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La justicia multa a Telecom con $200.000

El pasado 5 de septiembre el juez en lo Civil y Comercial Nº 2 Dr. Marcelo Arnolfi, elevó las astreintes (multa conminatoria) que debe abonar la empresa Telecom Argentina S.A. por no dar cumplimiento a la medida cautelar oportunamente dictada a 200 mil pesos por día de demora.




La demanda contra la empresa telefónica fue iniciada el año pasado por el intendente, Juan José Bahillo, con el acompañamiento de los abogados Jaime Martínez Garbino y Agustín Weimberg.

“Siempre resaltamos la importancia de esta acción, dicho que esta es una causa que será histórica para nuestra ciudad y para las otras 241 localidades del resto del país en donde las empresas telefónicas cerraron sus oficinas comerciales, porque será precedente que les permitirá a todos tomar el mismo camino”, expresó Bahillo, y destacó que la decisión del juez Arnolfi “es un paso importante para que la empresa tome en serio la demanda Gualeguaychú; habla de la valentía y seriedad de la justicia de nuestra provincia, y un mensaje claro hacia la empresa, de que no es aconsejable no cumplir con una orden judicial”.

Esta acción se lleva a cabo por la decisión política del intendente Bahillo de asumir la totalidad de las facultades delegadas por la constitución de Entre Ríos, luego de la reforma del 2008, a los municipios para defensa de los usuarios y consumidores y Gualeguaychú es el único municipio de la provincia que lo ha asumido mediante la ordenanza 11648.



LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

Entre los argumentos vertidos por juez Dr. Marcelo J. Arnolfi para elevar las astreintes, menciona que “es cierto también que en términos objetivos tampoco le ha causado ningún efecto el hecho que se establecieran astreintes que evidentemente son insuficientes para que procure abrir una oficina que satisfaga provisionalmente las necesidades de una población que es muy superior a la que parece estimar de acuerdo a su propuesta. La aplicación de medidas conminatorias es si se quiere el primer camino que tiene el Juzgado para hacer cumplir la medida. La aplicación es una facultad del Juzgado que fue correctamente aplicada dado el incumplimiento del que se ha expuesto precedentemente. Su imposición y su incremento fueron correctos. Han pasado seis meses en los que no existe abierta oficina alguna, ni grande ni pequeña, ni con pocos, ni con muchos empleados. No se ha cumplido con una resolución judicial. La accionada a puesto más empeño en interponer recursos judiciales que en cumplimentar la medida”. Agregando más adelante que “este refugió en una serie de recursos, todos ellos y hasta aquí improcedentes, ha causado un sólo efecto que es dable reiterar: A seis meses que se le ordenara abrir una oficina, la misma brilla por su ausencia.”



OFICINA SIN HABILITACIÓN

El martes 23 de septiembre, la ciudad amaneció con una solicitada de la empresa Telecom Argentina S.A. en el Diario El Día, que indicaba: “Se encuentra en funcionamiento su oficina de atención al cliente en la ciudad de Gualeguaychú, ubicada en calle 25 de Mayo 1101, esquina Ayacucho. El horario de atención es de lunes a viernes de 08:3’ a 13:00 hs.”

Ante esta situación, inspectores de la Municipalidad de Gualeguaychú, a solicitud de Defensa del Consumidor, constataron que en el local indicado en la solicitada funciona un comercio que tiene como actividad principal la venta de telefonía celular, y que en el mismo se habían incorporado dos escritorios con cuatro sillas, una computadora y un empleado que se identificó de la empresa Telecom Argentina S.A.

Dicho anexo de actividades se realizó sin comunicación alguna al juzgado interviniente, cuestión fundamental, pues es éste quien debe decidir si el tamaño, funcionamiento y recursos afectos resultan suficientes para cumplir con la orden impartida. Asimismo, y sumando otra irregularidad, la puesta en marcha de la misma se hizo sin solicitar la correspondiente y necesaria habilitación de la Municipalidad, como debe efectuar cualquier empresa o comercio que realice actividades comerciales dentro del éjido.

Luego que el Juzgado dictara la medida cautelar, la empresa hizo una propuesta de la apertura de una oficina como anexo a un locutorio y kiosco, y la afectación de dos recursos humanos. En dicho local quedaban solo 26m2 (para todas las actividades) lo que hizo que dicha propuesta fuera rechazada por el juez y estipulara la aplicación de una multa diaria de $5.000 desde marzo que fue incrementándose hasta llegar a los $9000 en septiembre.
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