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“La justicia naturaliza la discriminación y la violencia

“La justicia naturaliza la discriminación y la violencia que sufren las mujeres indígenas”



Lo asegura Romina Sckmunck en un artículo para el Área de Mujeres Indígenas del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas: “Reina acaba de ser condenada, pero hace más de tres años que está presa con su beba sin entender porqué. Reina es una mujer indígena, migrante, pobre y quechua hablante”. Reina Maraz Bejarano no solo es quechua hablante, sino que no habla castellano y nunca se dispuso de un intérprete para que ella entendiera lo que sucedía.


La policía fue a buscarla hace tres años a su domicilio después de que denunciara la desaparición de su marido, Limber Santos. Ella, que estaba embarazda por tercera vez, solamente asintió con la cabeza, sin saber. Ese movimiento de cabeza, en la cosmovisión quechua, implica la intención de mantener un diálogo, no de aceptar lo que el otro o la otra dice.

La semana pasada, las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butierrez condenaron a Reina a prisión perpetua por “homicidio doblemente agravado” -por alevosía y por considerarlo premeditado-. Lo hizo luego de que ella declarara en quechua. Dijo que estaba en pareja con Santos desde los 17 años, que en el 2009 ya tenían dos hijos y que entonces él la amenazó con robárselos para traerlos a Argentina si ella no venía. Vino.

En Buenos Aires comenzaron los golpes, la tortura. A la distancia de su familia, Reina se convirtió en una víctima más de la violencia machista. Él gastaba la poca plata que conseguían en alcohol, ella no tenía para comer. Un vecino la violó para cobrarse una deuda que tenía con él, quien al enterarse -pese a que la había ofrecido como “pago”- le pegó tanto que la desmayó y terminó internada. El violador, Tito Vilca Ortiz, fue considerado coautor del asesianto de Santos, y estuvo detenido pero falleció antes del juicio. Su detención se basó en la presunción del homicidio, no en los abusos cometidos sobre el cuerpo de Reina Maraz Bejarano, que se repitieron después del “cobro de la deuda”.

La prueba fundamental en la que se basó la determinación de la justicia fue una cámara Gesell practicada con uno de los hijos de Reina, que tenía cinco años cuando su padre desapareció y que tampoco hablaba bien en castellano.

Reina cumple prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. Parió a su tercer hija en cautiverio. No quiere que ella aprenda a habalr quechua: “porque sino no podrá defenderse”.

Reina Maraz. Una vida atravesada por múltiples violencias


El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes integrado por las juezas Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Butierrez condenó el 28 de octubre a Reina Maraz Bejarano culpable del homicidio doblemente calificado, premeditado y por alevosía de su marido, Limber Santos. Según la nota de Marcha.org, la lectura de sentencia fue breve, se postergó la lectura de los fundamentos para el 11 de noviembre, y Reina fue acompañada por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; el vicecónsul de Bolivia en Argentina, Guido González; organismos de Derechos Humanos como la Comisión Provincial por la Memoria y del movimiento de mujeres como la Campaña contra las Violencias.

“En la sentencia, el Tribunal avaló los argumentos del fiscal Fernando Celesia y desestimó los de Reina, una práctica habitual de una justicia insensible que llevó a considerarla responsable del homicidio doblemente agravado de su marido considerándolo premeditado (con la intención de robarle) por un lado y con alevosía (porque, según se argumentó la mujer y un vecino, Tito Vilca Ortiz, se asociaron para atacarlo mientras dormía y lo habrían asfixiado) por el otro. La parte de la historia que omite el Tribunal, es que Reina fue abusada por Tito Vilca Ortiz y que su marido intentó venderla a cambio de las deudas de juego que había contraído”.

Karina Bidaseca, socióloga especialista en derecho indígena y género, en declaraciones a la agencia de noticias Comunicar Igualdad, relató detalles de la historia de Reina, una cadena de violencias que “tiene que ver con varios episodios que van complejizándose a medida que una va queriendo comprender la trama de la vida. En esa trama se intersectan muchas discriminaciones que son las de ser mujer, boliviana, ser indígena, pobre, quechua hablante, analfabeta”. Las apreciaciones de esta profesional constan en el expediente de la causa, pero sin embargo parecen nos haber sido tenidas en cuenta al momento de la sentencia, “desde que se casó fue sufriendo distintas violencias por parte de Limber y de su familia”, relata.

Bidaseca cuenta que Reina fue obligada a migrar a Buenos Aires desde Sucre, trabajó en forma precaria soportando el dolor del destierro en el sur del Conurbano, fue separada de sus hijos y una vez encarcelada tuvo que parir en cautiverio. “Ella cuenta que Limber los sábados se iba de la casa y volvía al otro día muy borracho”, que “contrae una deuda con dinero con el amigo y la forma de pagar esa deuda fue con el cuerpo de Reina”. Es así que fue violada dos veces por este “amigo”, Tito Vilca. La primera vez Reina le contó a su marido, quien se enojó y se alejó del hombre, pero la segunda fue luego de que éste y Tito se trenzaran en una discusión a golpes. Esa fue la última vez que vio a Limber Santos.

