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La dictadura catalana.



La Dictadura de Primo de Rivera en Cataluña es el relato de la política aplicada en Cataluña por la Dictadura de Primo de Rivera y de los apoyos y de la oposición que encontró.



Los apoyos de la Dictadura en Cataluña[editar]
El apoyo inicial de la burguesía catalana y de la Lliga Regionalista[editar]
Artículo principal: Golpe de Estado de Primo de Rivera

Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista.
Según el historiador israelí Shlomo Ben-Ami, "es en Cataluña donde hay que buscar los orígenes inmediatos del golpe de Primo de Rivera. Fue allí donde la burguesía creó la atmósfera histérica que rodeó a Primo de Rivera con la aureola de «salvador» y colocó su rebelión, como hizo notar un observador contemporáneo, en el contexto general de la reacción antibolchevique que había alcanzado también a otros países europeos. Cambó, auténtico representante de la alta burguesía catalana, «el teórico de la dictadura española», como lo llamó Maurín, expuso crudamente el anhelo y la responsabilidad de su clase por la dictadura:[…] «Una sociedad en la cual la avalancha demagógica [sindicalista] pone en grave peligro ideales e intereses se resignará a todo con tal de sentirse amparada…»".1 Junto con la «política de orden» el otro elemento que selló la alianza de Primo de Rivera y la burguesía catalana fue la promesa de proteger su industria con la elevación de los aranceles a las importaciones.2

Las clases altas catalanas recibieron el golpe con euforia. La Cámara de Comercio e Industria de Cataluña saludó al dictador «con el mayor entusiasmo», esperando que pusiera fin «a un estado de cosas que se consideraba intolerable». Lo mismo hicieron el resto de organizaciones patronales, como el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro que esperaba que se atajaran «las corrientes demoledoras del derecho de propiedad». Y también los partidos políticos catalanes conservadores como la Lliga Regionalista o la Unión Monárquica Nacional. Esta última se consideraba parte del «movimiento de regeneración» basado en los principios de «patria, monarquía y orden social».3 Josep Puig i Cadafalch, dirigente de la Lliga y presidente de la Mancomunidad de Cataluña, escribió una nota que fue publicada en los diarios el 19 de septiembre en la que decía: entre un hecho extralegal y la corrupción del sistema la Lliga opta por lo primero.4 Además la Lliga dio crédito a las promesas descentralizadoras que había hecho el general Miguel Primo de Rivera, aunque esas expectativas se desvanecieron muy pronto.5

La Unión Monárquica Nacional[editar]
Artículo principal: Unión Monárquica Nacional (Cataluña)

Sello conmemorativo de la Exposición Internacional de Barcelona (1929).
La Unión Monárquica Nacional (UMN) había sido fundada en 1919 bajo la presidencia de Alfons Sala i Argemí, futuro conde de Egara, por personalidades de derechas que compartían su oposición a la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, que entonces era el partido hegemónico en Cataluña, al que acusaban de «separatista».6 El golpe de Estado de Primo de Rivera de septiembre de 1923, que la UMN apoyó, le ofreció la oportunidad de ganar influencia política y poner en práctica sus ideas bajo el nuevo régimen dictatorial y cuando la Lliga Regionalista retiró su apoyo a Primo de Rivera a causa de su política anticatalanista la UMN se convirtió en el único sostén político de la Dictadura en Cataluña.6

A principios de enero de 1924 Primo de Rivera se reunió en Barcelona con algunos dirigentes políticos catalanes pero sólo consiguió la colaboración de la españolista UMN.7 Así que Primo de Rivera nombró nuevo presidente de la Mancomunitat a Alfons Sala tras haber quedado vacante el cargo a causa de la dimisión Josep Puig i Cadafalch en señal de protesta por la política anticatalana de la Dictadura.8

Finalmente la UMN se integró en la Unión Patriótica, el partido único creado desde el poder para proporcionar una base social al proyecto del Directorio civil que sustituyó al Directorio militar en diciembre de 1925.9

