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La polemica del aborto en el Salvador

El Salvador tiene un restrictivo tratamiento de las interrupciones de embarazo

El aborto se considera delito de homicidio y las penas superan los 30 años



El Salvador es uno de los seis países en el planeta que prohíben cualquier tipo de aborto. Ni la violación, ni el riesgo de la salud de la madre, ni la malformación del feto son causas permitidas para interrumpir el embarazo. Una realidad legal que choca de frente, hasta hacer añicos, la ya complicada realidad social.

Hay pocos datos oficiales actualizados del Gobierno, pero el Ministerio de la Salud registró 19.290 abortos entre 2005 y 2008. Más de la cuarta parte eran de menores de 18 años. En 2013, de hecho, se detuvo a seis niñas menores de 17 años por este delito. El 57 por ciento de las "mujeres" embarazadas entre 10 y 19 años es fruto de una violación. En 2013, hubo 1.346 violaciones denunciadas por niñas y mujeres, cifra que en la realidad es mucho más alta por el miedo que hay a interponer las denuncias.

En la actualidad hay 33 mujeres testadas en la cárcel por un delito de homicidio con agravante, aunque la Corte Suprema reconoce que puede haber más de 90. Se las acusa de matar a sus bebés con pruebas contundentes y sentencias contradictorias. 17 de ellas forman parte de una campaña internacional liderada por Amnistía Internacional que ha recogido 300.558 firmas que se han entregado a presidencia del Gobierno y Parlamento. El presidente de la Cámara de Diputados, Sigfrido Reyes, calificó de "medieval" la legislación que hay en El Salvador en esta materia e hizo unas duras acusaciones al poder judicial al afirmar que "no se jacta por impartir justicia. Hay demasiados intereses y corrupción", durante el acto de entrega de las firmas.

"Queremos que al menos se despenalice inmediatamente los casos de interrupción de embarazo en los que ha habido una violación o incesto, un riesgo físico o mental para la madre y el feto no puede sobrevivir fuera del útero y que se libere a todas las encarceladas", dice Erika Guevara, directora de AI. "La Corte Suprema con la que nos hemos reunido hoy nos ha reconocido que las penas son desproporcionadas y que no hubo garantías procesales", concluye.
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