En EEUU, los sitios con más ejecuciones tienen los datos ¡más altos de homicidios!
Es el único de América donde todavía pervive la pena de muerte. Los argumentos de EEUU para mantenerla es que "tiene efectos disuasorios contra la delincuencia y protege a la sociedad" o que "la población tiende menos a cometer delitos si sabe que el castigo que le espera es la ejecución". Sin embargo, las cifras no respaldan estas justificaciones.
Cuatro estados acumulan más de la mitad de las sentencias de muerte desde 1976, año en el que el país autorizó este castigo: Texas, Florida, Virginia y Pennsilvania. Si se compara los datos de criminalidad de estas regiones con los estados que nunca han aprobado la pena capital, el argumento disuasivo pierde toda su legitimidad.
Cuestión que la propia ONU ha confirmado y que otros organismos han constatado. El portavoz de Amnistía Internacional y responsable de la campaña sobre la pena de muerte, Carlos de la Sera, asegura a Teinteresa que "no se ha podido demostrar que la pena de muerte haga disminuir la criminalidad. En varios países en donde se aplica la pena, los índices de homicidios son más elevados que en otros que no la aplican".
Desde la organización internacional, advierten asimismo que el sur de EEUU, donde se concentran la mayoría de las ejecuciones, mantiene la tasa más alta de homicidios del país. Además, un tercio de las personas en el corredor de la muerte (1.661) se encuentran en estos estados.
Texas es el estado que mejor lo evidencia. Con 23 ejecuciones en 2010 y 464 en los últimos 36 años, lidera el ránking de ejecuciones en la historia del país. No obstante, tuvo en 2010 un índice de crímenes violentos de 491 casos por cada 100.000 habitantes, casi un centenar de puntos más que la media nacional.
El caso de Florida es todavía más indicativo, ya que es una de las regiones con más crímenes violentos, 542 casos, y una tasa de homicidios del 5,2%. Si nos fijamos en estados donde nunca se ha aplicado la pena de muerte, se observan unos índices muy inferiores. Minnesota, Wisconsin, Vermont, Iowa o Dakota del Norte tuvieron menos de la mitad de crímenes violentos y homicidios.
Sólo Illionois y Michigan se acercan a las tasas que registran los estados más propensos a la pena de muerte. Y aunque el número de ejecuciones en EEUU ha descendido en el último año hasta 43, todavía es uno de los países que más aplican esta sanción, que supone una violación de los derechos humanos. Las cifras demuestran que su efecto disuasorio es imperceptible.
Cuestionan que la pena de muerte sea disuasiva para combatir el delito
Especialistas consultados por lanacion.com señalaron que la medida embrutece a la sociedad y fomenta el uso de la violencia; criticaron el rol del Estado y pidieron aplicar sanciones menos severas
Argumentos que postulan que "la pena de muerte tiene efectos disuasorios contra la delincuencia y protege a la sociedad" o sostienen que "la población tiende menos a cometer delitos si sabe que el castigo que le espera es la ejecución" vuelven a cobrar protagonismo en un escenario signado por el incremento de los casos de violencia e inseguridad que azotan a los argentinos.
No obstante, estudios empíricos realizados en los Estados Unidos y Canadá no avalaron nunca estas teorías ni lograron demostrar fehacientemente que el castigo formal por parte del Estado represente una medida efectiva para combatir el delito y reducir, en consecuencia, el número de crímenes perpetrados a diario.
"No hay evidencias sólidas que indiquen que la pena de muerte haga disminuir la tasa de delincuencia. En varios países en donde se aplica la pena capital, los índices de asesinatos son más elevados que en aquellos que no adhieren al método", señaló a lanacion.com David Fathi, director del programa sobre pena de muerte que lidera desde Washington Human Rights Watch.
Desde la organización internacional, se informó incluso que el sur de los Estados Unidos, región donde ocurren la mayoría de las ejecuciones del país, mantiene la tasa más alta de homicidios.
Para Fathi, que además es abogado y experto en políticas de justicia criminal norteamericana, Estados Unidos se ubica, en ese sentido, cerca de gobiernos represivos, similares a los instaurados en China, Irán y Arabia Saudita, pese a alzarse en el mundo como una democracia madura.
"No hay evidencias sólidas que indiquen que la pena de muerte haga disminuir la tasa de delincuencia"
La paradoja se genera al advertir que el país del norte rompe de alguna manera con el régimen político que defiende a ultranza al concentrar elevados índices de ejecuciones per cápita. Las estadísticas que circulan actualmente así lo confirman: Estados Unidos figura entre los cinco países que más aplican la pena de muerte, aunque sin encabezar la lista.