La «paz social» y el desmantelamiento de la CNT[editar]
Las primeras medidas que tomó el Directorio militar estuvieron encaminadas a intentar controlar a los Sindicatos Únicos de la CNT, mediante la orden de que presentaran sus estatutos, registros y libros de contabilidad, y el encarcelamiento de sus dirigentes y la suspensión de su prensa, amparándose en el estado de guerra que habían declarado primero en Cataluña y luego en toda España. Meses más tarde, hacia mayo de 1924, aprovechando la oportunidad que le brindó el asesinato del verdugo de Barcelona, los Sindicatos Únicos fueron prohibidos, lo que supuso el hundimiento de la CNT, que estaba muy debilitada por la intransigencia patronal, el crecimiento de los Sindicatos Libres, la brutal represión, el pistolerismo y las pugnas internas de los "años de plomo" (1919-1923).10

La prohibición de los Sindicatos Únicos concedió un nuevo protagonismo a los Sindicatos Libres ya que muchas organizaciones obreras se integraron en ellos para continuar existiendo, aunque el número de afiliados de los Libres -unos 100.000 en 1925; unos 190.000 en 1929-, nunca alcanzaron a los de la CNT antes de 1923 (400.000 en 1919). Cuando en 1930 la CNT fue legalizada por la "Dictablanda" de Berenguer las organizaciones obreras que se habían adherido a los Libres retornaron a la CNT.11

La política anticatalanista: neutralizar la «desespañolización» de Cataluña[editar]
La persecución de la lengua y de la cultura popular catalanas[editar]
En el Manifiesto del 13 de septiembre que justificó el golpe de Estado de Primo de Rivera ya se hacía referencia a la descarada propaganda separatista. Cinco días después el Directorio promulgaba el Decreto de 18 de septiembre de 1923 contra el «separatismo», que castigaba con severas penas «los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuantos tiendan a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto», y que serían juzgados por tribunales militares, tal como establecía la Ley de Jurisdicciones de 1906. Se prohibía izar u ostentar «banderas que no sean la nacional», «la difusión de ideas separatistas por medio de la enseñanza», el uso del catalán «en los actos oficiales de carácter nacional o internacional» y se obligaba a las corporaciones locales y provinciales a llevar los libros de registro y de actas en castellano.12

Según el historiador Eduardo González Calleja, el decreto fue el resultado de las presiones de la Junta de Defensa de Infantería encabezada por el coronel Godofredo Nouvilas sobre Primo de Rivera -quien había prometido reactivar la vida regional- imponiéndose en el seno del Directorio "la tendencia centralista que entendía el hecho diferencial catalán como opuesto radicalmente al proyecto nacionalista español que se buscaba patrocinar desde el poder".4 El también historiador Shlomo Ben Ami, añade que "el cambio de posición de Primo de Rivera hacia el anticatalanismo se debió también a "la dinámica interna de su régimen dictatorial. Ninguna dictadura digna de su nombre puede permitirse la aplicación de conceptos como los de descentralización y autonomía, incompatibles con la existencia misma de su espíritu, pues entrañan una disminución del poder dictatorial".13

En los meses y años siguientes se aplicó esta política –cuyo lema acuñado por el propio Primo de Rivera era España una, grande e indivisible-13 que pretendía eliminar la especificidad de Cataluña, para «neutralizar y contrarrestar por la acción del gobierno la labor de desespañolización que con constancia se viene haciendo por ciertos sectores políticos en Cataluña».12 El principal ejecutor de la misma fue el capitán general de Cataluña, el general Emilio Barrera, que actuó como ministro universal de Primo de Rivera. Así se clausuraron centros políticos «separatistas», y se encarcelaron a los militantes de los partidos nacionalistas catalanes, incluidos algunos sacerdotes. Sólo diez días después del golpe ya habían sido cerradas en Barcelona 28 sedes, entre las que se encontraban la de Acció Catalana o la del CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria).14 Además muchos alcaldes fueron destituidos por haber tolerado o exhibido la bandera catalana, algunos periodistas fueron desterrados, diversas publicaciones fueron multadas o suspendidas y algunas cerradas, y la censura de prensa se aplicó férreamente.15


