos entre los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) incidieron sobre el precio del crudo. A principios de octubre, Arabia Saudita redujo el precio del barril de crudo sin el consentimiento de los demás países integrantes ya que su producción puede ser rentable con valores inferiores a los US$ 80 por barril.

Esta caída en el precio internacional del petróleo tiene un impacto negativo tanto en la producción local como mundial no sólo por su incidencia sobre la actual producción de petróleo sino por las potenciales inversiones destinadas a yacimientos no convencionales. De hecho, las proyecciones de YPF para fomentar las inversiones en Vaca Muerta contemplaban un precio del barril de crudo que oscilaba entre los US$ 80 y los US$100.

Es por ello que la semana pasada, producto de la caída del precio del petróleo se dispuso la reducción de las retenciones a las exportaciones (en particular, aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso). La resolución (reemplaza a la 1/2013 que establecía como valor de referencia US$ 80 por barril) fija alícuotas que oscilan entre el 10% y el 13% en función de la evolución del precio internacional del petróleo. Esta medida fue implementada para garantizar la rentabilidad del sector y mantener las pautas de inversión y en particular para tratar de proteger los proyectos destinados a los yacimientos de Vaca Muerta.

Por otro lado, más allá del impacto negativo sobre la producción actual y futura, la caída del precio del petróleo mejora el saldo comercial. El menor costo de las importaciones de energía redunda en una mejora del déficit energético aliviando las presiones sobre el frente cambiario (menor demanda de divisas).

El segundo elemento que entra en juego es la modificación de la Ley de Hidrocarburos sancionada en 1967. Dentro de los cambios contemplados se encuentran: acotar los plazos para el período exclusivo de exploración (hasta 11 años para convencionales y hasta 13 años para no convencionales); el incremento de los valores del canon durante el período de exploración en favor de las provincias; la diferenciación y ampliación de los plazos de concesión de yacimientos (25 años para convencionales, 30 para los off-shore y 35 para los no convencionales); las prórrogas de hasta 10 años en las concesiones de explotación pueden solicitar (incluyendo a empresas con concesiones previas) y la reducción de regalías.

En cuanto a los aportes destinados a las provincias, las concesionarias deberán ceder el 2,5% del monto inicial de inversión y de ahora en más los pliegos de explotación no quedarían a criterio del Gobierno Central sino que sería determinado por la Secretaria de Energía en conjunto con las provincias.

Otra novedad es que se convierte en Ley el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Este nueva Ley establece que las empresas que inviertan más de US$ 250 millones (antes US$ 1.000 millones) luego de tres años tendrán libre disponibilidad de las divisas correspondientes al 20% de su producción en convencionales y no convencionales y hasta el 60% en los proyectos off-shore.

El futuro en materia energética

Más allá de las distintas posturas frente a la nueva Ley de Hidrocarburos lo cierto es que podría entenderse como una aproximación hacia una política energética de largo plazo.

De todas formas, lo que hay que entender es que el problema que atraviesa el sector energético no sólo se circunscribe a los hidrocarburos (tanto el upstream como las etapas de midstream y downstream) sino que abarca un espectro mucho más amplio lo cual requiere de un plan integral que aborde distintos frentes. Para ello es preciso diversificar la matriz energética, generar certidumbre para motivar el flujo de inversiones, volcar el consumo hacia los biocombustibles, implementar una corrección en las tarifas para racionalizar la demanda de energía y establecer una legislación clara en términos de política ambiental.

El cambio de rumbo no sólo recompondrá la situación energética sino que permitirá corregir los desequilibrios macroeconómicos que en parte fueron consecuencia de las debilidades del sector energético.




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