Los datos se desprenden de un informe publicado por Amnistía Internacional en abril de 2008, que concentra las últimas cifras recogidas sobre la cantidad de condenas a muerte y ejecuciones ocurridas a lo largo de 2007. Hasta ese año, Arabia Saudita lideraba el ranking, seguida de Irán y Libia.
La brutalización de la sociedad. Quienes se oponen a la pena capital sostienen que lejos de proteger a sus miembros, el castigo embrutece a la sociedad. Aducen que los homicidios sancionados por el Estado sólo sirven para fomentar el uso de la fuerza y permitir que continúe el ciclo de violencia, y terminan desensibilizando y deshumanizando a los oficiales y jueces involucrados en el sistema que aplica la medida.
En esta línea opinó Alberto Bovino, un reconocido procesalista de la Argentina, para quien la violencia que comporta la ejecución se encuentra absolutamente naturalizada porque pareciera que es aceptable matar bajo determinadas circunstancias. "Acá el Estado tiene permiso para matar y puede hacer lo que quiera gratuitamente, pensando que la muerte de una persona soluciona algo. La muerte y la violencia no erradican el problema", afirmó. Y agregó: "Que el Estado emita ese mensaje no me parece muy consecuente con una sociedad que habla de la solidaridad con el prójimo".
El Estado vs. el condenado. Otra de las aristas que más cuestionamientos suscita el método es la comparación, casi inevitable, que surge entre la ejecución llevada a cabo por el Estado y el crimen perpetrado por parte de quien es condenado a morir.
"La muerte y la violencia no erradican el problema del delito"
Al respecto, los especialistas consultados pusieron en relieve la actitud fría y calculadora con la que opera muchas veces el Estado, sin importar los motivos que llevaron al acusado a comportarse de esa forma y no de otra.
"La pena de muerte es más fuerte que el homicidio en sí, porque el Estado es quien termina haciendo lo mismo que el acusado, lo que resulta mucho peor", destacó Bovino.
También coincidieron en que no hay que olvidarse que la medida implica un proceso irreversible, además de representar el más severo de los castigos conocidos y quitar toda posibilidad de redención al condenado que comete un crimen.
"Está mal imponer una pena que después no pueda revertirse, sobre todo cuando después se descubre que hubo un error procesal de por medio", concluyó Fathi. .
Es el único de América donde todavía pervive la pena de muerte. Los argumentos de EEUU para mantenerla es que "tiene efectos disuasorios contra la delincuencia y protege a la sociedad" o que "la población tiende menos a cometer delitos si sabe que el castigo que le espera es la ejecución". Sin embargo, las cifras no respaldan estas justificaciones.
Cuatro estados acumulan más de la mitad de las sentencias de muerte desde 1976, año en el que el país autorizó este castigo: Texas, Florida, Virginia y Pennsilvania. Si se compara los datos de criminalidad de estas regiones con los estados que nunca han aprobado la pena capital, el argumento disuasivo pierde toda su legitimidad.
Cuestión que la propia ONU ha confirmado y que otros organismos han constatado. El portavoz de Amnistía Internacional y responsable de la campaña sobre la pena de muerte, Carlos de la Sera, asegura a Teinteresa que "no se ha podido demostrar que la pena de muerte haga disminuir la criminalidad. En varios países en donde se aplica la pena, los índices de homicidios son más elevados que en otros que no la aplican".
Desde la organización internacional, advierten asimismo que el sur de EEUU, donde se concentran la mayoría de las ejecuciones, mantiene la tasa más alta de homicidios del país. Además, un tercio de las personas en el corredor de la muerte (1.661) se encuentran en estos estados.
Texas es el estado que mejor lo evidencia. Con 23 ejecuciones en 2010 y 464 en los últimos 36 años, lidera el ránking de ejecuciones en la historia del país. No obstante, tuvo en 2010 un índice de crímenes violentos de 491 casos por cada 100.000 habitantes, casi un centenar de puntos más que la media nacional.
El caso de Florida es todavía más indicativo, ya que es una de las regiones con más crímenes violentos, 542 casos, y una tasa de homicidios del 5,2%. Si nos fijamos en estados donde nunca se ha aplicado la pena de muerte, se observan unos índices muy inferiores. Minnesota, Wisconsin, Vermont, Iowa o Dakota del Norte tuvieron menos de la mitad de crímenes violentos y homicidios.
Sólo Illionois y Michigan se acercan a las tasas que registran los estados más propensos a la pena de muerte. Y aunque el número de ejecuciones en EEUU ha descendido en el último año hasta 43, todavía es uno de los países que más aplican esta sanción, que supone una violación de los derechos humanos. Las cifras demuestran que su efecto disuasorio es imperceptible.