La especialista relata que a los días de la desaparición de su marido la policía fue a buscar a Reina a su casa, a decirle que ella había cometido el asesinato de Limber Santos, quien apareció muerto en un horno de ladrillo y dice: “Ella no entendía lo que estaba pasando (…), asiente con la cabeza cuando le dicen que tiene que ir a ofrecer su testimonio porque es acusada por el suegro, que dijo que el hijo de seis años vio como mataban al padre”. El asentimiento, que es un gesto cultural dentro de su comunidad, quedó plasmado como la confesión de Reina del asesinato de su marido.

Discriminación/es
Reina acaba de ser condenada, pero hace más de tres años que está presa con su beba sin entender por qué. Reina es una mujer indígena, migrante, pobre y quechua hablante. De conformidad con el artículo 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (sobre Pueblos Indígenas) tiene derecho a tener un intérprete, la última parte del mencionado artículo establece: “Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, interpretes u otros medios eficaces”.

La violación a este derecho supone asimismo la violación a otros derechos, como el derecho a un debido proceso, a ser oída, derechos previstos en el articulo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No hay debido proceso sin entendimiento de la acusación.

En el caso y como lo sostiene Bidaseca, han actuado distintas formas de violencia y segregación en forma intersectada. El Tribunal sentenciante que “pasó por alto” el historial de violencias que fue relatado en el caso y que recayeron en el cuerpo de Reina, también soslayó la importancia de la palabra y de la imposibilidad de expresarse y entender el proceso que tuvo Reina quien solo logró tener una intérprete tres años después.

Esta falta de valoración -a las violencias vividas por Reina- y la imposibilidad de entender otra cultura, cuando se habla desde la cultura hegemónica, sin lugar a dudas es una respuesta plagada de discriminaciones del servicio de justicia.

Discriminación a Mujeres Indígenas
]El caso de Reina, además deja al desnudo la forma en que el Poder Judicial Argentino actúa frente a las mujeres indígenas, omitiendo considerar la discriminación múltiple a la que se hayan expuestas, naturalizando la discriminación y la violencia.

Un caso paradigmático en lo que hace a violencia contra mujeres indígenas en Argentina fue el caso de LNP, una joven Qom que cuando tenía 15 años fue violada por un grupo de “criollos”. Después de lo sucedido y con mucho dolor, la joven corrió a la policía a hacer la denuncia y recién tres horas después los agentes policiales tomaron su declaración. Se inició una causa penal que llegó a juicio, pero los tres imputados fueron absueltos, ya que se consideró que no había existido violación.

El caso fue llevado ante el Comité de Derechos Humanos por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSEGNAR) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Allí dan cuenta que LNP no solo fue revictimizada en varias oportunidades del proceso, sino que además no contó con un traductor. “Todo el juicio fue sustanciado en español, sin intérpretes, lo que dificultó la comunicación y la expresión de la víctima tanto como de los testigos, cuyo idioma es el Qom”, señala la denuncia ante el organismo de la ONU que se encarga de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Inadi dictaminó que la Argentina debía allanarse a la denuncia interpuesta ante el Comité de Derechos Humanos. El Estado Chaqueño adhirió a lo manifestado por el Inadi, concluyendo que el fallo cuestionado “damnifica a LNP y a todas las niñas, adolescentes y mujeres pertenecientes a los pueblos originarios y comunidades indígenas del Chaco, que han sido discriminadas (…) por su condición de niñas, mujeres y por su pertenencia a la etnia Qom”, y en abril de 2008 se comprometió a pagar una indemnización integral a la familia de la niña (Informe sobre Género y Derechos Humanos del Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero -ELA, 2005-2008, p. 514).

Existen otros casos que muestran la discriminación hacia las mujeres indígenas y la impunidad como efecto de las desigualdades de género y pertenencia étnica:

En Chaco, una provincia con una alarmante violencia de género y en cuyo territorio habitan al menos 20 mil indígenas qom, ocho mil wichis y diez mil mocovíes, existen casos recientes. Natalia Flores, joven Qom, de 15 años que fue víctima de femicidio, luego de haber sido violada. La causa de su muerte se cerró sin culpables por falta de prueba. Juana Gomez, una mujer Qom, en 2013 fue asesinada luego de haber sido violada. Se busca que su caso no quede impune como el de Natalia Flores.

Elizabeth González, referente Qom e integrante de la CONAMI (Consejo Nacional de Mujeres Indígenas) Chaco, dice: “Nosotras vivimos a diario este atropello, no solo por ser mujeres, sino por ser mujeres indígenas y mujeres pobres. Hay fuertes barreras en el acceso a la Justicia. Si no hay un poco de prensa para visibilizar la situación que vivimos las mujeres originarias, estos hechos quedan ocultos. Nadie quiere destapar estas cuestiones y esa es nuestra realidad como mujeres indígenas que proseguimos en pie de lucha”.
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