Sede del Institut d'Estudis Catalans.
Cualquier manifestación popular de la identidad catalana fue suprimida. Se prohibió izar la Senyera, cantar el himno de Els Segadors o usar el catalán en actos oficiales, y se limitó el baile de sardanas —las multas podían llegar a las 5.000 pesetas—5 . Se castellanizaron de forma arbitraria los nombres de calles y pueblos —a veces cayendo en el ridículo: la plaza de Sant Vicenç de Sarrià se convirtió en San Vicente Español—5 , se obligó a publicar en castellano los anuncios de las obras teatrales y se persiguieron a entidades culturales y sociales como el Centre Catalá, los Pomells de Joventut (una institución religiosa), el Ateneu de Barcelona, el Ateneu Enciclopèdic Popular, la Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, las bibliotecas populares, las sociedades excursionistas, musicales y deportivas, los Jocs Florals (que pasaron a celebrarse en Francia) o los cursillos escolares en lengua catalana.16 También el FC Barcelona, el Orfeó Català, el Institut d'Estudis Catalans, el Colegio de Abogados de Barcelona o la Universidad Industrial vieron limitadas sus actividades.15 Asimismo se prohibió a los comerciantes que anunciaran sus productos en catalán y en enero de 1928 se ordenó a la prensa que no tradujera al catalán las "notas oficiosas" del Directorio civil.17

Una Circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria del 27 de octubre de 1923 impuso la enseñanza exclusiva en castellano —se recordaba a los inspectores la obligación «de enseñar la lengua castellana en sus respectivas escuelas y de dar la enseñanza en el mismo idioma» vigilando estrictamente a los maestros en este punto—,12 otra de final de año prohibía la enseñanza del catalán en los centros mantenidos por el Estado18 y una tercera, del 15 de febrero de 1924, facultó a los inspectores de educación para que pudieran suspender de empleo y sueldo a los maestros que incumplieran la norma e incluso clausuraran los centros escolares, tanto públicos como privados, donde éstos trabajaran. De esta política represiva de cualquier manifestación de la identidad catalana ni siquiera se libró la Iglesia. Decenas de sacerdotes fueron detenidos acusados de «separatismo», otros fueron alejados de Cataluña –incluido el obispo de Barcelona Josep Miralles que fue trasladado a la diócesis de Mallorca- y la Academia Católica de Sabadell fue clausurada.19 Cuatro años más tarde un decreto de diciembre de 1928 prohibió a las escuelas enseñar ninguna asignatura que no estuviera incluida en el programa oficial aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública, lo que suponía dejar fuera de la escuela la historia y la cultura catalanas.17

La política de persecución del catalanismo generó numerosos conflictos con diversas instituciones y entidades que se resistían a aceptarla (Ateneu Barcelonès, Ateneu Enciclopèdic Popular, Orfeó Català, Orfeó Gracienc, CADCI, Fútbol Club Barcelona, etc.), y más de un centenar de ellas acabaron siendo clausuradas temporal o definitivamente.5 Fue el caso también de algunas sedes de la Lliga Regionalista y de su periódico La Veu de Catalunya.20 También fueron suspendidos temporalmente otros periódicos como La Vanguardia, La Publicitat, La Nau, El Matí o Las Noticias, y revistas de humor o publicaciones infantiles.21