Cuestionan que la pena de muerte sea disuasiva para combatir el delito
Especialistas consultados por lanacion.com señalaron que la medida embrutece a la sociedad y fomenta el uso de la violencia; criticaron el rol del Estado y pidieron aplicar sanciones menos severas
Argumentos que postulan que "la pena de muerte tiene efectos disuasorios contra la delincuencia y protege a la sociedad" o sostienen que "la población tiende menos a cometer delitos si sabe que el castigo que le espera es la ejecución" vuelven a cobrar protagonismo en un escenario signado por el incremento de los casos de violencia e inseguridad que azotan a los argentinos.
No obstante, estudios empíricos realizados en los Estados Unidos y Canadá no avalaron nunca estas teorías ni lograron demostrar fehacientemente que el castigo formal por parte del Estado represente una medida efectiva para combatir el delito y reducir, en consecuencia, el número de crímenes perpetrados a diario.
"No hay evidencias sólidas que indiquen que la pena de muerte haga disminuir la tasa de delincuencia. En varios países en donde se aplica la pena capital, los índices de asesinatos son más elevados que en aquellos que no adhieren al método", señaló a lanacion.com David Fathi, director del programa sobre pena de muerte que lidera desde Washington Human Rights Watch.
Desde la organización internacional, se informó incluso que el sur de los Estados Unidos, región donde ocurren la mayoría de las ejecuciones del país, mantiene la tasa más alta de homicidios.
Para Fathi, que además es abogado y experto en políticas de justicia criminal norteamericana, Estados Unidos se ubica, en ese sentido, cerca de gobiernos represivos, similares a los instaurados en China, Irán y Arabia Saudita, pese a alzarse en el mundo como una democracia madura.
"No hay evidencias sólidas que indiquen que la pena de muerte haga disminuir la tasa de delincuencia"
La paradoja se genera al advertir que el país del norte rompe de alguna manera con el régimen político que defiende a ultranza al concentrar elevados índices de ejecuciones per cápita. Las estadísticas que circulan actualmente así lo confirman: Estados Unidos figura entre los cinco países que más aplican la pena de muerte, aunque sin encabezar la lista.
Los datos se desprenden de un informe publicado por Amnistía Internacional en abril de 2008, que concentra las últimas cifras recogidas sobre la cantidad de condenas a muerte y ejecuciones ocurridas a lo largo de 2007. Hasta ese año, Arabia Saudita lideraba el ranking, seguida de Irán y Libia.
La brutalización de la sociedad. Quienes se oponen a la pena capital sostienen que lejos de proteger a sus miembros, el castigo embrutece a la sociedad. Aducen que los homicidios sancionados por el Estado sólo sirven para fomentar el uso de la fuerza y permitir que continúe el ciclo de violencia, y terminan desensibilizando y deshumanizando a los oficiales y jueces involucrados en el sistema que aplica la medida.
En esta línea opinó Alberto Bovino, un reconocido procesalista de la Argentina, para quien la violencia que comporta la ejecución se encuentra absolutamente naturalizada porque pareciera que es aceptable matar bajo determinadas circunstancias. "Acá el Estado tiene permiso para matar y puede hacer lo que quiera gratuitamente, pensando que la muerte de una persona soluciona algo. La muerte y la violencia no erradican el problema", afirmó. Y agregó: "Que el Estado emita ese mensaje no me parece muy consecuente con una sociedad que habla de la solidaridad con el prójimo".
El Estado vs. el condenado. Otra de las aristas que más cuestionamientos suscita el método es la comparación, casi inevitable, que surge entre la ejecución llevada a cabo por el Estado y el crimen perpetrado por parte de quien es condenado a morir.
"La muerte y la violencia no erradican el problema del delito"
Al respecto, los especialistas consultados pusieron en relieve la actitud fría y calculadora con la que opera muchas veces el Estado, sin importar los motivos que llevaron al acusado a comportarse de esa forma y no de otra.
"La pena de muerte es más fuerte que el homicidio en sí, porque el Estado es quien termina haciendo lo mismo que el acusado, lo que resulta mucho peor", destacó Bovino.
También coincidieron en que no hay que olvidarse que la medida implica un proceso irreversible, además de representar el más severo de los castigos conocidos y quitar toda posibilidad de redención al condenado que comete un crimen.
"Está mal imponer una pena que después no pueda revertirse, sobre todo cuando después se descubre que hubo un error procesal de por medio", concluyó Fathi. .