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La cumbre de los derechos postergados




Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es sólo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan sólo como objeto de asistencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales.” Este párrafo del documento sobre derechos humanos que se discutió en el marco de la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas que se realizó aquí, en Formosa, entre el lunes y el miércoles pasados, pone en blanco sobre negro una de las cuestiones centrales que condicionan la vida, la muerte y la identidad de los integrantes de los pueblos originarios en la Argentina: la exclusión. “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e internacionales –agrega el documento–. Sin embargo, vivimos una etapa de negación y exclusión. ‘Memoria, justicia y reparación’ son las banderas que caracterizan a nuestras organizaciones indígenas.”

Los ejes sobre los que giraron los tres días de deliberaciones muestran la amplitud de esa exclusión. El despojo territorial –con el consiguiente desarraigo– y el no reconocimiento en los hechos de los derechos de los pueblos originarios sobre la tierra que habitan desde antes de la conquista estuvo a la cabeza de la agenda. De ahí en más, se debatieron algunas de sus consecuencias: los perjuicios que causa la utilización de suelos y subsuelos de acuerdo con las necesidades de un modelo extractivo que no contempla la vida, la salud y la cultura de sus habitantes (como en los casos de la explotación minera y la no aplicación de la Ley de Bosques); las violaciones de los derechos humanos; la represión de la protesta; el cercenamiento de los medios de subsistencia ancestrales de los pueblos y el inclumplimiento de las leyes indígenas.

En uno de sus primeros párrafos, la declaración finalaprobada por los más de doscientos participantes de la Cumbre describe con crudeza la situación: “Vemos alarmados cómo nuestros territorios son utilizados como meros proveedores de materia prima para el mercado global, mientras expresamos discursos de soberanía. En los territorios indígenas del sur nuestro drama es la contaminación hidorcarburífera, agravada por la llegada de la nueva tecnología del fracking (fractura hidráulica), o enormes extensiones otorgadas a la megaminería, sin ninguna contemplación a la presencia del Pueblo Mapuche. En lo relacionado al agronegocio, en las últimas dos décadas, la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció en un 5.000 %, lo que representa dos tercios de la superficie cultivada total del país. Vemos que se promueve así una agricultura deshumanizada, sin agricultores y donde las semillas, la biodiversidad y la tierra son objetos y no lo que hay que proteger por siempre. Quienes sufren los impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y las sequías, la pérdida de suelos y sus riquezas, el desplazamiento de poblaciones, y el hacinamiento en los márgenes de las ciudades, viviendo del asistencialismo, somos los pueblos indígenas y la población campesina”, dice.

La denuncia de la criminalización de la protesta de los pueblos indígenas por parte de algunos Estados provinciales fue otro de los puntos salientes de la declaración. En ese sentido, los participantes de la Cumbre señalan: “Son frecuentes y graves las situaciones de penalización que provoca el poder frente a las protestas por reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas. El caso de los pueblos indígenas de la región NEA (Chaco, Formosa, Misiones), es uno de los más alarmantes”. En el mismo sentido se pronunció hace algunos meses el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, en su Informe sobre la situación en la Argentina: “Esto ha generado una respuesta estatal que ha criminalizado actos vinculados a estas protestas. Se observa que muchos individuos indígenas siguen procesados por supuestos crímenes cometidos en este sentido. En algunos casos, estas protestas y la respuesta de la fuerza pública o terceros privados han generado momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de vida de miembros de pueblos indígenas”.

En el caso de Formosa y Chaco, la lista de muertos por la represión o en circunstancias oscuras es larga y se ha acrecentado de manera muy alarmante desde 2010 a la fecha:Celestina Jara, Lila Coyipe, Juan Daniel Díaz Asijak, Justina López, Delina Díaz, Guillermo Díaz, Ilmer Flores, Pablo Sanagachi, Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreyra, Miguel Galván y Florentín Díaz. A todos ellos, los asistentes a la Cumbre les rindieron un homenaje especial.
La decisión de realizar la reunión de la Plurinacional en Formosa fue dar expreso apoyo a los líderes de la Comunidad La Primavera, en especial a Félix Díaz, debido a las persecuciones que viene sufriendo después de los cortes de la ruta 86 por reclamos de tierras.

En el caso específico de la provincia, las problemáticas centrales de las comunidades indígenas son la no ejecución por parte del gobierno local de la Ley nacional 26.160 de relevamiento y anulación de desalojos en tierras indígenas. En este sentido, la gestión de Gildo Insfrán no ha cumplido con lo establecido por la Ley 26.126, que determina que los representantes de las comunidades deben ser consultadas. Al respecto, la declaración de la Cumbre expresa que el derecho a la consulta viene siendo “violentado sistemáticamente” por parte del Estado. “Esta obligación –agrega el documento– es con el objeto de solicitar el Consentimiento, Previo, Libre e Informado de los pueblos y comunidades indígenas afectadas. La violación de este derecho coloca al Estado en responsabilidad internacional por su falta de cumplimiento, en base a los acuerdos jurídicos firmados.”
Las comunidades indígenas formoseñas también cuestionan el proyecto de reforma del Código Civil (sostienen que deben ser consideradas de personería jurídica de derecho público y no privada), los desalojos en general y particularmente en las comunidades de Campo Pampa El 20, El Pajarito (ambas wichí)y 503 (pilagá), entre otras; la falta de voluntad política del gobierno provincial para implementar la recuperación de territorios indígenas.
Otro problema fundamental para parte de la población originaria de lo que hoy es Formosa es el derecho a la identidad. En el territorio provincial están asentadas cinco etnias. Tres de ellas están reconocidas por el gobierno como tales: los tobas y los pilagá (ambos qom) y los wichí. En cambio, el Estado formoseño no reconoce identidad étnica a los tobas del oeste (también de raíz lingüística qom) ni a los nivakle, una comunidad de alrededor de 700 personas. Esta falta de reconocimiento –que viola normas nacionales– les provoca dificultades casi insalvables a los miembros de estas etnias a la hora de obtener el documento nacional de identidad y, al carecer de él, no pueden ejercer sus derechos ciudadanos.
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