A iniciativa de Ángel Ossorio y Gallardo y de Eduardo Gómez Baquero, en marzo de 1924 más de un centenar de intelectuales castellanos firmaron un manifiesto de solidaridad con la lengua catalana, redactado por Pedro Sáinz Rodríguez, por primera vez en la historia.22 Este manifiesto fue seguido de dos manifiestos firmados por intelectuales catalanes, uno encabezado por Pere Rahola y otro por Angel Guimerá.23 En 1927 Ernesto Giménez Caballero montó en Madrid una exposición dedicada al libro catalán en la que se mostraron seis mil títulos.22

Los manifiestos no tuvieron ningún efecto sobre la política de la Dictadura en Cataluña, como se pudo comprobar cuando el capitán general Barrera, alentado por Primo de Rivera, creó en Barcelona una Junta de Acción Ciudadana, encargada, entre otras cosas, de impedir el uso del catalán en las iglesias y de vigilar las actividades proselitistas de los religiosos y las asociaciones católicas catalanas.24 A principios de septiembre en una visita que hizo a Barcelona, el rey Alfonso XIII manifestó lo siguiente en un discurso pronunciado ante los alcaldes catalanes:24

Y es natural que protestéis, lastimados de aquella afirmación nacida de falsos historiadores, que olvidan que la unidad nacional española, a diferencia de la de otros pueblos, no es producto de la fuerza, sino fruto del amor, del amor que unió en matrimonio a los Reyes Católicos de Aragón y de Castilla
Coincidiendo con el viaje del rey a Barcelona, el gobierno prohibió la ejecución pública de la sardana La Santa Espina por haberse convertido «en himno representativo de odiosas ideas y criminales aspiraciones, escuchando su música con el respeto y reverencia que se tributan a los himnos nacionales».24

Sin embargo, la alta cultura en catalán no fue tan perseguida. Como ha destacado el historiador Josep M. Roig i Rosich, "un sermón publicado en catalán era objeto de persecución y hasta de encarcelamiento, mientras que la Historia Nacional de Catalunya de Rovira i Virgili se publicaba sin trabas".12 Según este historiador "esta aparente contradicción" puede atribuirse "a un cierto menosprecio [hacia la alta cultura], a una tolerancia forzada o calculada, al talante caprichoso del mismo Primo de Rivera", pero evidencia "unos criterios selectivos intencionados que apuntan a una clara intransigencia por las manifestaciones populares catalanas predominantes" y "a una condescendencia por las actividades culturales más elevadas o minoritarias, inofensivas o poco peligrosas".25 Así surgieron nuevas editoriales dedicadas exclusivamente al libro en catalán como Barcino, Llibreria Catalonia o Proa —en 1930 se publicaron 308 nuevos títulos—. También aparecieron nuevos diarios en catalán —Barcelona pasó de dos en 1923 a 15 en 1930— y revistas, como la Revista de Catalunya, Mirador y La paraula cristiana.26

La disolución de la Mancomunitat[editar]
Artículo principal: Mancomunitat de Catalunya
El 24 de diciembre de 1924 dimitió el presidente de la Mancomunitat Josep Puig i Cadafalch en señal de protesta por la política anticatalana de la Dictadura, y se autoexilió en Francia.8 El 12 de enero de 1924 Primo de Rivera disolvió todas las diputaciones provinciales, salvo las forales, lo que supuso la virtual disolución de la Mancomunitat, ya que según Primo de Rivera el regionalismo podía contribuir a «deshacer la gran obra de unidad nacional». Inmediatamente después fueron designados por los gobernadores civiles los nuevos diputados provinciales, todos ellos españolistas y el líder de la Unió Monárquica Nacional, Alfonso Sala Argemí, conde de Egara, pasó a presidir la Mancomunitat.8 27



La Diputación de Barcelona se convirtió entonces en el principal instrumento de la política de la Dictadura en Cataluña, contando con el conde de Montseny en la presidencia y con el conde de Fígols en la vicepresidencia.9 La Diputación barcelonesa desplegó una campaña españolista que incluía conferencias patrióticas, ceremonias de exaltación de España y cursos de ciudadanía.32
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